Miguel Ángel Rodríguez mintió ante el Tribunal Supremo

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido en el principal defensor del “ciudadano particular” Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esa campaña sostenida desde hace meses ha manejado medias verdades, omisiones e incluso falsedades para apuntalar el relato ficticio de que el empresario es una víctima de una “operación de Estado” para atacar a su pareja. 

Sus mentiras llegaron esta semana al Tribunal Supremo, donde compareció el miércoles como testigo —con obligación de decir la verdad— en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de un email relacionado con la investigación por fraude fiscal a González Amador. En un momento de su declaración, aseguró que ningún periodista de elDiario.es se puso en contacto con él antes de publicar la primera información sobre ese caso, según fuentes presentes en esa comparecencia. 

Un día después, el director adjunto de este periódico, José Precedo, también compareció como testigo y desmintió lo afirmado por Rodríguez. Aseguró que fue él mismo quien se puso en contacto con el jefe de gabinete de Ayuso para tratar de recoger su versión e incluirla en la exclusiva que iba a publicar elDiario.es. El periodista explicó que primero había intentado contactar, sin éxito, con José Luis Carreras, jefe de prensa de la presidenta. Luego escribió directamente al jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Precedo y Rodríguez se intercambiaron varios mensajes a partir de las 21.50 del 11 de marzo de 2024, la víspera de la primera exclusiva publicada sobre este medio sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

En ese punto de la declaración, el instructor del caso, Ángel Hurtado, reclamó al periodista que acreditara documentalmente lo que había declarado y le citó para el día siguiente. El director adjunto del medio aportó las copias manuscritas de sus preguntas al jefe de gabinete y quedó de presentar su teléfono móvil con la conversación completa este viernes.

Dicha conversación, que Rodríguez había negado el miércoles, está ya a disposición del magistrado después de que una funcionaria judicial hubiera cotejado este viernes que la conversación de WhatsApp que figura en el terminal del director adjunto de este medio se corresponde con la documentación aportada por este medio.

En la conversación consta cómo el periodista traslada a Rodríguez que elDiario.es va a publicar un caso de fraude fiscal de González Amador y le formula seis preguntas relacionadas con la investigación de la Agencia Tributaria y el piso de un millón de euros que el empresario compró tras defraudar a Hacienda, una de las dos viviendas de las que disfruta, en el mismo edificio, junto a la presidenta madrileña. Tanto las preguntas sobre si la presidenta conocía la denuncia de fraude como su pareja, la acusación de que presentó facturas falsas, como aquellas que se referían a la viviendas en las que reside la pareja no obtuvieron ninguna respuesta.

Rodríguez se negó a responder a todas esas cuestiones alegando que nada tenían que ver con la Comunidad de Madrid y escribió hasta en cuatro ocasiones: “Vosotros veréis”, al tiempo que calificaba como “muy grave” lo que este medio se disponía a publicar.

Petición de la Abogacía del Estado

La contradicción entre el periodista y el jefe de gabinete –ambos testigos ante el tribunal– llevó a la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, a solicitar por segunda vez el clonado del teléfono móvil de Rodríguez para corroborar su versión. El magistrado rechazó la medida a la espera de recibir los pantallazos de esa conversación que elDiario.es depositó este viernes y de revisar las declaraciones como testigos de esta semana, en la que comparecieron el jefe de gabinete de Ayuso y ocho periodistas que publicaron informaciones sobre los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investigaba, Julián Salto. 

Los servicios jurídicos del Estado consideran esencial acceder al teléfono de Rodríguez y poder conocer así los mensajes y llamadas que se intercambió en los días clave de la presunta filtración, del 8 al 14 de marzo. Su sospecha es que durante la tarde del 13 de marzo, antes de que el correo objeto de la investigación llegara a manos del fiscal general, el jefe de gabinete de Ayuso ya había difundido entre algunos periodistas información sobre supuestas maniobras de la Fiscalía e infundadas órdenes políticas para frustrar un acuerdo. 

En su declaración como testigo en el Supremo, Rodríguez admitió el pasado miércoles que tuvo en su poder uno de los correos que intercambiaron el fiscal Salto y la defensa del comisionista muchas horas antes de que el fiscal general tuviera acceso a ellos. Distintas fuentes presentes en la declaración señalaron que la mano derecha de Ayuso puntualizó que dispuso desde la mañana del 12 de marzo —poco después de que elDiario.es destapase el caso— de uno de los correos de esa cadena, firmado por el fiscal y fechado ese mismo día. 

