Cómo dar nuevo aire a la democracia costarricense

El funcionamiento del régimen democrático debe analizarse desde diferentes planos, pues la democracia es un sistema de gobierno que se manifiesta en múltiples aristas.

En Costa Rica, rige el respeto hacia los derechos fundamentales, que se enriquecieron después de la creación de la Sala Constitucional, en 1989.

En estos momentos, disfrutamos de más derechos fundamentales creados por la jurisprudencia de nuestro tribunal constitucional que los consagrados en la Constitución de 1949. Por ejemplo, el derecho al debido proceso, a la libertad de contratación y a una muerte digna, además de derechos como el acceso a un ambiente sano y equilibrado, al agua potable y los que nos asisten como consumidores.

En otro plano, nuestro sistema democrático se muestra saludable. Me refiero a que existen instituciones consolidadas en los diversos campos de la actividad estatal. Baste con citar los ejemplos del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República, ambos insignia en sus respectivas materias.

Sin embargo, en otros planos, la democracia flaquea, como en el caso del sistema de representación política. Los partidos políticos tienen escasa incidencia en la realidad política, ya que solo alrededor del 16 % del electorado manifiesta pertenecer a alguno de ellos. El 84 % restante no solo carece de partido político, sino que la gran mayoría desconfía de ellos.

Por otra parte, como los diputados son elegidos a título personal, aunque incluidos dentro de la papeleta de un partido, en la práctica cada uno hace lo que considera oportuno. Por tanto, con frecuencia, actúan en contra de la ideología y las promesas de campaña de la agrupación que los llevó al Congreso, con excepción del Frente Amplio, que muestra coherencia entre su ideología y sus actuaciones parlamentarias.

El problema se agrava debido al modelo de elección, ya que al elegirse entre listas cerradas, elaboradas por los propios partidos, los electores no tienen la posibilidad de escoger a los candidatos de su predilección, sino que deben votar por el paquete, posiblemente porque conocen o simpatizan con alguno, a pesar de que este no tenga posibilidad de ser elegido. Sin embargo, con su voto, contribuyen a que aspirantes “de relleno” obtengan una curul.

Tampoco es posible exigir responsabilidad política a los diputados por dos razones: porque no existe la reelección parlamentaria y porque no se eligen por distrito electoral. También podría citarse la imposibilidad de la revocatoria del mandato parlamentario.

El Poder Ejecutivo actúa, con frecuencia, en completa falta de sintonía con los principios y normas constitucionales y legales que regulan sus competencias, lo cual debilita el funcionamiento del sistema democrático, dado que termina suplantando el principio de separación y coordinación de poderes por el de usurpación de poderes.

Ahora bien, ¿cuáles son las posibles soluciones? En primer lugar, reformar el sistema de elección de diputados, abandonar las listas cerradas e implantar un sistema mixto, en que 57 se elijan por distritos electorales y 14 a escala nacional, es decir, dos por cada provincia. Además, debería restablecerse la reelección parlamentaria limitada a dos períodos.

En segundo lugar, los miembros del Poder Ejecutivo deben ajustar su conducta a sus respectivas competencias constitucionales y legales, sin invadir las atribuciones de los otros dos poderes, como desgraciadamente ocurre con frecuencia.

Los partidos políticos tienen que reinventarse, presentar candidatos creíbles y programas factibles de llevar a la práctica. Para ello, se requiere una reforma profunda de su estructura y funcionamiento, a fin de que la selección de sus candidatos a puestos de elección popular se realice con criterios de selectividad y excelencia, de manera que tanto el órgano Legislativo como el Ejecutivo los integren personas capacitadas para ejercer las funciones de gobierno de manera eficiente y en procura del interés público.

Para lograrlo, debe modificarse la Constitución, para que se eliminen finalmente los diputados independientes y, en consecuencia, haya un mejor cuidado de los partidos al elegir a sus candidatos con vistas a que en la Asamblea Legislativa apoyen el programa político que ofrecieron a los electores.
En otros términos, debe haber congruencia entre lo ofrecido en campaña y la actuación parlamentaria, sin perjuicio de que negocien determinados asuntos de interés nacional con otras bancadas o con el Poder Ejecutivo.

Asimismo, se deben fortalecer los vínculos internacionales, pues como somos un país desarmado, estamos expuestos a los vaivenes de los intereses geopolíticos en pugna. Esta acción de política internacional ha sido relegada por los últimos gobiernos.

El electorado tiene la última palabra, pues de su voluntad y buen discernimiento dependerá escoger a las mejores personas para ejercer tanto el poder ejecutivo como el legislativo.

En este terreno, seguimos siendo subdesarrollados, pues existe la tendencia a votar por quienes ofrecen cantos de sirena, y cuyas promesas de campaña son invariablemente incumplidas una vez que alcanzan el poder los vencedores en la justa electoral.

Lo triste es que ya existen indicios graves y concordantes, como decimos los abogados, de que estemos migrando hacia el populismo mesiánico y autoritario de raigambre salvadoreña.

rhernandez@ollerabogados.com

Rubén Hernández Valle es abogado constitucionalista.