La política hídrica reciente y nuevas perspectivas inminentes generan entre los regantes de Alicante, Murcia y Almería la inquietud de por una vuelta de tuerca más para enterrar el trasvase Tajo-Segura . Dos datos alimentan esta incertidumbre: 26 recortes aplicados por el Gobierno y un 40% de merma adicional que se avecina con un cambio de las reglas de explotación . Tanto el presidente de los agricultores del Scrats, Lucas Jiménez , como representantes de la Región de Murcia y el PP almeriense, además de la Universidad de Alicante, han expresado esta semana sus quejas por el cierre paulatino del grifo del que depende la llamada ' huerta o despensa de Europa '. Con los dos embalses que abastecen el acueducto -Entrepeñas y Buendía- a un nivel que se mantiene desde hace meses en cifras récord en más de una década, exactamente 1.101 hectómetros cúbicos según la información ministerial actualizada en embalses.net, esta abundancia no es más que un « espejismo », según Jiménez. No le falta razón, porque se mantienen restricciones al riego de entre el 40% y el 57% en la cuenca del Segura, por la sequía extrema arrastrada durante todo 2024. No en vano, dirigentes autonómicos murcianos se han referido al « terrible legado » de la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera , quien antes de marcharse a Bruselas como nueva dirigente comunitaria, ha decidido 26 recortes a los trasvases en seis años, 189,9 hectómetros cúbicos en total. Un volumen que se acerca al equivalente de todo un año de transferencias hídricas para el campo, sin contar la cuota para abastecimiento doméstico en los hogares, que tiene siempre prioridad, aunque representa un porcentaje menor que el destinado a la agricultura. A ese bagaje se sumará en breve el anunciado cambio de las reglas de explotación tan reclamado con urgencia por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page . Por su interés, los regantes ya intuyen que será un golpe de mano sustancial en la línea de mermar aún más el envío de agua al sureste peninsular. En este contexto, el catedrático de Universidad de Historia Económica de la UA e investigador del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la UA (IUACA) Joaquín Melgarejo Moreno, ha afirmado en las jornadas «Reflexiones sobre la política hidráulica española en el marco de la UE», organizadas por la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad (CAPDS) de la Universidad Miguel Hernández, y celebradas el pasado viernes en la Lonja de Orihuela , que «resulta imprescindible elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN), que cumpla aquello que tiene encomendado por el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que no es otra cosa que la resolución de los problemas que los planes de demarcación, por sí solos y en su escala, no son capaces de resolver». Ha añadido que «es técnicamente imposible cumplir los objetivos y ejecutar en plazo las inversiones del Plan Hidrológico 2022-2027» y para hacerlo habría que triplicar hasta 2027 la licitación pública actual de infraestructuras de agua, de 2.750 a 8.100 millones de euros al año para alcanzar el objetivo de 37.116 millones de euros. «Estamos en 2025 y seguimos sin Presupuestos Generales del Estado , con lo que las inversiones recogidas en los distintos planes hidrológicos de cuenca se van a ver profundamente afectados», ha añadido, además de subrayar que España arrastra un déficit de inversión de obra hidráulica de 27.000 millones y SEOPAN cifra en el 20,5% los contratos de concesiones que quedaron desiertos en 2023. Melgarejo ha puesto el trasvase Tajo-Segura como «ejemplo paradigmático de cómo una infraestructura puede transformar una amplia región», durante décadas, el motor de desarrollo. «Sin embargo, la decisión política de reducir los caudales trasvasables , agravada por el incremento injustificado de los caudales ecológicos, plantea una serie de problemas que afectan no sólo a la economía del Levante, sino al equilibrio territorial de España», ha alertado. Ha anticipado que se estima que el agua trasvasada se reducirá en unos 110 hm3/año, lo que provocará la pérdida de unos 15.000 empleos y de unas 30.000 hectáreas de cultivos de regadío «y estas pérdidas podrían ser mayores si además de modifican las reglas de explotación del ATS, tal como prevé el Ministerio».
