La creciente influencia del crimen organizado en la política
Las organizaciones criminales demostraron en el 2024 por qué representan una amenaza creciente para la democracia en América Latina y el Caribe, pues ejercieron una influencia nefasta sobre varias elecciones y situaciones políticas en toda la región, según afirma Insight Crime en su serie Game Changers 2024, publicada recientemente.
Algunos grupos criminales amenazaron o asesinaron a candidatos y funcionarios, privando así a los ciudadanos de su derecho a un gobierno libremente elegido y representativo.
En otros casos, las redes criminales utilizaron la corrupción para manipular u obstruir las elecciones y doblegar a los gobiernos a su antojo, independientemente de la voluntad popular, según indica Game Changers.
El crimen organizado también incidió indirectamente en las dinámicas políticas. Algunos dirigentes aplicaron medidas de mano dura contra la criminalidad, que generan réditos políticos, pero a menudo son contrarias a los derechos humanos. Otros vieron su reputación manchada por acusaciones de vínculos con actividades ilícitas.
En un año en el que se celebraron elecciones en más de media docena de países de la región, el crimen organizado dejó patente la magnitud de la amenaza que representa para la democracia. Algunos de los primeros indicios sugieren que la situación podría entrar en una espiral destructiva, afirma Insight Crime.
Uno de los peligros más serios del crimen organizado es que constituye una amenaza a la estabilidad de la democracia y el Estado de derecho. En tiempos en que la democracia sufre retrocesos, la debilidad de las instituciones democráticas, la corrupción y la desigualdad son terreno fértil para el crimen organizado. Como resultado, la inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos.
Como reacción, los gobiernos, desesperados por reducir el temor y las críticas de los ciudadanos, optan por enfoques de mano dura para enfrentar la criminalidad.
Estos enfoques combinan la aplicación coercitiva de la ley, el despliegue de policías con tácticas militarizadas para vigilancia interna, detenciones masivas y arbitrarias, y cargos cada vez más graves. Sin embargo, a mediano y largo plazo, estos enfoques no han erradicado el crimen organizado, como se ha demostrado en varios países.
En cambio, han provocado que se adopten nuevas configuraciones que permiten a estas organizaciones eludir o sobrellevar las medidas represivas del Estado, en ocasiones con la complicidad de funcionarios.
Como sugiere el International Crisis Group, sería más eficaz que los gobiernos combinen el desarrollo de la capacidad para una aplicación eficiente de la ley con enfoques más asertivos y programas económicos y sociales, incluidos aquellos dirigidos a proporcionar medios de vida lícitos a las comunidades más vulnerables.
Para interrumpir el ciclo de violencia exacerbado tras la pandemia de covid-19, los gobiernos nacionales y locales deben alejarse de los enfoques de mano dura y priorizar nuevos planes y programas sociales y económicos que apoyen a los jóvenes vulnerables, quienes, de otro modo, son arrastrados a la órbita de los grupos criminales.
En Costa Rica, la presente administración se resiste a esta realidad, por lo que la violencia criminal continúa reproduciéndose.
Ante la mutación y el recrudecimiento de la violencia de las bandas criminales, los gobiernos, en ocasiones, se muestran reacios a reconocer la gravedad de estas amenazas.
Sus respuestas están rezagadas frente a la crisis creciente, y, en gran medida, permanecen varados en la convicción de que la aplicación estricta de la ley es el único recurso. A veces, también dejan de actuar para justificar el uso de estrategias de mano dura. Como bien dice el refrán, se deja de ver el bosque por ver los árboles.
En definitiva, los problemas políticos que causa el crimen organizado no pueden ser ignorados por ningún poder del Estado ni por ninguna fuerza política.
Cuestiones como la participación en el juego político nacional y local presionando y sobornando a políticos, financiando campañas o designando candidatos; corrupción e intimidación de agentes y funcionarios del Estado tienen una repercusión negativa categórica sobre la gobernabilidad y la democracia.
Esto aumenta el riesgo de convertir a los países en narco-Estados o Estados capturados, como en los casos de Honduras y Guatemala.
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Cecilia Cortés Quirós es internacionalista.