Las consecuencias del «despido» de 192 trabajadores de la Concejalía de Derechos Públicos de Alicante el pasado 31 de diciembre, ya se han hecho notar en las listas de espera de los servicios sociales de la ciudad. Tan solo una semana después de que en torno al 80 % de la plantilla tuviese que abandonar el servicio al concluir su contrato sin que el Ayuntamiento y la Generalitat hubiesen garantizado su continuidad, los trabajadores que permanecen en el departamento aseguran que las citas para atención a los usuarios ya se están concediendo para el mes de abril.
