Lacalle Pou ignora todas las voces, incluyendo a la sociedad, y firmará el contrato del proyecto Arazatí

El presidente saliente, Luis Lacalle Pou, ha decidido seguir adelante con el Proyecto Neptuno, una desalinizadora diseñada para tratar las aguas del Río de la Plata. Pese a la crítica de académicos, ambientalistas y productores locales, Lacalle Pou confirmó su determinación durante una aparición pública en el evento Gran Premio José Pedro Ramírez. El mandatario afirmó que “la decisión ya está tomada.”

Lacalle Pou sostiene que la instalación del proyecto en Arazatí es necesaria, en especial considerando la sequía sufrida en 2023, que impactó negativamente la cuenca del Río Santa Lucía.

Este curso de agua es parte del proyecto Casupá, una iniciativa enfrentada por sus propios desafíos debido a las condiciones del pasado año. Por esta razón, la administración actual considera que una alternativa es imperativa.

Desafíos técnicos y políticos

Durante la rueda de prensa, el presidente explicó que ya había comunicado y consultado su decisión con las partes pertinentes y aseguró que “con el gobierno que viene vamos a tener que ponernos de acuerdo”. Sin especificar detalles sobre las futuras discusiones, enfatizó su filosofía de que “el agua para uso humano no debe ser embalsada, debe ser posiblemente corriente.”

El Proyecto Neptuno se enfrenta a múltiples críticas. Académicos cuestionan la elección del lugar y la gestión de la planta, mientras que los productores locales se preocupan por el manejo de los químicos utilizados. Por su parte, el Frente Amplio subraya que se deben resolver objeciones esenciales antes de proseguir con esta iniciativa controvertida.

Un proyecto plagado de críticas y cuestionamientos

Diversas organizaciones sociales, como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, han advertido sobre los graves riesgos ambientales asociados con el proyecto Neptuno. Según ellos, el proyecto no garantizaría la provisión de agua potable debido a problemas de salinidad y cianobacterias en el Río de la Plata. Las objeciones planteadas reflejan la preocupación de muchos sectores, que también encuentran respaldo en la comunidad académica.

En septiembre de 2024, REDES – Amigos de la Tierra presentó más de 200 preguntas relacionadas con el Informe Ambiental Resumen que se había divulgado por el consorcio. Posteriormente, el 3 de octubre, la organización participó en una audiencia pública en Rafael Peraza, departamento de San José, donde planteó puntos de vista críticos respecto al proyecto Neptuno-Arazatí.

Tanto en la audiencia pública como en la resolución ministerial de Autorización Ambiental Previa emitida a principios de diciembre, apenas se respondieron o consideraron las más de 250 observaciones realizadas al Informe Ambiental Resumen, al Estudio de Impacto Ambiental y al Informe de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL). Los informes en cuestión exhiben graves deficiencias en la evaluación de los impactos del proyecto.

Amigos de la Tierra Uruguay presentó el miércoles 18 de diciembre de 2024 un recurso de revocación frente a la Resolución de Autorización Ambiental Previa que el Ministerio de Ambiente (MA) otorgó al proyecto de potabilización de agua Neptuno-Arazatí. En su solicitud, se pidió específicamente la suspensión de dicha resolución.

En el documento legal, la organización REDES-AT argumenta que “la Resolución adoptada debe revocarse por resultar inconveniente, ilegítima y contraria a las normas de Derecho vigentes”. El Ministerio otorgó esta autorización a principios de diciembre a las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast, que forman parte del Consorcio Aguas de Montevideo, para implementar el mencionado proyecto. La resolución indica un total de 20 compromisos que las empresas beneficiadas deberán cumplir.

El recurso de REDES-AT menciona que no se ha tomado en cuenta la oposición expresada por la sociedad civil, así como las razones aportadas por la Academia y las observaciones de la organización. La resolución emitida “implica un actuar ilegítimo y contrario al Derecho del Ministerio de Ambiente”, argumenta REDES-AT, subrayando que se ha violado el derecho a consulta efectiva que debería corresponder a los interesados afectados.