Según la versión que dio en el Supremo, fue el abogado del comisionista quien le facilitó el citado correo y él lo retuvo durante “38 horas” hasta que a las 22.27 horas del 13 de marzo envió su contenido a un grupo de mensajería en el que estaban medio centenar de periodistas, una vez que el contenido ya había sido difundido por dos medios, El Mundo y La Sexta: el periódico difundiendo el bulo y la cadena de televisión, desmintiéndolo.

El mensaje enviado por Rodríguez estaba manipulado: omitía que la respuesta del fiscal era la contestación a una oferta de pacto que cinco semanas antes había realizado el empresario y afirmaba que la Fiscalía había retirado su supuesta propuesta por “órdenes de arriba”, lo que desencadenó la reacción de la Fiscalía para desmentir el bulo. 

El bulo “por órdenes de arriba”

Rodríguez no solo difundió el contenido de un correo del fiscal Salto ese 13 de marzo. También aliñó el contenido del email con una afirmación que, posteriormente, ha ido matizando: el posible pacto que se exploraba en ese momento se había frenado “por órdenes de arriba”. Su objetivo era dar a entender que la cúpula de la Fiscalía había frenado ese posible acuerdo para alargar todo lo posible el proceso judicial contra González Amador y perjudicar, como afirma desde hace meses, a la presidenta madrileña. 

El asesor de Ayuso reconoció por primera vez ante el juez Hurtado que había difundido el correo y que esa apreciación era “opinión” y no “información”. Incluso fue más allá a la hora de justificar esa coletilla, que llevó en parte a la Fiscalía a desmentir su versión, y explicó ante el juez que esa era su percepción del caso porque él “peina canas”. Repitió este argumento un día después en varias entrevistas insistiendo en un bulo: según su criterio, si el caso de González Amador no estaba ya zanjado era porque la Fiscalía lo estaba frenando.

La oferta que, hasta ahora, ha hecho el empresario ha sido aceptar una condena de ocho meses de cárcel que no implique su ingreso en prisión a cambio de reconocer su fraude fiscal y pagar algo más de medio millón de euros entre multas, deudas fiscales e intereses. En diversas entrevistas, Rodríguez ha defendido su bulo aludiendo a que ese pacto se planteó hace diez meses y, a día de hoy, no ha salido adelante en una organización tan vertical como la Fiscalía. La realidad es que González Amador estaba citado el pasado 29 de noviembre en el juzgado, donde la intención de las partes era suscribir el pacto, y la comparecencia se suspendió a petición de su defensa. 

Esa comparecencia era el tercer intento de la jueza para tomarle declaración. Su primera declaración, a la que acudió con una peluca para no ser reconocido por los medios, se suspendió por problemas para citar a otros imputados. Su segunda citación también se suspendió en junio porque las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid pidieron, finalmente con éxito, que se investigaran más delitos. Su tercera citación, a la que la Fiscalía acudía con la intención de finalmente sellar el pacto, se suspendió sin que se haya vuelto a convocar a petición del propio González Amador. 

Lo que Rodríguez califica, a día de hoy, de órdenes “desde arriba” en la Fiscalía para frenar el pacto, nace en realidad de un escrito presentado por los abogados de González Amador el 29 de octubre del año pasado. Hacía poco que la magistrada había aceptado abrir una pieza separada para ampliar el caso y la defensa del empresario pedía que, mientras se resolvieran sus recursos, no se le tomara declaración “hasta que la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie”. También pedía “acelerar al máximo la tramitación” de sus recursos. 

La decisión de la jueza llegó el 5 de noviembre, una semana después. “De conformidad con lo interesado por la defensa de los investigados, atendiendo a las razones aducidas, se acuerda la suspensión de las declaraciones señaladas”. Es decir, si la causa contra González Amador está paralizada es porque su propia defensa lo pidió. 

Las seis preguntas sin responder

Las preguntas exactas que eldiario.es trasladó a Miguel Ángel Rodríguez fueron las siguientes:

¿Conocía Isabel Díaz Ayuso el fraude a Hacienda que la Agencia Tributaria atribuye a su pareja?

¿Tuvo alguna información de su participación en la presentación de facturas falsas para rebajar artificialmente los beneficios económicos de sus sociedades?

¿Ha comprado la presidenta de la Comunidad alguna propiedad inmobiliaria con su actual pareja, tal y como se ha publicado?

¿Quién paga la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid y cuántos inmuebles son?

Distintos medios de comunicación han publicado que los dos miembros de la pareja adquirieron una vivienda pero, por las averiguaciones que hemos hecho, ahora mismo viven en dos pisos contiguos de un mismo edificio. ¿Cuántas viviendas ha comprado y quién?

En caso de que la segunda esté en alquiler, ¿quién paga la vivienda?