Los socialcristianos de Baviera se enclaustran cada año durante un par de días en la abadía de Seeon, fundada en 994 por Aribo I y colonizada por monjes benedictinos hasta su secularización. En una isla del lago helado Seeoner See, aislados cuanto pueden de influencias externas, fijan líneas políticas para los próximos doce meses y las encomiendan a San Benito y San Lamberto. El retiro de este año coincide con la fijación de la estrategia electoral, de cara a los comicios anticipados del 23 de febrero, por lo que las deliberaciones trascienden el ámbito geográfico bávaro y se extienden a toda la República Federal, y más concretamente a las políticas de inmigración y asilo, que es en las que la CSU está convencida de que reside la fuerza actual de la derecha alemana. El borrador preparado para el encuentro, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de enero, endurece claramente el tono y sugiere que el derecho de residencia de los inmigrantes debería estar vinculado a unos ingresos adecuados y a la solvencia económica de los solicitantes. Especifica, por supuesto, que cualquiera que cometa múltiples delitos debería ser obligado a abandonar Alemania, una práctica generalizadamente aceptada también por el resto de los partidos políticos alemanes pero que en la práctica resulta a menudo imposible de aplicar, y determina que es necesario aumentar los rechazos en las fronteras, con la inmediata implementación de la «prohibición de entrada de facto de inmigrantes ilegales». La CSU es el partido hermano bávaro de la Unión Cristianodemócrata, liderada por Friedrich Merz , y los dos partidos concurren tradicionalmente juntos a las elecciones federales. Muchos de los puntos de este borrador referidos a política de asilo y migratoria figuran en el programa electoral conjunto, pero en algunos de ellos la CSU va un poco más allá. «Quien quiera obtener un permiso de residencia en Alemania no debe tener que ganarse la vida gracias a las prestaciones sociales. Asegurar el propio sustento debe ser asegurado a través del propio trabajo», dice el documento. «En el futuro, debe aplicarse el principio: cualquiera que cometa un delito será expulsado», dice también, «y aquellos que no puedan salir del país o ser deportados deberán poder ser llevados a detención de deportación indefinida«. Según la CSU, el próximo ministro de Interior alemán debería crear la posibilidad de rechazos en las fronteras como primera medida. «Para mantener la seguridad interna y el orden público, tenemos derecho a realizar rechazos a nivel nacional, y también debemos aprovechar esta oportunidad», afirma el documento, «queremos implementar una prohibición de entrada de facto a los inmigrantes ilegales». Con este fin, el partido quiere poner a la policía legal y técnicamente en condiciones de «poder leer los dispositivos móviles de las personas que desean ingresar al país en las fronteras tan pronto como intenten entrar al país». »Nuestro plan de seguridad para una Alemania de orden público», así se titula el documento, contiene sin embargo algunas ilegalidades. Cuando afirma que «la primera medida que debe implementar un ministro federal del Interior después de las elecciones es el rechazo a los extranjeros sin derecho a entrar en nuestro país», parece olvidar que »el hecho de que los rechazos en la frontera no son posibles ya ha sido aclarado reiteradamente«, según Constanze Janda , jurista de la Universidad de Speyer, que basa su afirmación en el derecho internacional y europeo. La República Federal de Alemania debe examinar primero debidamente si es responsable de un procedimiento de asilo. De lo contrario, solo se le permite transferir al solicitante al estado responsable, pero no al estado vecino a través del que la persona quiere ingresar. La CSU exige además que las decisiones de asilo solo puedan ser revisadas por una instancia judicial en el futuro, «verfassungsrechtliche Minimum», y que sea restringida la financiación de los procesos, así como la asistencia jurídica. La propuesta se fija también en el hecho de que muchos refugiados no tienen derecho a asilo y no accederían en teoría a la protección de los refugiados, en virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, pero se les concede en Alemania protección subsidiaria, por ejemplo porque hay guerra en su país de origen. El ejemplo más claro son los refugiados sirios. La CSU quiere abolir este estatus de protección subsidiaria y «trabajar a nivel europeo para volver al espíritu original de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados», argumentando que «la Convención de Ginebra presupone la persecución individual de la persona, mientras que la protección subsidiaria es sólo un peligro abstracto», aunque hoy por hoy no obtendría suficiente apoyo europeo para esa política. La propia CSU reconoce que es más fácil decirlo que hacerlo, aunque ve potencial para cambiar algo en la práctica: «La protección subsidiaria para los refugiados de la guerra civil y otras prohibiciones de deportación se manejan con extrema generosidad, especialmente en Alemania. Las autoridades y los tribunales podrían ser mucho más estrictos, especialmente con los sirios y los afganos, sin poner fin a los tratados internacionales». El objetivo de este endurecimiento de la política de asilo es recortar unos gatos que lastran a una Alemania inmersa en un grave crisis económica. Los costes de los refugiados en 2023 ascendieron a 29.700 millones de euros, que incluyen alojamiento, alimentación, calefacción, vestido y servicios especiales en caso de necesidad, como enfermedad, embarazo y parto. Si a esto se suman procesos burocráticos y judiciales, la cantidad llegó a unos 48.200 millones de euros.
