Diez fotos para entender la política española en 2024

2024 fue el año de las cuatro convocatorias electorales –por este orden, Galicia, Euskadi, Catalunya y las europeas– que funcionaron como puertos de montaña de una etapa de la Vuelta Ciclista donde se repartieron los triunfos y las pájaras. Pero lo que condicionó toda la política desde muy pronto fue la relación personal más estrecha de Pedro Sánchez, la que tiene lógicamente con su mujer. El frío y cerebral presidente del Gobierno ofreció una imagen inesperada, la de un hombre atormentado por las acusaciones contra Begoña Gómez.

En abril, abrió una pausa de cinco días para reflexionar sobre si merecía la pena sufrir todo eso. Su partido entró en estado de shock y le quiso dejar claro que no podía vivir sin él. Fue una falsa alarma. Poco más de un mes después, Sánchez y Gómez se cogieron de la mano durante un mitin del PSOE de la campaña de las europeas. El amor había triunfado, no así la política. El Partido Popular había creído encontrar el punto vulnerable de su enemigo y seguirá golpeando en él hasta el fin de la legislatura. El juez Juan Carlos Peinado se ocupará de alimentar la maquinaria.

Valencia despertó el 30 de octubre después de haber sufrido un golpe brutal. La furia de la DANA se había llevado todo por delante. Lo más importante, 223 vidas. Dejó también una sensación terrible, la de que muchas de ellas podrían haberse salvado si las autoridades hubieran reaccionado con más rapidez. El pueblo se levantó como pudo sin olvidar que alguien debería pagar por esa negligencia. El Gobierno central dejó que fuera el autonómico el que llevara la iniciativa, porque las competencias pertenecían al Gabinete que preside Carlos Mazón, el político que decidió consumir tres horas de su tiempo en los momentos decisivos en una comida con una periodista. A día de hoy, sigue sin asumir su responsabilidad.

Las visitas de autoridades al lugar que ha sufrido una catástrofe son una forma de mostrar solidaridad que no carece de riesgos. Lo comprobaron los reyes y Pedro Sánchez al aparecer en Paiporta el 3 de noviembre. El dolor y la ira ofrecieron imágenes insólitas. La comitiva fue recibida con insultos y hasta les lanzaron trozos de barro. Nunca antes Felipe VI había pasado por algo así. Para que esa no fuera la imagen que definiera la visita, pidió que se cerraran los paraguas y se quedó a hablar con algunos vecinos a pesar de que poco se podía hacer para garantizar su seguridad, como comprobó Sánchez.

La derrota en las elecciones de 2023 rompió todos los planes de Alberto Núñez Feijóo. Para salir de la depresión, anunció a su partido que sería una legislatura corta y dura. Tampoco eso resultó cierto. Lo segundo, sí. Abandonada toda ilusión de moderación, asumió el discurso ayusista de confrontación total. Si la presidenta de Madrid dice que vivimos en “un Estado policial” o que España se encamina a “una dictadura”, las opciones se reducen para Feijóo.

Sin embargo, la ausencia de una mayoría parlamentaria sólida para el Gobierno ha abierto una salida al PP a través de pactos con Junts sobre cuestiones económicas. Es una estrategia que sólo puede ejecutar con un cuidado extremo, como si estuviera desactivando una bomba. No es sólo que ese acercamiento incomode al PP catalán. Sólo puede enfurecer a Isabel Díaz Ayuso para la que no se puede ir con los nacionalistas ni a tomar café. Y no es muy inteligente alterar los nervios a Ayuso en el PP. Tu esperanza de vida puede reducirse de forma brusca.

Todo vale para atacar al Gobierno en las sesiones de control del Congreso. No hay mayor símbolo de la crispación que la conducta de los dirigentes del PP en estos duelos. Las víctimas de ETA son una munición favorecida por ese partido. Su portavoz, Miguel Tellado, es un protagonista habitual de estos golpes bajos. Para eso se lo trajo Feijóo a Madrid. Enarbolar un cartel con las fotos de doce cargos electos del PSOE que fueron asesinados por los terroristas fue una de sus mayores hazañas. Así se gana el sueldo para jolgorio de sus compañeros de escaño.

“Menos mal que lo que diga este hombre me la repanpinfla en grado extremo, si no, ver cómo sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito”, le respondió Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal socialista asesinado por ETA.

