Biden recibirá a González Urrutia, que pide a militares reconocerlo como presidente de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el lunes a Edmundo González Urrutia, quien reclama una victoria sobre Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela y pidió a los militares que lo reconozcan como "comandante en jefe".
González Urrutia, de 75 años, llegó a Estados Unidos este domingo en una gira internacional que inició con visitas a Argentina y Uruguay y que continuará con viajes a Panamá y República Dominicana.
"Se espera que el presidente Biden se reúna mañana con el presidente electo González Urrutia", dijo a la AFP una fuente estadounidense con conocimiento del encuentro, que pidió mantener el anonimato.
La cita tendrá lugar cuatro días antes de la toma de posesión del 10 de enero en Venezuela, en la que Maduro tiene previsto juramentarse para un tercer período consecutivo de seis años (2025-2031), tras ser proclamado ganador de los comicios del 28 de julio entre denuncias de fraude de la oposición, que llamó a manifestaciones el día previo.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron la reelección del gobernante izquierdista.
González recibió asilo en España, adonde huyó en septiembre tras una orden de arresto en su contra. Las autoridades venezolanas divulgaron esta semana carteles en los que se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a su captura.
En las calles de Caracas, periodistas de la AFP constataron un fuerte despliegue de seguridad.
González Urrutia envió un mensaje dirigido a la Fuerza Armada, cuyo alto mando ha expresado "lealtad absoluta" a Maduro.
"El 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe", dijo el exdiplomático. "Muchos de ustedes han manifestado su deseo de cambio junto al resto de los venezolanos, expresándolo al votar en contra de esa cúpula que no representa una garantía de estabilidad ni un futuro para Venezuela".
- "Sal, grita, lucha" -
La líder de la oposición, María Corina Machado, convocó a manifestaciones para el jueves, un día antes de la toma de posesión, llamado que viene condicionado por la dura represión de las manifestaciones que estallaron después de que las autoridades electorales proclamaran reelecto a Maduro, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos en 48 horas. Tres de los arrestados fallecieron en prisión.
"Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás", dijo Machado en un video, sin precisar la hora o el lugar de las concentraciones.
"Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron", añadió la exlegisladora, declarada en la clandestinidad, cuya última aparición pública fue el 28 de agosto.
El Parlamento, que juramenta al presidente entrante, es controlado por el chavismo. Jorge Rodríguez fue ratificado este domingo como presidente del legislativo y reiteró la invitación a Maduro para el acto de posesión.
"¡El 10 es la cosa! Ya saben. Nos vemos en las calles, en las esquinas, en el barrio (...). El 10 juramos por Venezuela", publicó el mandatario, que ya antes llamó a movilizaciones oficialistas para acompañar su toma de mando.
Maduro, en el poder desde 2013, fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 52% de los votos, sin que hasta el momento se haya publicado un escrutinio detallado, como exige la ley. La oposición, por su parte, publicó en una web copias de actas electorales que sostienen la victoria de González Urrutia con más del 70% del sufragio.
Rodríguez, poderoso dirigente chavista, calificó de "mentiras" y "patrañas" las denuncias opositoras.
El gobernante izquierdista ha dicho que impulsará asimismo una reforma constitucional, de la que no ha dado mayores detalles sobre su alcance.
"Ponemos a disposición la Asamblea Nacional" para "acompañar la discusión", adelantó Rodríguez.
En medio de esta convocatoria, el Parlamento ha venido aprobando leyes cuestionadas por organizaciones de derechos humanos. A finales de noviembre, los legisladores aprobaron una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país, lo que activistas consideran una excusa para perseguir a opositores.
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