Camino a la impunidad
Por parte del grupo parlamentario socialista se ha presentado una proposición de ley, con el objeto de reformar la acción popular, que parece haber sido concebida con un objetivo puntual y específico, alejándose de los principios fundamentales de la generalidad que deben presidir la redacción de cualquier ley digna de considerarse como tal.
Estamos aún en una fase incipiente de la tramitación parlamentaria de la reforma legal propuesta, abierta por ello al debate y a la modificación. Sin embargo, no podemos obviar la preocupación que genera el enfoque individualista inicialmente adoptado, dado que la ley, por definición, debe tener una vocación de generalidad. En una democracia consolidada, el marco normativo debe tener una vocación de generalidad, evitando artificiosas creaciones dirigidas a influir en casos específicos.
La proposición de ley es una declaración de intenciones que ahonda en la desconfianza de la clase política hacia el trabajo serio, callado e imprescindible de los jueces. Precisamente, en los últimos tiempos hemos sido testigos de una creciente tendencia, por parte de algunas fuerzas políticas, a cuestionar la independencia y la imparcialidad de los jueces como colectivo. Este discurso mina la confianza de la sociedad en una de las instituciones más fundamentales del Estado de derecho. Las limitaciones a la libertad de expresión de los jueces que se contemplan en el texto legal resultan absolutamente innecesarias y ahondan en la idea de que lo que se pretende no es garantizar la imparcialidad de los jueces, sino que permanezcan silentes ante situaciones en las que la democracia, la separación de poderes o el Estado de derecho se ven amenazados. Es un deber de los miembros de la carrera judicial, tal y como indició el dictamen nº 25 del año 2022 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, pronunciarse en defensa de la independencia judicial, el orden constitucional y la restauración de la democracia.
Conviene recordar que el sistema judicial español ya cuenta con mecanismos establecidos para asegurar la imparcialidad, como la abstención y la recusación de jueces en los casos en los que pueda existir conflicto de intereses. Estos instrumentos permiten que, cuando existe la más mínima sospecha, el juez pueda ser apartado del caso, garantizando así un proceso justo.
Promover la desconfianza generalizada hacia el poder judicial, por motivos políticos o ideológicos, no solo erosiona la legitimidad de este poder, sino que también fomenta un clima de incertidumbre social. La justicia debe permanecer ajena a intereses partidistas y ser percibida como una institución imparcial y confiable. Una sociedad que confía en su justicia es una sociedad que avanza hacia una democracia más sólida y justa. La confianza en el poder judicial no es un lujo, sino un derecho fundamental que debe ser preservado por todos los actores políticos y sociales.
El modo en el que está redactada la disposición transitoria única, que afecta a personas que ya están inmersas en procesos judiciales, incluyendo posibles víctimas, puede determinar una transgresión del principio de seguridad jurídica que ha de inspirar la elaboración de cualquier norma que afecta a derechos fundamentales.
Esta situación no solo compromete los derechos individuales, sino que también erosiona la confianza en el sistema judicial, alimentando la percepción de que la clase política puede generar libremente espacios de impunidad. Debemos recordar que los jueces penales solamente pueden condenar si alguien formula una acusación. La realidad nos ha mostrado que en algunos supuestos, si no hubiera existido acusación popular no habría existido condena. Es legítimo que la Fiscalía no formule acusación, pero también lo es que un criterio discrepante de la Fiscalía pueda ser sometido a consideración del correspondiente tribunal.
Limitar la acción popular, legislar para casos concretos y fomentar la desconfianza en los jueces son decisiones que nos alejan de un modelo de justicia imparcial y confiable. La defensa de la imparcialidad judicial no es solo un deber del poder legislativo, sino un compromiso de toda la sociedad. Porque si no, espacios de impunidad como los que se pueden producir son una injusticia y una amenaza al sistema democrático.
*Sergio Oliva es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria