Piden tres años de prisión para una exministra de Desarrollo por contratar "ñoquis"
La exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni, Cecilia Torres Otarola, fue declarada culpable de fraude administrativo por la causa "Ñoquis Calientes". El juicio determinó que también contribuyó al nombramiento ilegal de funcionarios públicos que no prestaban servicios y solo cobraban un sueldo.
El fiscal Omar Rodríguez solicitó que la extitular de la cartera sea condenada a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el fraude administrativo. Por otro lado, se solicitó dos años de condena en suspenso en el caso de los empleados fantasmas.
El titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración pública justificó el pedido al señalar que la ministra había cometido delitos con la finalidad de obtener "rédito propio".
¿De qué se la acusaba a Torres Otarola?
El juicio contra la ministra comenzó por una denuncia llevada a cabo por el contador Martín Sandoval. Este aseguró que Torres le había pedido parte de su sueldo a él y a otros dos asesores. En su momento, Sandoval, declaró que muchas de las personas contratadas no sólo no vivían en Chubut, sino que jamás habían pisado la provincia.
Además, el fiscal señaló que la exfuncionaria debería ser condenada no solo por el daño material, sino por el "daño inmaterial a la mora, la imagen y la confianza en las instituciones".
También fueron encontrados culpables Silvia Cañumil, Retro Trelles, Mara Rodera y Facundo Solari Rodera.
La Ministra Cecilia Torres Otarola junto a Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la Subsecretaria de Desarrollo Social de nuestra Provincia, Jaquelina Rodera.%uD83D%uDC47https://t.co/Zkdn5uHSmK pic.twitter.com/lSWedJ5zcU
— Ministerio de Desarrollo Humano (@DesChubut) March 12, 2020Rodríguez solicitó que la exministra sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Asimismo, el fiscal pidió que la ministra deba devolver el monto actualizado de los fondos estatales apropiados en 2020, que representaron un total de $1.915.154.
El gobernador chubutense, Ignacio Torres, celebró el veredicto y aprovechó la ocasión para recordar que puso en marcha un inédito Censo a Empleados Públicos con el objetivo de "denunciar a todos aquellos vivos que, como estos delincuentes que fueron condenados, cobraban un sueldo sin ir a trabajar".