Radiografía de la inspección a los centros de menores migrantes: solo 28 controles en cinco años y visitas con previo aviso

En los centros de menores migrantes de Canarias “es imposible proteger los derechos del menor” y que sean atendidos “con la dignidad que se merecen”. Así lo ha afirmado en varias ocasiones el propio presidente autonómico, Fernando Clavijo. Las condiciones en las que los niños y adolescentes son acogidos en la red de recursos del Archipiélago han sido cuestionadas por entidades, trabajadores y usuarios. Aun así, la Consejería de Bienestar Social solo ha realizado 28 inspecciones en los últimos cinco años, según datos obtenidos por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.

La información procede del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Viceconsejería de Bienestar Social, el departamento encargado de “la inspección y control de los servicios, hogares funcionales y centros de atención a la infancia” de las Islas. De acuerdo con esa resolución, en 2020 tan solo se realizaron dos actuaciones, en 2021 hubo un total de seis, en 2022 apenas dos, en 2023, cuatro y en 2024, hasta el 10 de diciembre de ese año, se habían llevado a cabo 14 visitas.

Los datos revelan que Gran Canaria es la isla con más inspecciones, con 22. En Lanzarote solo ha habido tres, todas ellas el mismo día, además. Y en Tenerife también tres. De todos los centros visitados, solo uno ha repetido: el denominado Los Brezos, ubicado en Santa Brígida, con sendas comprobaciones el 4 de agosto de 2020 y el 29 de septiembre de 2024. 

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Ejecutivo regional, Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria (CC), “entiende” que estas cifras hacen referencia a las actuaciones que incluye el acuerdo entre la Viceconsejería de Bienestar Social y la Policía Canaria, que “son solo una de las inspecciones que se realizan”. Ella defiende que la Administración efectúa “muchas” más. Dice que los técnicos de su departamento visitan los centros de menores migrantes “con asiduidad”, que “se habla” con ellos y que “se trata de atender sus demandas”.

Rodríguez apunta que “es complejo” precisar el número de inspectores encargados para esta labor. Explica que la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias cuenta con un equipo de diecinueve trabajadores sociales y veinte administrativos que “actúan como agentes de supervisión y establecimiento de mejoras” en las condiciones de acogida de los menores. Pero reconoce que estos no funcionan como “comisión de inspección”, sino más bien de control. 

La directora general añade que a principios del año pasado puso en marcha una herramienta de control operativo que funciona como una especie de sistema de valoración de los dispositivos. Indica que sus técnicos acudieron a 36 centros y que, a partir de esas visitas, elaboraron informes con propuestas y recomendaciones de mejora. Agrega que esta primera etapa fue ejecutada en colaboración con la Agencia Europea de Asilo. A partir de ahora, sin embargo, será solo el personal de la Viceconsejería de Bienestar Social el que asuma esa responsabilidad. 

Esa herramienta de control destacada por Rodríguez llegó pocos meses después de que el Ejecutivo canario anunciara que estaba trabajando en un contrato de inspección externa para “tener información casi a diario” de lo que pasa en el interior de los recursos para menores migrantes, un total de 86. Unas horas antes, doce niños extranjeros no acompañados habían denunciado maltratos en una instalación en Las Palmas de Gran Canaria gestionada por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, investigada por malversación por la Fiscalía Europea. El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, reconoció entonces que no tenían “del todo supervisada” la red de acogida ante el incesante flujo de llegadas.

Rodríguez sostiene, de todos modos, que los menores “están supervisados constantemente”, bien por visitas de la propia inspección, de personal sanitario, de los cabildos, de los técnicos de su departamento o de la Fiscalía. No ha ofrecido datos específicos de esa “asiduidad”, pero ha remachado que “los centros no los visita solo la inspección y ya está”. También ha aclarado que el contrato de inspección externa mencionado por Cabello es en realidad la herramienta de control implantada el año pasado.

El centro de Hoya Fría

La relación de inspecciones realizadas entre 2020 y 2024 no refleja ninguna visita al polémico centro de emergencia de Hoya Fría, en Tenerife. Este dispositivo fue levantado en unas instalaciones ideadas para la cría de palomas y ha llegado a alojar a 300 menores no acompañados. Este periódico se hizo eco en julio de 2024 de la denuncia pública de jóvenes acogidos y extrabajadores que alertaban sobre la falta de formación de los empleados así como de los supuestos malos tratos que sufrían los adolescentes por parte de algunos educadores. 

En relación con la falta de controles en este recurso, la directora general de Protección a la Infancia ha respondido que “quizás no la ha realizado el Servicio de Inspección de la Consejería, pero sí ha habido supervisión y controles” por parte del equipo del área que dirige. “El centro Tacoronte VII (conocido por Hoya Fría) está gestionado por la asociación Quórum y fue nuevamente visitado por los puntos focales de la DGPIF (Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias) el 29 de octubre del año pasado”, subraya Rodríguez. Además, justifica que ha sido “inspeccionado y valorado” por expertos de la Agencia Europea de Asilo y que lo han visitado junto a ONG y diputados. 

