Los pequeños propietarios creen que el nuevo tope a los alquileres generará inseguridad jurídica y desincentivará la oferta
El nuevo índice de actualización de las alquileres no convence a los pequeños propietarios, que consideran que será perjudicial para el mercado. Así lo ha expresado este miércoles la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana en un comunicado en el que aseguran que la nueva referencia trae consigo más inseguridad jurídica y desincentivará la puesta en el mercado de pisos para alquilar en un contexto en el que la escasez de oferta frente a la elevada demanda ha disparado los precios.
«Este índice genera inseguridad jurídica y desincentiva la oferta en el mercado de alquiler, afectando directamente la accesibilidad a la vivienda», advierten los pequeños propietarios, que opinan que «una congelación práctica de las rentas podría tener consecuencias catastróficas para el sector». El nuevo tope, denominado Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IREV) y desarrollado al amparo de la ley de vivienda, limita lo que se puede subir la renta mensual tras la revisión anual del contrato de alquiler. Este techo se aplica a contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023 y se actualiza cada mes. Actualmente la referencia se encuentra fijada en un 2,2%.
Las Cámaras de la Propiedad Urbana ven el nuevo mecanismo como un «desafío adicional» para los pequeños propietarios, que dicen ser los «más afectados» por las tensiones del mercado y califican de «preocupante» la situación actual. En ese sentido, se muestran intranquilos ante lo que consideran un contexto normativo «complejo» y demandan una mayor seguridad jurídica para incentivar que los caseros pongan sus pisos en el mercado. «Llevamos mucho tiempo de caos normativo, imprevisibilidad, moratorias y polarización», lamentan, reclamando concretamente «estabilidad normativa» y «procedimientos eficaces» para reducir el «miedo» a impagos.
Los pequeños propietarios piden también incentivos fiscales para hacer más atractivo a los caseros arrendar sus viviendas como residencia habitual, frente a otras fórmulas más rentables como los alquileres turísticos o de temporada. Las Cámaras de la Propiedad Urbana recalcan que estas otras fórmulas son también necesarias, como es el caso, por ejemplo, de los alquileres temporales para los estudiantes y los trabajadores desplazados. «Abogamos por una regulación clara que permita distinguir usos legítimos de prácticas fraudulentas», señalan, al mismo tiempo que instan a las comunidades autónomas a «equilibrar los intereses del turismo y la vivienda residencial» a la hora de regular los pisos turísticos.
Asimismo, reclaman una mayor y «más efectiva» colaboración público-privada para gestionar el parque de viviendas. En concreto, los pequeños propietarios solicitan ayudas para quienes arriendan sus viviendas a inquilinos vulnerables y para la rehabilitación de inmuebles. «Pese a los objetivos marcados por la Unión Europea para 2030, los fondos Next Generation no han llegado con la efectividad necesaria y por eso alertamos sobre las dificultades para acometer las reformas necesarias en un parque inmobiliario envejecido», expresan en el comunicado difundido este miércoles.
Los pequeños propietarios aseguran ser «conscientes» del «grave» problema de acceso a la vivienda que existe especialmente en las grandes ciudades, pero advierten de que el debate está «polarizado». «Polarizar el debate no deja espacio para el entendimiento», advierten, reclamando un «análisis riguroso para desmontar prejuicios y dogmas». En particular, piden contrarrestar la «estigmatización» de los pequeños propietarios. «No son el problema, sino una parte clave de la solución al acceso a la vivienda. Sin ellos, el mercado del alquiler no habría crecido en la última década», afirman.