José Luis Ábalos continúa en su escaño del Congreso, en la zona alta del hemiciclo donde reside el Grupo Mixto, desde que se negó a dimitir, como le pedía el PSOE. Mantuvo así su aforamiento. Sólo le ha permitido retrasar la imputación. A finales de enero, febrero como muy tarde, el Congreso autorizará el suplicamiento solicitado por el juez que investiga el caso Koldo, que ya merece ser recalificado como caso Ábalos. Cualquier indicio que cuestione a Ábalos impactará en la credibilidad del PSOE. Ya no valdrá preguntarse cómo pudo Ábalos elegir a alguien como Koldo García en el Ministerio, sino cómo pudo Pedro Sánchez elegir a alguien como Ábalos para su Gobierno o para mantenerlo en las listas electorales en 2023.

Íñigo Errejón creía que la política no se había acabado para él. Sumar tomó la decisión arriesgada de nombrarle portavoz parlamentario ya iniciada la legislatura. Las denuncias de abusos sexuales obligaron al partido a reclamarle su escaño que él entregó rápidamente. Poco después, intentó defenderse con un artículo que lo hundió aún más. Era poco menos que inaudito que se presentara como una víctima de las presiones de la política y hasta de la “forma de vida neoliberal”. No tuvo arrestos para pedir perdón a las personas que había dañado y a las que había decepcionado. Nunca entendió que si tu vida personal contradice los valores que defiendes en público, mejor coge la puerta porque el final será muy duro para ti y para el partido.

La vivienda ha subido más que los salarios. Su precio se ha disparado en la mayoría de las comunidades, no sólo en las grandes ciudades. El porcentaje de vivienda social en España se ha desplomado en las últimas décadas. Es el 2,5% del total frente a la media del 9,3% en la UE. Casi cuatro millones de viviendas están vacías, una de cada siete. España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios. El 31% de los hogares alquilados emplea más del 40% de sus ingresos en la vivienda. ¿No han hecho nada los gobiernos? Sí, destinar 160.000 millones de euros en los últimos cuarenta años en beneficios fiscales en favor de los dueños de viviendas con los resultados previsibles.

La deslegitimación del sistema político comienza cuando no consigue encontrar soluciones a problemas económicos que se mantienen durante décadas. Y no es una carencia ni una injusticia que haya empezado ahora, como demuestra esta viñeta de Forges de 2006.

Hasta el 30 de diciembre, se han producido 47 asesinatos de mujeres por violencia de género en el ámbito de la pareja en 2024, según los registros oficiales. La última fue Diana Marisol, de 29 años, en el barrio madrileño de Usera. La cifra es inferior a la del año pasado (58) y similar a las de 2021 y 2022. Desde 2005, 1.140 mujeres han sido asesinadas en esos crímenes, lo que supone un fracaso de la sociedad y del Estado.

El número de 2024 es claramente menor a los crímenes machistas de 2004 (72), el año en que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es difícil establecer una relación causa-efecto directa entre ambos hechos. Lo que es indudable es que esa ley ha sido fundamental para afrontar esta crisis y que, si acaso, llegó demasiado tarde. Más allá de los asesinatos, existen cifras mucho mayores de mujeres que denuncian agresiones sexuales y de hombres condenados por esos delitos. Como ejemplo, 37.161 hombres fueron condenados en 2023 en sentencia firme por delitos de violencia de género, según los últimos datos ofrecidos por el INE. El número de mujeres víctimas de esa violencia había aumentado un 12%.

En los últimos días del año, se ha alcanzado la cifra de 62.000 migrantes que han llegado a las costas españolas, un número similar al de 64.298 de 2018. Quien más ha sufrido el impacto inicial en términos de gasto asistencial ha sido Canarias, que necesita la solidaridad del resto de comunidades de España. Eso requiere un acuerdo político que en estos momentos parece imposible, porque el PP se niega a suscribirlo. Exige al Gobierno que haga más para reducir esas cifras de llegadas y afirma que sus gobiernos autonómicos ya están sobrepasados. Que es como decir a Canarias: que os den. Lo que no se dice en público es que el PP teme que Vox aproveche ese acuerdo para restarle apoyos en las regiones que gobierna.

Otro número del que se habla menos en esta polémica. 10.457 personas han fallecido o desaparecido en su intento de llegar a España, un 58% más que las contabilizadas en 2023, según un informe de la organización Caminando Fronteras.

“Le decía a mi hermano que no bebiese agua del mar, que aguantara, pero bebía sin parar, luego vomitaba, y después se sentó y dejó de hablar. No tuve fuerzas para tirar su cuerpo, lo hicieron otros”, contó un joven de Malí que sobrevivió a un viaje infernal. “Además de mi hermano, vi morir a una familia entera. El padre acabó tirándose al mar cuando tiró al último de sus hijos. No tuvimos fuerza para impedírselo. No sentía nada cuando por fin nos rescataron. No tenía fuerzas en mi cuerpo pero tampoco en mi alma”.