Pederastia, espionaje y clientelismo: Los principales casos de corrupción que marcaron el gobierno de Lacalle Pou

Entre 2020 y 2025, el gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay ha enfrentado múltiples escándalos que han puesto en tela de juicio la ética y la transparencia en la administración pública.

Durante este período, una serie de casos de corrupción y mal manejo de recursos estatales destacaron la vulnerabilidad de las instituciones y la necesidad de rendición de cuentas, lo que provocó preocupación en la población y en el ámbito político.

Expertos coinciden también en que esta seguidilla de casos y la posición que tomaron los actores del gobierno y de los partidos coalicionistas, que intentaron minimizarlos en algunos casos, pudo influir en la derrota que sufrieron frente al Frente Amplio. La agrupación política de izquierda regresa al poder luego de haber estado durante tres gobierno sseguidos y perdido frente a Lacalle Pou en la pasada elección.

Caso Astesiano y los pasaportes vendidos en Torre Ejecutiva

En septiembre de 2022, Alejandro Astesiano, quien se desempeñaba como jefe de custodia presidencial, fue detenido tras ser implicado en una compleja red de corrupción. Las investigaciones revelaron un patrón de clientelismo y el uso indebido de recursos del estado para beneficios personales y de allegados.

Astesiano enfrentó cargos relacionados con el manejo indebido de información y recursos públicos, lo que llevó a una condena judicial y a una mayor atención sobre las prácticas dentro de la administración de Lacalle Pou.

Caso Marset y el tentáculo del narco en el Estado

Este escándalo giró en torno a Sebastián Marset, un narcotraficante al que el gobierno supuestamente no había seguido de cerca. Las autoridades mintieron al parlamento sobre la información que poseían, lo que propició una serie de investigaciones para determinar la verdad detrás de las afirmaciones del gobierno. Además, documentos públicos clave relacionados con el caso fueron destruidos con el fin de ocultar detalles relevantes. Como resultado, varios altos funcionarios renunciaron, y la justicia continúa investigando las irregularidades.

Caso Penadés: un escándalo de pederastia enquistado en el poder político

Las acusaciones de explotación sexual de menores contra el ex senador nacionalista Gustavo Penadés impactaron fuertemente en la esfera política. Se alegó que utilizó el aparato del estado de manera abusiva para obtener beneficios personales.

Este escándalo fue intensificado por la defensa pública que recibió de Lacalle Pou y del ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo que generó sospechas sobre la influencia que el poder político podía ejercer en los asuntos judiciales.

El Caso Penadés se inició en marzo de 2023 y está vinculado con el político uruguayo Gustavo Penadés y la militante transexual Romina Celeste Papasso, ambos del Partido Nacional. Papasso denunció públicamente que Penadés le pagó para tener relaciones sexuales cuando ella tenía 13 años. Posteriormente, al menos ocho víctimas más afirmaron haber sufrido abusos por parte de Penadés durante su adolescencia, la mayoría proveniente de contextos vulnerables. Aunque Penadés negó las acusaciones, inicialmente recibió el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou, quien, a pesar de ser su amigo, dijo esperar la actuación de la Justicia.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación y solicitó el desafuero del legislador, que fue aprobado por el Senado el 8 de junio de 2023, permitiendo así el proceso legal en su contra. El caso ha impactado severamente en la opinión pública y en el ámbito político, dado que Penadés era uno de los senadores más influyentes del oficialismo. Este escándalo refleja serias preocupaciones sobre el comportamiento de figuras públicas y la vulnerabilidad de las víctimas en estas circunstancias.

Entrega de vivienda a militante de Cabildo Abierto

La ex ministra de vivienda Irene Moreira protagonizó un caso de favoritismo político al entregar de manera discrecional una vivienda con opción a compra a una militante de su partido, Cabildo Abierto. Este acto de clientelismo desencadenó la renuncia de Moreira tras la presión pública y política, y se descubrió que había más casos similares en la gestión de la vivienda, lo que intensificó el escrutinio sobre la distribución de recursos estatales.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, autorizó la entrega directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, partido que lidera su esposo, Guido Manini Ríos. En diciembre de 2021, el Ministerio abrió un llamado para adjudicar 40 viviendas, con alta participación de aspirantes: 285 para 12 cupos de alquiler con opción a compra, 142 para 7 cupos de dos dormitorios y 69 para 2 cupos de un dormitorio.

Sin embargo, mediante un correo electrónico, la secretaria de Moreira indicó que era de interés de la ministra adjudicar un apartamento de dos dormitorios a la militante. A pesar de que la Comisión de Vivienda reconoció que la beneficiaria cumplía con los requisitos, existen cuestionamientos sobre la legalidad de la acción de la ministra.

Ante las versiones de prensa, los senadores del Frente Amplio solicitaron la comparecencia de Moreira para que explique el procedimiento. Además, se conoció la renuncia del director general de Vivienda, Gabriel Albornoz, quien mencionó diferencias en la forma de gestión de la ministra.

Espionaje en democracia a senadores del Frente Amplio

Un caso de espionaje salió a la luz cuando un militar retirado fue condenado por solicitar información sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara al ex jefe de custodia presidencial. Este seguimiento generó inquietud sobre el uso indebido de información y la violación de la privacidad en el contexto político, dado que las razones detrás del interés en estos senadores permanecen ambiguas.

En marzo de 2024, la Justicia condenó a Marcelo Acuña, exgerente de Vertical Skies, por cohecho calificado en calidad de coautor en relación con el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.

Este caso surgió durante las investigaciones del caso Astesiano, donde se descubrieron solicitudes para recopilar información personal de los legisladores tras su denuncia sobre un acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la gestión del puerto de Montevideo.

La investigación reveló intentos de presionar a Carrera y Bergara con datos comprometedores. Acuña alegó actuar a petición de un tercero, pero la Fiscalía no pudo identificar a esta persona. La condena consistió en 18 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba, y una multa de 50 unidades reajustables.

Manejo cuestionable de la crisis hídrica y escándalo en el Ministerio de Turismo

Uruguay atravesó una de las crisis hídricas más severas de su historia, evidenciando la falta de medidas preventivas y reactivas del gobierno. Durante esta crisis, se registraron niveles récord de salinidad en el agua potable y las alternativas implementadas fueron tachadas de insuficientes.

La propuesta del proyecto Arazatí, que fue impulsada por la administración de Lacalle Pou, se vio cuestionada debido a su impacto ambiental y a la preferencia por beneficiar a un consorcio privado en lugar de avanzar con el proyecto Casupá, dejado casi listo por el gobierno anterior de Tabaré Vázquez.

Caso Ministerio de Turismo: Durante la pandemia, el Ministerio de Turismo contrató a NETCOM, una empresa de publicidad digital con sede en Estonia, de manera directa sin realizar un proceso de licitación. Este hecho despertó críticas sobre la falta de transparencia en la gestión de fondos públicos. La justicia determinó que el Ministerio debía pagar 20 millones de pesos a NETCOM, y varios jerarcas renunciaron en la ola de escándalos derivados de la contratación.

Otros casos de corrupción

Clientelismo en Salto Grande: En la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, varios militantes del Partido Nacional fueron contratados de manera arbitraria en violación a la decisión del parlamento. A pesar de la gravedad de la situación, solo renunció el presidente de la comisión, Carlos Albisu, lo que evidenció una falta de responsabilidad y una cultura de impunidad respecto a la contratación en la administración pública.

Caso Artigas: Este escándalo involucró al ex intendente Rodolfo Caram y a sus familiares, acusados de desvío de fondos públicos mediante pagos excesivos de horas extras en la comuna.