La ALBA rechaza orden de captura contra Ortega y Murillo librada por un juez de Argentina
Caracas.- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este martes «categóricamente» la orden de captura internacional librada por un juez argentino contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por presuntas violaciones a los derechos humanos.
«Una vez más, instituciones del Estado argentino se arrogan espurias facultades de juez en la región, emitiendo órdenes ilegales e insólitas contra gobiernos legítimamente elegidos por voluntad popular, bajo el pretexto de jurisdicción universal, tal como ya lo hizo contra Venezuela, otro país miembro de nuestra alianza», dijo la ALBA en un comunicado publicado en X.
El bloque rechazó las «erráticas» decisiones del Poder Judicial de Argentina, que -dijo- solo van en detrimento de la paz y la estabilidad de la región latinoamericana y caribeña.
Señaló que con esta orden se irrespeta la soberanía de los países y el «principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados».
La ALBA manifestó su apoyo y solidaridad con el Gobierno de «reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua liderado por su presidente, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario Murillo».
Desde 2022, el juez federal Ariel Lijo tramita una causa contra Ortega y Murillo abierta a partir de una denuncia presentada, entre otros, por el abogado argentino Dario Richarte, quien, en X, dijo que, tras «casi dos años y medio de investigación, el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional» de los funcionarios nicaragüenses.
En una resolución de 76 páginas citada por el diario Ámbito Financiero, Lijo pide la captura internacional con fines de extradición de Ortega, Murillo y otros funcionarios del Gobierno nicaragüense para ser indagados por la Justicia argentina por «graves violaciones contra los derechos humanos».
De acuerdo al escrito judicial, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un «plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil» que se valió «de la estructura del aparato estatal» y cuyo objetivo «era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes».
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