El fondo de las reformas

Hace algunas semanas se cerró un ciclo de seis años y se abrió la continuidad del mismo. López Obrador puso las bases para un proyecto más allá de su mandato constitucional y el activismo de los primeros tres meses del nuevo gobierno así lo confirma.

Me refiero en particular a que nadie hace reformas de gran calado a nivel constitucional y legal si no es que pretende aplicarlas y a partir de ahí construir un nuevo diseño de sociedad (Perogrullo dixit).

Desde diciembre de 2018 se perfilaron una serie de propuestas para, en aras de la autoproclamada cuarta transformación, rediseñar el país que se había prefigurado durante la llamada transición democrática. No se trata solo de un simple volver al pasado priista, aunque guarde con él algunas similitudes y añoranzas, como la concentración del poder en el Ejecutivo federal y la vuelta a un Estado no solo regulador, sino además interventor en las más diversas áreas de la vida social, política y económica. Sino de un neopopulismo revitalizado por políticas neoliberales, aunque eso suene paradójico frente al discurso dominante que ha hecho del neoliberalismo el “enemigo común”.

Tengo la impresión de que, a pesar que en la primera parte del sexenio pasado el expresidente de la República tenía la posibilidad de hacer reformas constitucionales, no se atrevió a dar ese paso para no desenmascarar un proyecto que le hubiera podido costar más en las elecciones intermedias del 2021 y no estaba seguro de la solidez de su base electoral.

De 2021 a 2024, AMLO ajustó su maquinaria electoral no solo para ganar la Presidencia, sino además para hacerse del Legislativo, avanzar sobre el Poder Judicial y terminar de desmontar los contrapesos al desaparecer los órganos autónomos. Pero además, desde principios del 2022 anunció aquello que ahora conocemos como el Plan C.

La actual presidenta y un grupo parlamentario construido ilegítimamente (nunca el 54% de los votos pueden ser el 72% de las curules) y avalado por las autoridades electorales cumplieron a pie juntillas con el guion heredado. Del mismo solo falta la reforma político-electoral, la que está anunciada para el próximo periodo de sesiones del Legislativo y que busca, entre otras cosas, transformar al INE.

Lo que nos espera, quisiera estar equivocado, es una reforma del Estado que acentúe la concentración del poder, restrinja la diversidad y por lo mismo la emergencia de nuevas fuerzas políticas. ¿Se aplicará tal cual el Plan C en materia político-electoral? ¿Desaparecerán los plurinominales? ¿Los aliados de la 4T, el PT y el Verde, votarán su sentencia de muerte? La desaparición de los plurinominales ha sido algo que incluso los gobiernos de la transición democrática, como los de Calderón y Peña Nieto, pretendieron para evitar los llamados gobiernos divididos y facilitarse la relación con los congresos, renunciando a la política. En este caso implicaría imponer más reformas sin siquiera tener que recurrir al expediente de la sobrerrepresentación. Una vez más disfrazarán lo anterior bajo el argumento de la austeridad republicana.

A lo anterior, hay que sumar que a mediados del año que inicia se realizará la consabida “elección democrática” de juzgadores federales y locales, cuyo resultado es más que previsible. La maquinaria estatal electoral se hará de la procuración y las sentencias judiciales.

La coyuntura internacional cae “como anillo al dedo”. El ascenso de Donald Trump el próximo 20 de enero y sus anuncios de restricciones migratorias y eventuales intervenciones para frenar el narcotráfico le dan al actual gobierno el reforzamiento de su retórica nacionalista frente a un enemigo común. Así que, mientras nos envolvemos en la bandera nacional frente a la amenaza extranjera, todas las reformas internas, independientemente de ser restrictivas a derechos y libertades, se justifican.

Preparémonos; la siguiente reforma constitucional y la aplicación del conjunto de las que se dieron al final del año pasado encontrarán cobijo en la necesidad de defender al país y preservar “a la nación”.

Ahora bien, hay límites a todo esto. Uno, es que hay quienes dentro del Ejecutivo federal saben bien que no es posible volver a un desarrollo económico solo sobre las bases del mercado interno o bien volviendo al desarrollo estabilizador que tuvo como campo fértil los años de la segunda posguerra mundial.

La economía del país está estructuralmente asociada al mercado norteamericano, de manera tal que habrá que pensar dos veces las consecuencias de una confrontación con los nuevos gobiernos de los socios comerciales y en particular con el que encabezará Trump. El llamado a incrementar los aranceles y revisar las bases de la relación comercial no son meros discursos al calor de las contiendas electorales; se trata de una reconceptualización de la geopolítica en la que predomina un neoconservadurismo económico y político.

Otro es que la 4T enfrenta hoy fuertes tensiones internas. Hay quienes reconocen lo anterior y saben que un mayor control sobre la seguridad y las garantías del Estado de derecho colocan a México en una mejor posición para la renegociación del T-MEC. Hay otros que piensan que es justamente la coyuntura para separarse de eso y voltear al sur del continente.

Pero más allá de los límites internos y externos, ¿qué nos toca como ciudadanía frente a este escenario? ¿Dejarlo todo a la inercia y dejar que el plan en proceso de ejecución continúe sin más, viendo cómo las instituciones construidas en torno al fortalecimiento de la democracia y el libre ejercicio de derechos se desmoronan?

No es una solución. Nos toca atención y acción, ya que, sin exagerar, estamos ante la última llamada, pues de lo contrario, la siguiente oportunidad la veremos dentro de 30 años.