El juez del Supremo pide el tráfico de llamadas del fiscal general y pregunta si se pueden recuperar los mensajes que borró
El magistrado instructor solicita un informe a la Unidad Central Operativa sobre la posibilidad de obtener el material de los dos teléfonos móviles que, según los agentes, no tenían mensajes de WhatsApp ni apenas correos relacionados con el caso de los correos de Alberto González Amador
La Guardia Civil certifica que el fiscal general cambió de teléfono una semana después de que el Supremo abriera la causa contra él
El juez del Tribunal Supremo quiere saber con quién habló el fiscal general del Estado en los días clave del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado instructor ha pedido a las operadoras que aporten los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas por Álvaro García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, así como “los paquetes de datos” de esos días identificando a las personas con las que contactó. También pregunta a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil si es posible recuperar los mensajes de WhatsApp que borró al cambiar de teléfono una semana después de que se abriera la causa contra él.
El juez Ángel Hurtado investiga desde finales de octubre si el fiscal general o la fiscal provincial de Madrid intervinieron de alguna manera en la filtración a la prensa del correo electrónico con el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto para evitar la cárcel. Su primera diligencia, tras poner la causa bajo secreto de sumario, fue enviar a la UCO a registrar el despacho de ambos imputados y recopilar todos los mensajes y correos que habían mandado en esos días de marzo del año pasado.
La unidad de élite de la Guardia Civil constató que no había encontrado ni un solo mensaje de texto en los teléfonos de García Ortiz y apenas medio centenar de correos, solo uno sobre el caso de Alberto González Amador y sin datos sobre la posible filtración. Un informe posterior, a petición del juez, constató el motivo de la ausencia de datos: una semana después de que el Supremo abriera diligencias, y una semana antes por tanto del registro, el fiscal general cambió de teléfono móvil, un movimiento que desde la Fiscalía enmarcan en un proceso habitual de protección de datos.
El último movimiento del juez ha sido poner en marcha varias diligencias para intentar recuperar los datos que no consiguió intervenir la UCO en el registro de finales de octubre. Por un lado, contacta con dos operadoras telefónicas para solicitar los datos de tráfico de llamadas entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado, fechas en las que se publicaron las principales informaciones sobre el caso de Alberto González Amador, identificando a sus interlocutores. También “los paquetes de datos emitidos y recibidos” relativos a los mensajes de WhatsApp.
Por último, el magistrado contacta de nuevo con la UCO para preguntar si existe la posibilidad de recuperar de alguna manera los mensajes de sus dos teléfonos móviles que no pudieron encontrar durante el registro. El juez se apoya en una sentencia del mismo Tribunal Supremo del año 2018 relativa a una organización de narcotraficantes que introdujo cientos de kilos de hachís en Cataluña.