La nueva posición de España en la UE: la carga de intereses de la deuda será inferior a la de Francia

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró el pasado martes que “ya no vendrán más los 'hombres de negro' a partir del año 2025”. La última “misión” de vigilancia de la Comisión Europea respecto al rescate bancario de 2012 coincide con un cambio absoluto en el rol de nuestro país en el 'club comunitario'. De ser un de los PIIGS —el acrónimo que reunía a Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España y que desde el inglés se traduce como cerdos— de la crisis financiera, a liderar el crecimiento económico de la UE y reducir los desequilibrios financieros marcando distancia con Italia y, lo que es más relevante, con Francia.

Sin contar a Alemania, nuestro país se sitúa como el alumno aventajado entre las grandes economías europeas ante el primer examen de las nuevas reglas fiscales de la UE, que se activaron en 2024, después de permanecer suspendidas desde 2020 para favorecer las multimillonarias políticas de gasto público de los países que fueron necesarias para responder al shock de la COVID primero, y a la invasión rusa de Ucrania, después.

Ratio a ratio, España mejora fiscalmente a Francia, asediada por múltiples incertidumbres, políticas y económicas. Nuestro país presenta un déficit presupuestario (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de todo el Estado) controlado y bajando. Un endeudamiento también inferior —“más de 20 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021”, según recordó el propio Carlos Cuerpo este mismo martes—. Y, según prevé S&P Global —una de las agencias de calificación de deuda más importantes a nivel mundial—, la carga financiera (los intereses que pagamos cada año) se mantendrá estable y se quedará por debajo de la del país vecino, según se observa en el primer gráfico.

El ministro de Economía se despidió de los 'hombres de negro' justo el mismo día que el Tesoro Público presentó su estrategia de financiación de 2025, en la que confirmó que España cumplirá con el compromiso de rebajar el déficit presupuestario al 2,5% del PIB (Producto interior bruto) este año, desde el 3% en el que se habría cerrado 2024 —en este caso, las expectativas de S&P Global son algo más pesimistas que las del Gobierno, según se ve en el segundo gráfico—. Las nuevas reglas fiscales ya no se focalizan en esta ratio, sino en un límite al crecimiento del gasto público, aunque el objetivo final sigue siendo rebajar el déficit y el endeudamiento.

“La estrategia de financiación [de España] se desarrollará en una situación internacional que continúa siendo compleja y un contexto de 'quantitative tightening' del Banco Central Europeo (BCE), que está reduciendo gradualmente sus tenencias de deuda de los países de la eurozona. En esta situación, resulta especialmente relevante la positiva evolución de la economía española que, junto con el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y la gestión prudente llevada a cabo por el Tesoro durante los últimos años, están permitiendo mantener una sólida y diversificada base inversora y contenidos los costes de financiación”, detalla el Ministerio de Economía.

En otras palabras, el sólido crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo —en definitiva, el avance del PIB— están permitiendo la mejora de las principales ratios que sirven para medir la sostenibilidad de las cuentas públicas. Indicadores en los que, además, se fijan las agencias de calificación y los inversores internacionales, cuyo apetito por la deuda de España es clave para reducir su coste —los tipos de interés a los que nos financiamos y que se traducen en la factura final que se paga—.

El papel del BCE en los peores momentos de la pandemia fue crucial para garantizar que esa carga de intereses no se disparara en ningún país de la eurozona. En 2020, la institución monetaria decidió intensificar las compras de deuda de los estados para evitar una crisis como la que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Desde 2022, el BCE tomo el camino contrario como parte de la estrategia para luchar contra la inflación, junto a las subidas de los tipos de interés oficiales, la referencia a la que se prestan dinero los bancos y que se traslada automáticamente al Euríbor (el índice de las hipotecas) y al resto de préstamos.

En este nuevo contexto, de austeridad monetaria —que nos ha perjudicado especialmente, según se explica en esta información— y regreso de las reglas fiscales, el nuevo rol fiscal de España es evidente. “El Tesoro Público cerró el programa de financiación de 2024 con un sólido acceso al mercado y la elevada confianza de los inversores, que se tradujo en la contención de los costes de financiación y la reducción de la prima de riesgo [el diferencial entre el interés de referencia que se exige a la deuda de España respecto al de Alemania, considerado el mejor pagador de la eurozona], que se redujo más de 30 puntos básicos respecto a 2023, en el entorno de los 65 puntos básicos a cierre del año, su nivel más bajo de los últimos tres años”, incide el Ministerio de Economía.

En esta situación, el coste del conjunto total de la deuda se sitúa en el 2,21% —es decir, el tipo de interés medio de España—, solo 12 puntos básicos sobre el cierre de 2023. Mientras, el coste medio de la deuda en emisión —el interés de los bonos y letras nuevos que se van colocando para financiar las necesidades del Estado— también siguió reduciéndose en 2024 hasta el 3,16%, 28 puntos básicos por debajo del 3,44% de 2023 y 80 por debajo del pico (3,96%) alcanzado en octubre 2023, una reducción en línea con la bajada acumulada de tipos del BCE.

Estos costes determinan la factura o carga de intereses de la deuda, que asciende a alrededor de 40.000 millones, que se mantienen estables en 2,5 puntos respecto al PIB gracias al crecimiento económico. Un factor crucial para que no se vean perjudicadas las partidas de gasto del Estado de los servicios públicos más importantes, como la sanidad o la educación, ni las pensiones, y que deja espacio para abordar otras prioridades como la vivienda o la reducción de las desigualdades.

La amenaza de las reglas fiscales para el crecimiento

En este punto, este mismo viernes, el economista Paul De Grauwe publicó un artículo en el que advierte precisamente del daño de las reglas fiscales y los límites al gasto público al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo, en una situación de debilidad de la UE, sobre todo de Alemania y con la excepción positiva de España. “Las consecuencias son claras: las políticas de austeridad tienen consecuencias a largo plazo para la economía. Al reducir la inversión, limitan la producción potencial y reducen el crecimiento de la productividad”, lamenta.

“Gran parte de la estrategia fiscal de Europa ha estado dominada por la creencia (o ideología) de que el crecimiento sólo puede lograrse mediante reformas estructurales destinadas a hacer más flexible y eficiente la oferta de la economía. Sin embargo, hay escasa evidencia que respalde la idea de que esas políticas mejoren significativamente el crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, se ha pasado por alto en gran medida el papel crucial de las políticas de demanda para fomentar el crecimiento sostenido”, explica este experto.

“En conclusión, el declive económico relativo de Europa es, en parte, resultado directo de las políticas de austeridad. Reorientar las estrategias fiscales hacia medidas más activas de demanda que den prioridad a la inversión pública y privada podría desempeñar un papel fundamental para revertir este declive y revitalizar el potencial de crecimiento de Europa. La nueva Comisión Europea debe afrontar este desafío de frente, pues hay mucho en juego en el plano económico y político”, finaliza Paul De Grauwe.