Cuatro tráficos de La Fortuna afrontan juicio por presunta ayuda a grupo narco vinculado con alias Diablo
Cuatro oficiales de la Policía de Tránsito, de apellidos Bravo Quesada, López Quesada, Ulate Vásquez y Salas Gutiérrez, están entre las diez personas que desde este martes enfrentan un juicio en los Tribunales de San Carlos por su presunta participación en una banda dedicada al narcotráfico.
La agrupación, desarticulada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 21 de diciembre de 2023, está vinculada con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los principales narcotraficantes del Caribe.
Según las investigaciones, el líder de esta organización, identificado como Martínez Rodríguez, conocido como El Nica (quien no fue capturado), mantenía una relación directa con alias Diablo, quien aparentemente utilizaba la banda para expandir su control en un corredor de la zona norte, desde Pococí hasta San Carlos y Guanacaste.
Otras seis personas detenidas en esta banda, entre ellas dos mujeres de apellidos Ruiz Delgadillo y Chiroldes Vargas, aceptaron los cargos y se acogieron a un procedimiento especial abreviado, con el fin de obtener una pena menor a la que enfrentarían en un proceso judicial completo. Además de las dos mujeres, la Fiscalía informó que se acogieron a ese beneficio los detenidos apellidados Badilla Elizondo, Sancho Méndez, Salas Marín y Carvajal Molina. No trascendió aún en cuánto quedó la pena pactada entre el Juzgado y esas personas.
Recursos públicos al servicio del narco
Según la acusación presentada al inicio del juicio por el fiscal Héctor Bodán, los oficiales presuntamente suministraban a la organización criminal armas, vehículos y placas decomisadas que se encontraban en las instalaciones policiales.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios, entre ellos el jefe regional de la Policía de Tránsito (Bravo Quesada), mantenían informada a la banda sobre los operativos en carretera y, aparentemente, utilizaban patrullas para transportar droga sin levantar sospechas.
La acusación también afirma que algunos de los detenidos, con la ayuda de los tráficos, se encargaban de enviar dinero de la banda criminal hacia Nicaragua, lugar de origen del cabecilla, quien además de ser conocido como El Nica, tiene el alias de Eddy.
El juicio comenzó a las 8 a. m. en la sala 1 de los Tribunales de San Carlos. El Ministerio Público acusa a los imputados de tráfico de drogas, homicidio calificado, cohecho propio e impropio, peculado, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, posesión y transporte de armas, y comercialización de armas, entre otros delitos.
Supuestamente, el grupo distribuía cocaína, marihuana y drogas sintéticas como la metilendioximetanfetamina (MDMA) conocida como éxtasis o droga del amor en localidades como La Fortuna, Cerro Cortés de Aguas Zarcas, Muelle de San Carlos, Peñas Blancas de San Ramón, Coopevega de Cutris y Guatuso.
Tras los allanamientos realizados contra esta organización, la delegación de Tránsito de La Fortuna quedó con apenas nueve agentes para cubrir las áreas de Guatuso, Upala, Los Chiles, Muelle y parte de San Ramón, lo que obligó a reforzar su personal.
Policías de Tránsito detenidos por colaborar con grupo criminal vinculado a Diablo
En ese momento, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, reconoció la posibilidad de que otras bandas de narcotráfico intentaran ocupar los territorios debilitados. Por ello, aseguró que iban a reforzar las acciones para evitar que estas organizaciones se apropiaran de esas zonas.
El juicio cuenta con 54 testigos y se estima que se prolongue durante unos cuatro meses. El Tribunal está integrado por los jueces José Blanco, Susana Bolaños y Sergio López. El expediente del caso es el 21-00285-799-PE.
Como entre los detenidos hay funcionarios del sector público, ya que además de los tráficos está un oficial de la Fuerza Pública y un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, participa la abogada Amy Karina Román como representante de la Procuraduría General de la República. Ella afirmó que las acciones de esos funcionarios dañan la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Al parecer el oficial de la Fuerza Pública y el funcionario de la CCSS, se encargaban de enviar dinero de la banda criminal hacia Nicaragua, lugar de origen del cabecilla.