Turull pide al Gobierno que rechace el indulto a su pena de inhabilitación y defiende que le corresponde la amnistía
El secretario general de Junts, que ya recibió el indulto por la condena de cárcel, pide que no le concedan ahora esta medida que pidió para él un ciudadano anónimo sin su consentimiento
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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido al ministerio de Justicia que deniegue la solicitud de indulto de su pena de inhabilitación que tiene sobre la mesa. El dirigente independentista ha argumentado que él no ha solicitado esta medida, puesto que lo hizo una tercera persona sin su consentimiento, y que lo que le corresponde en su lugar es que se le aplique la amnistía.
En una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Turull pide formalmente que no se conceda ese indulto, que dejaría sin efecto la pena de inhabilitación de 12 años que pesa sobre él desde la sentencia del procés. El indulto que sí le fue aplicado en 2021 por el Gobierno central, igual que a los demás presos independentistas, fue el que afectó al cumplimiento de las penas de cárcel.
Turull alega con su misiva que una hipotética concesión de este indulto “blanquearía” la actuación de los jueces del Tribunal Supremo, que le han denegado la amnistía. “Concederme el indulto no resolvería el grave problema que ha creado gran parte del poder judicial contra el poder legislativo, sino que ayudaría a que las conductas desplegadas por estos magistrados rebeldes queden diluidas”, alega.
El pasado mes de octubre Turull ya pidió al Tribunal Constitucional que suspenda su pena de inhabilitación como medida cautelar mientras resuelve su recurso de amparo contra la decisión del Supremo de no amnistiarle. Cabe recordar que el TC tiene también sobre la mesa la cuestión de inconstitucionalidad sobre la amnistía.
El indulto solicitado por un ciudadano ajeno a Turull se registró el pasado 12 de julio de 2024. Esa persona pidió además la misma medida para Oriol Junqueras, Raül Romeva y Montse Bassa. Posteriormente, el 10 de octubre la teniente fiscal del Tribunal Supremo presentó un escrito apoyándolo y dos semanas después, el 22 de octubre, la abogada del Estado registró otro manifestando su voluntad de no informar ni favorable ni desfavorablemente sobre la cuestión.