El gobernador de Sinaloa, premiado con el superpolicía

De qué privilegios goza Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, al tener en su entidad de forma casi permanente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre todo cuando prácticamente todo el país transita por serios problemas de inseguridad pública.

Se entiende que el mandatario estatal no ha podido con el paquete y que se le complicó el escenario luego de la aprehensión del Mayo Zambada, y por ello, la presidenta Sheinbaum ordenó a su superpolicía trasladarse a esa entidad para meter orden, restablecer la gobernabilidad y el Estado de derecho, ya que es evidente que, tanto los mandos militares como civiles, no pueden apaciguar la guerra que prevalece entre los criminales de la región; pero eso no debe ser pretexto para descuidar al resto del territorio nacional.

El tema no es menor, sobre todo porque se prioriza a Sinaloa por encima de otros estados que padecen mayor criminalidad, lo que ha provocado que miles de desplazados dejen sus hogares para buscar otros lugares para vivir fuera del látigo de los delincuentes.

Se supone que Omar García Harfuch debe atender toda la problemática en materia de inseguridad que ocurre en el país; sin embargo, se le apartó de estas tareas o se le distrajo, para focalizarse en Sinaloa y con ello pretender resolver un conflicto que seguramente tardará varios meses e incluso años en revertirse.

Debemos darle contexto a la asunción a la gubernatura de Sinaloa de Rubén Rocha, ya que, como es de dominio público, el crimen organizado intervino en la elección directamente para, por un lado, inhibir la participación de los priistas de la entidad, mediante levantones, secuestros y asesinatos; y por otro, promover a través de la ley del garrote, la coacción y el billete, el voto a su favor.

Desde luego, el operativo no fue de gratis, por lo que, a partir de que tomó posesión el ‘góber’, de inmediato vino el cobro de facturas por parte de los criminales, quienes no solo gobiernan en Sinaloa, sino que tienen bajo su égida al mismo mandatario estatal.

Por ello, cuando ocurre la aprehensión del Mayo Zambada, derivada de una escisión y traición de los Chapitos, quienes lo entregaron a las autoridades estadounidenses, se levanta una furibunda protesta de Andrés Manuel López Obrador contra su contraparte americana, porque “no fue informado por parte del gobierno norteamericano del operativo en cuestión”.

Hasta la fecha, no se entiende cómo la captura del capo más relevante del país causó irritación en el presidente mexicano, en lugar de festejarlo, como ocurrió en Washington.

En este escenario, en donde los malosos intervienen para encumbrar a Rubén Rocha Moya como titular del Poder Ejecutivo estatal, se exige por parte de los sinaloenses recobrar la paz en la entidad ante la matazón, la ingobernabilidad y el estado de indefensión; sin embargo, resulta imposible que Rocha se rebele contra la correa de mando que trae atada al cuello y que, por lo tanto, es el menos capaz para intentar recobrar la paz, sobre todo cuando uno de los grupos rijosos lo considera su enemigo por antonomasia.

Por esta razón y otras tantas que, incluso, tienen que ver con la inminente declaratoria por parte del gobierno de Donald Trump de terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y, por consecuencia, a las autoridades federales, estatales y municipales que están coludidos con ellos, es necesaria su remoción.

Como se aprecia, la permanencia de Rocha Moya es insostenible como gobernador; por ello debe renunciar de inmediato, so pena de que, de cualquier modo, sea perseguido y capturado por las fuerzas del orden norteamericanas.

Desde luego, de ninguna manera se alienta la supuesta invasión de las fuerzas armadas de EU a México, sino capturar a los criminales que han provocado tantas muertes de inocentes en América del Norte.

El gobierno de Claudia Sheinbaum debe establecer una coordinación multiregional con Estados Unidos y Canadá para atender el problema de la inseguridad, el trasiego de drogas y armas con una óptica global.

Mientras tanto, no hay que perder de vista que, en el juego de intereses y de conflictos a muerte que prevalece entre los mafiosos mexicanos, debemos recordar el atentado que sufrió Omar García Harfuch cuando fue titular de seguridad pública de la capital del país, en donde salvó la vida de forma milagrosa y que, a la postre, acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación de ser el autor intelectual y material de la agresión en su contra.

Tanto este grupo delicuencial como los que ahora se encuentran en conflicto en Sinaloa son los que más crecieron a nivel nacional e internacional durante la pasada administración.

La renuncia de Rocha, el regreso de Harfuch a la CDMX y la conformación de una estrategia regional con Estados Unidos y Canadá son solo algunos elementos que deben incidir en la seguridad pública y la gobernabilidad.