El juez del Supremo se apoya en un caso de narcotráfico para impulsar la investigación al fiscal general

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha movido ficha para averiguar con quién habló Álvaro García Ortiz y con quién cruzó mensajes en los días en que trascendió el caso de doble fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado Ángel Hurtado ha pedido a las compañías telefónicas que aporten su registro de llamadas en los días clave del caso en un auto en el que justifica la medida apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo sobre tráfico de drogas: la resolución que condenó a una docena de miembros de un grupo de narcotraficantes que introdujo casi dos toneladas de hachís en España usando hasta 85 teléfonos para ocultarse de la Policía.

El juez investiga desde mediados de octubre si el fiscal general o la fiscal superior de Madrid tuvieron algún papel en la filtración de documentación del caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso: el correo en el que su abogado confesaba que había defraudado más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas y en el que se mostraba favorable a aceptar una condena de ocho meses de cárcel a cambio de pagar sus deudas y multas y evitar, en la práctica, pasar un solo día en prisión.

La primera diligencia del juez fue enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los despachos de los dos imputados en Madrid para recopilar todos los mensajes y correos electrónicos de los últimos siete meses relacionados con esa supuesta filtración. En el caso de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, los investigadores encontraron mensajes y correos relacionados con el caso, pero ninguno que arrojara detalles sobre esa posible filtración a la prensa del email. En el caso de Álvaro García Ortiz, la unidad de élite de la Guardia Civil volvió con las manos vacías: sus teléfonos no tenían mensajes de WhatsApp y apenas un email relacionado con la causa que tampoco daba detalles relevantes.

La propia Guardia Civil comunicó al juez que el fiscal general había cambiado sus terminales a finales de octubre: una semana después de saber que el Supremo había abierto diligencias y una semana antes del registro. Algo que fuentes de la Fiscalía ya habían reconocido, explicando que ese cambio de terminal y borrado de mensajes respondía a la política habitual del Ministerio Público en materia de protección de datos.

El juez Hurtado no se da por vencido y este mismo martes ha puesto una nueva batería de diligencias en marcha para saber si los registros telefónicos de García Ortiz dan alguna pista sobre si estuvo implicado en la supuesta filtración. Ha pedido a dos empresas de telefonía que aporten “los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas”, identificando a sus titulares y “los paquetes de datos emitidos y recibidos”. Todo entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado: las fechas en que no solo trascendió la confesión de Alberto González Amador, sino el caso en sí mismo y la denuncia que había presentado la Fiscalía contra él.

El juez, que en resoluciones anteriores había pedido a la Guardia Civil identificar si los móviles estudiados son los que utilizaba él, da un paso más en ese sentido y explica que los IMSI e IMEI asociados a sus tarjetas de teléfono “no aportan identidad sobre el usuario del dispositivo” y que esa identidad “puede ser de relevancia” en la investigación. Es entonces cuando cita una sentencia del mismo Supremo de noviembre de 2018 para explicar que “es necesaria la obtención del número comercial del teléfono”, explicando que esos códigos son suficientes para hacerlo.

Hasta 85 teléfonos incautados

La sentencia que cita el alto tribunal impuso condenas de hasta diez años de cárcel a una docena de narcotraficantes que entre 2014 y 2015, en distintas entregas, introdujeron hasta 1,8 toneladas de hachís en España procedentes de Marruecos y con destino fijado en Catalunya. La droga está valorada, en total, en casi tres millones de euros y era llevada hasta el noreste de la península usando un sistema de “teléfonos de seguridad” para “ocultar al máximo” la operativa, finalmente descubierta en una operación conjunta de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Agencia Tributaria.

La organización criminal desmantelada entonces contaba incluso con miembros especializados en proporcionar “líneas y recargas de teléfono” para que todas sus llamadas y operaciones –como la planificación de la llegada del hachís hasta España– fueran opacas ante los investigadores. En los registros los agentes incautaron hasta 85 teléfonos móviles, muchos de los cuales habían sido intervenidos por orden de un juez para desmantelar el grupo de traficantes. El Supremo no solo avaló las intervenciones telefónicas de ese caso, pilar maestro de numerosas causas contra el narcotráfico, sino que incluso aumentó las condenas de algunos de sus miembros.

El uso de los argumentos de esta sentencia para impulsar la nueva petición de información sobre las comunicaciones del fiscal general llega en un mes clave para la causa abierta contra él por revelación de secretos. Esta semana comparecen ante el juez, como testigos, hasta ocho periodistas que publicaron informaciones sobre la confesión de Alberto González Amador entre el 13 y el 14 de marzo. Y antes lo hará Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez acude como testigo al Supremo

Desde el arranque del caso, la Fiscalía defiende que Álvaro García Ortiz no participó en la supuesta filtración de esa documentación y que el primero en difundir esos correos fue el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha Ayuso en la Comunidad de Madrid. Los primeros movimientos de la Fiscalía para recopilar esos documentos llegaron en la noche del 13 de marzo, después de que el diario El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un trato a Alberto González Amador, cuando había sido al revés. Y el jefe de gabinete de Ayuso, esa misma noche, había difundido esa versión entre varios periodistas.

Rodríguez manipuló los hechos para afirmar ante varios informadores de diversos medios que el fiscal del caso, Julián Salto, había escrito un correo al abogado de Alberto González ofreciendo un pacto. El jefe de gabinete de Ayuso difundió en ese mensaje, efectivamente, un email escrito por Salto, pero había omitido que unos días antes el abogado de González Amador había mandado otro, el origen de la comunicación, ofreciendo ese pacto.

La información falsa que difundió Rodríguez iba más allá y afirmaba que, además, ese posible pacto había sido frenado desde las instancias superiores al fiscal salto, dando a entender que el objetivo del Ministerio Fiscal era arrastrar al empresario por un proceso legal lo más largo posible, otro de los extremos que la Fiscalía buscaba desmentir. Tal y como publica el diario El País, el propio Salto negó en su primera testifical del caso que recibiera cualquier tipo de presión para obstaculizar un posible pacto.