Una antigua trabajadora de este recurso afirma que solo presenció una inspección en los meses que estuvo en Hoya Fría y que, además, se les avisó previamente. “Cuando vinieron el jefe nos llamó a la oficina y nos advirtió de que venían. Nos dijo también de no decir ciertas cosas”, añade.

Visitas avisadas 

En este punto coincide otro empleado que trabajó durante cinco meses en un recurso de Quórum en Tenerife. El educador, que prefiere no revelar su nombre, ha relatado a este periódico que algunos menores sufrían vejaciones “de todo tipo”. “Al final hay algunas muy sutiles, como reírse de su ropa, de su religión, de sus creencias… En realidad, viene relacionado con que las personas que trabajan allí no están capacitadas para trabajar con estas personas [menores migrantes]. Lo normal es que sean ex porteros de discoteca”, cuenta. La única inspección que él vivió fue “de riesgos laborales”. “Tampoco la cumplió. Los extintores estaban tirados en el suelo, no había botiquín, ni salidas de emergencia”, recuerda.

“Las inspecciones se avisan. Así que son un paripé”, reconoce una trabajadora social de Gran Canaria que ha pasado por diferentes recursos de acogida en los últimos años. “Se saca a los chicos que puedan quejarse, porque eso lo he visto. Se deja la casa súper limpia, se compran cosas… Hay centros que ni así pasan el filtro de lo mal que están”, sostiene. Según su testimonio, el control es mayor en los hogares que gestiona el Cabildo insular, donde, según ella, se hace como mínimo una inspección al año.

Preguntada por si las fundaciones están avisadas de que va a producirse la inspección en una fecha concreta, la directora general responde que “no necesariamente”. “Hay inspecciones que se cursan sin previo aviso y otras en las que es necesario comunicar porque lo que se pretende es hablar con los menores, para lo que es necesario que estén en los centros”, subraya.

Con respecto a la violencia ejercida contra los menores en los centros, la directora general de Infancia asegura que dos casos han sido notificados a la Fiscalía Provincial de la Sección de Menores de Santa Cruz de Tenerife y un tercero a la UCRIF (la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional). Otros dos casos investigados por el Ministerio Público se corresponden con hechos que tuvieron lugar en dos dispositivos de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria y que fueron notificados a la Fiscalía por el Ministerio de Juventud.

Unicef insiste en la falta de protocolos homogéneos de actuación. Según la agencia de Naciones Unidas que trabaja por la defensa de los derechos de la infancia, el sistema de protección debe establecer un sistema de indicadores que permita conseguir que los centros sean entornos seguros y protectores de la infancia “también en situaciones de emergencia”.

Naciones Unidas recuerda que deben cumplirse los requisitos de la Ley de Protección Integral a la Infancia (LOPIVI) frente a la violencia, creando mecanismos de queja para que los niños puedan hacer llegar sus problemas y se adopten planes específicos de protección frente a la violencia. “Estos avances (y los problemas que puedan surgir en este camino) tienen que ser monitorizados en todo momento por parte de las administraciones responsables”, sentencia Unicef.

Una emergencia que dura años

La escasa supervisión de los centros es, según Unicef, una “constante” en muchas comunidades autónomas. Una carencia que se agudiza en situaciones de “contingencias migratorias”. “Ni la supervisión que tienen que hacer las fiscalías de menores ni la de las Direcciones Generales de Infancia son tan frecuentes como deberían”, señalan desde la agencia de Naciones Unidas que trabaja por la defensa de los derechos de la infancia.

Aunque las inspecciones son esenciales “siempre”, lo son aún más cuando se abren centros de emergencia “totalmente saturados” y se contratan a profesionales “poco formados”. “Tengamos en cuenta que no dejan de abrirse centros de emergencia, es difícil encontrar a personal formado, hay centros con más de 150 niños… El grado de frustración y las condiciones emocionales son muy preocupantes por la falta de opciones formativas y de atención psicológica o por los retrasos en los trámites”, apostillan.

Para Virginia Álvarez, responsable del área de Investigación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, el problema es que se sigue gestionando la acogida de menores no acompañados en Canarias como una emergencia. “El hecho de que haya tan pocas inspecciones es un síntoma de que no se han adecuado los recursos suficientemente’’, valora.

Álvarez también apunta a la falta de personal y recuerda que, aunque ahora se ha reforzado, la Dirección General de Infancia contaba con ocho técnicos en cada provincia. “Muchos de los problemas que ha habido en los centros es también debido a que no ha habido una adecuada vigilancia por parte de los responsables que tienen que ejercerla”, indica la investigadora.

“Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que las autoridades canarias y estatales se den cuenta de que esto no es algo de emergencia. Hay que redimensionar los recursos humanos a las necesidades reales que hay”, concluye.

Este periódico ha intentado conocer la versión de las entidades Samu, Quórum y Asociación Coliseo, encargadas de la gestión de muchos de los centros de menores migrantes en Canarias, pero ninguna de las tres ha respondido.