Un tercio de las provincias se regirá por la ficha limpia en 2025: a quiénes alcanza

Mientras Javier Milei -acusado de beneficiar a Cristina Kirchner- echó por tierra el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso Nacional, los gobernadores de provincias clave en el armado nacional impulsan o aprobaron proyectos para impedir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos y podrían tener claros perdedores en sus distritos. 

La primera provincia en aprobar una ley de estas características fue Chubut en 2020, luego le siguieron Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y esta última semana Córdoba. Asimismo, Neuquén se perfila como la provincia que prontamente debatirá una medida similar. 

Un detalle importante a tener en cuenta es que muchos de los gobernadores de dichas provincias forman parte de la renovación llevada a cabo durante 2023 y de provincias que tradicionalmente votaron al peronismo y hoy no lo son. 

En Córdoba, a cargo del gobernador Martín Llaryora, quienes hayan sido condenados hasta en dos instancias no podrán acceder a ninguno de los tres poderes del Estado. La nueva ley sancionada el viernes pasado establece el alcance a delitos dolosos con pena privativa de la libertad, y ahora esta prohibición se amplía a candidatos partidarios y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"Esta norma promueve la ética, la transparencia y garantiza que quienes aspiran al servicio público cumplan con los más altos estándares de integridad", celebró Llaryora a través de una publicación en su cuenta de X el pasado 28 de diciembre. 

Desde la Unicameral establecen que esta nueva norma "requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación".

La diputada María Victoria Busso, del partido oficialista Hacemos por Córdoba, ponderó que esta nueva ley "es ampliamente superadora de otras normativas existentes en el derecho público provincial y de los proyectos que orbitan en el Congreso Nacional", porque "no solo abarca los delitos de corrupción sino a todos los delitos dolosos previstos en el Código Penal de la Nación y otras leyes especiales".

En qué provincias ya rige la Ficha Limpia

En el caso de Río Negro, la iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck establece que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios. La norma también contempla similares restricciones para el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

Por otro lado, en Santa Fe, previo a las elecciones primarias, los candidatos deben presentar el Certificado de Antecedentes Penales (CAP), emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, y mediante el cual se certifica la inexistencia de antecedentes o procesos penales pendientes del solicitante.

La norma impide ser precandidatos/as a cargos públicos en Santa Fe a quienes posean condena por hechos de corrupción incompatibles con la función pública y tipificados en el Código Penal; delitos contra la integridad sexual; c) delitos contra la libertad; delitos de homicidio cometido con violencia de género. También abarca a quienes estén inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley N° 11.945).

En estos casos, la imposibilidad para ser precandidato lo será por el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que obtuviera el doble conforme en la Justicia. Una normativa similar rige en San Juan, Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy.

Chubut, a cargo de Ignacio "Nacho" Torres, es otra de las provincias que aprobó recientemente un proyecto de estas características y tendría como perjudicados a varios miembros del gabinete del anterior gobernador. 

"Es muy bueno este nuevo reconocimiento a la sociedad civil que, una vez más, fue el motor de un avance institucional clave para la democracia", dijo el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, al reconocer la aprobación de ficha limpia en Córdoba. 

 El 17 de diciembre el exgobernador Mariano Arcioni declaró en carácter de testigo en el juicio oral por la causa conocida como Ñoquis Calientes Ñoquis Calientes, en la que una exdiputada provincial y ministra suya está siendo acusada de contratar personal que nunca fue a trabajar y en algunos casos, ni siquiera vivía en la provincia.

En esta misma situación se encuentra otro gobernador que anunció que en 2025 buscará la sanción de una medida similar. Rolando Figueroa, de Neuquén, anticipó su proyecto en medio de la interna con la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, desplazada de su cargo en medio de una investigación por posible corrupción.

Ruiz formó parte de una alianza con Figueroa para llegar a la gobernación y está acusada hoy de utilizar fondos públicos para beneficiar a familiares y enriquecimiento personal. 

Mendoza fue un paso más allá, y ahora Alfredo Cornejo impulsa un proyecto para que docentes y personas vinculadas a la educación tengan que tener ficha limpia. La iniciativa tiene como objetivo "fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves". 

Por otra parte, incorpora la exoneración e inhabilitación permanente para el ejercicio de la docencia por condena por estos delitos y dispone como elemento de juicio para los concursos de antecedentes y méritos a cargo de la Mesa Calificadora, no estar condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título XI, del Libro Segundo del Código Penal, esto es, malversación de caudales públicos.

Además de establecer el procedimiento para las sanciones, detalla que la cesantía implica la inhabilitación especial por el término de tres años; la exoneración, por diez años salvo para el caso de los delitos antes mencionados en que la inhabilitación especial será permanente.