Investigadores de Corea del Sur avisan que detendrán al presidente el lunes como muy tarde
Investigadores de Corea del Sur advirtieron el miércoles que ejecutarán la orden de detención contra el presidente suspendido, Yoon Suk Yeol, dentro del plazo establecido hasta el lunes, por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre.
Partidarios y opositores de Yoon acamparon el miércoles en el exterior del domicilio del presidente, donde lleva semanas encerrado, ignorando tres citaciones sucesivas para ser interrogado en el marco de una causa por insurrección, por haber decretado esa ley marcial.
La orden de detención se ejecutará «dentro del plazo» previsto, que termina el lunes 6 de enero, dijo a los periodistas Oh Dong-woon, jefe de la oficina anticorrupción.
Yoon, suspendido de sus funciones por una moción de destitución del Parlamento, prometió el miércoles que luchará rodeado de sus simpatizantes «hasta el final».
«La República de Corea está actualmente en peligro debido a fuerzas internas y externas que amenazan su soberanía y a actividades de elementos antiestatales», escribió en un comunicado distribuido a los manifestantes, según confirmó su abogado a AFP.
Primera orden de arresto contra un presidente
Jo Seoung-lae, un diputado del opositor Partido Democrático, calificó el mensaje de Yoon de «muy inapropiado», considerándolo «delirante» y acusando al dirigente conservador de intentar provocar enfrentamientos.
Es la primera vez que se emite en Corea del Sur una orden de arresto contra un jefe del Estado en ejercicio, ya que Yoon sigue siendo oficialmente el presidente a la espera de que el Tribunal Constitucional confirme su destitución, votada el 14 de diciembre por los diputados.
El dirigente conservador sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa una ley marcial en la noche del 3 de diciembre y enviar al ejército a la Asamblea Nacional para imponer su aplicación.
Pero horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás, presionado por la Asamblea y por miles de manifestantes.
Yoon es objeto de varias investigaciones, incluida una por «rebelión», un delito susceptible de acarrear la pena de muerte, y tiene prohibido abandonar el territorio.
Importante dispositivo policial
«Deseamos un proceso tranquilo sin perturbaciones importantes, pero también nos estamos coordinando para movilizar a la policía», dijo Oh Dong-woon a los reporteros.
Y advirtió que cualquier acción que se oponga a la detención del dirigente suspendido podría acarrear consecuencias penales.
El equipo legal de Yoon aseguró que la orden de arresto es «ilegal e inválida» y presentó un recurso reclamando que sea anulada.
En el exterior de su residencia, decenas de personas corearon e insultaron a la policía y algunas intentaron atravesar el cordón de seguridad e impedir aparcar cerca de la entrada a un autobús de la policía.
Las autoridades surcoreanas ya fracasaron en el pasado en su intento de ejecutar órdenes de arresto contra legisladores –en 2000 y en 2004–, debido a que miembros simpatizantes de sus partidos impidieron la entrada de la policía durante los siete días de validez de la orden.
Por ahora se desconoce cuando será detenido el presidente Yoon.
Sus servicios de seguridad no han cooperado con los investigadores y han impedido que registraran sus dependencias.
Dos nombramientos al Tribunal Constitucional
El miércoles, la mayoría de los colaboradores restantes de Yoon, incluido su jefe de gabinete y sus asesores especiales, presentaron sus dimisiones al presidente en funciones, Choi Sang-mok, quienes las rechazó, llamando en su lugar a la unidad.
«Ha llegado el momento de que todos nos unamos en pro de la estabilidad del pueblo y de los asuntos nacionales», declaró.
Las renuncias eran una señal de protesta por la decisión de Choi de nombrar a dos nuevos jueces al Tribunal Constitucional para estudiar la destitución de Yoon.
Estos nombramientos atendían a una petición de la oposición, pero que el personal de Yoon consideraba que extralimitaba los poderes del líder en funciones.
El presidente Yoon justificó su decisión del 3 de diciembre por la supuesta amenaza de «las fuerzas comunistas de Corea del Norte» y «elementos antiestatales», acusando a la oposición mayoritaria en la Asamblea de bloquear el país.
El Tribunal Constitucional debe pronunciarse antes de mediados de junio sobre la validez de la moción de destitución adoptada contra él.
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