El gobierno quiere legalizar la destrucción de Crucitas, dice abogado ambientalista

Edgardo Araya, exdiputado, abogado ambientalista y dirigente de la oposición a la explotación minera en Crucitas de San Carlos, considera que al abogar por legalizar la extracción del oro a cielo abierto, el gobierno evade la responsabilidad de defender el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano. Araya criticó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para legalizar la explotación minera en Crucitas, texto que le asignaría al presidente y a los ministros la potestad de escoger a las empresas que recibirían los contratos.

“La única solución que ha propuesto el Gobierno es legalizar la destrucción, es decir, sigamos destruyendo, pero ahora legal y ordenadamente. Lo que están haciendo es reforzar la zona con policía y presentar un proyecto de ley que pretende generar las condiciones legales para que una empresa pueda venir, moler la montaña con mercurio o cianuro, llevarse el oro y dejar ese material tóxico en lagunas de relave por los próximos mil años”, reclamó.

El abogado descartó que las técnicas de minería hayan avanzado lo suficiente como para disminuir el daño ambiental que provocan.

“Dicen que se puede realizar minería ordenadamente, de manera responsable y con tecnología de punta, pero uno ve a Minas Gerais, en Brasil, con las empresas mineras más importantes del mundo y la tecnología de punta, y en los últimos seis años murieron 300 personas sepultadas en avalanchas de lagunas de relave llenas de cianuro, con destrucción que ha llegado hasta el mar. Esa es la tecnología de punta que quieren utilizar aquí”, criticó el entrevistado.

Debido a la permanente minería ilegal en Crucitas, todos los días se contamina la tierra y el agua con mercurio tóxico, que es utilizado por los coligalleros para extraer el oro. Por eso, Araya considera que hoy el ambiente está más deteriorado que hace dos años.

“Si de verdad quisieran abordar ese problema tendrían una comandancia en la finca, no solo para darle seguridad a la finca, sino para darle seguridad al eje Crucitas-Tablillas, donde no solo hay minería ilegal, sino que también hay trata de personas, contrabando y narco. Pero lo que quieren es ir por ese oro”, aseveró el exdiputado.

Edgardo Araya, habitante de San Carlos, sostiene que la administración actual no ha hecho por Crucitas nada diferente a lo que hicieron sus antecesores, los presidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.

“Ni Solís ni Alvarado hicieron algo concreto, pero este gobierno tampoco. Desde que Chaves fue a embarrialarse los zapatos (en 2022) hay mucho más mercurio, y no ha hecho nada para que eso cambie. La comunidad no ha recibido nada más que una patrulla, y tras de eso he oído quejas de que sale carísimo mantener la seguridad ahí, como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Ahora, se dedican a mantener a la Policía ahí, a deslegitimar la lucha ambientalista del 2010 y a revertir la prohibición a la minería, sin proponer ninguna alternativa”, reclamó el exdiputado.

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Para el abogado, mantener la presencia policial en Crucitas y en la finca Vivoyet es un requisito mínimo.

“Eso no va a erradicar la minería ilegal, porque hay mucho campo, mucho espacio. Es la lógica del efectismo: para ellos lo importante es que a la gente le quede en la mente que él dijo que iba a hacer algo, pero en la realidad no ha pasado nada. Al final, no importa si hizo o no hizo algo, solo importa si habló golpeado, si regañó”, explicó Araya.

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Araya: Gobierno usó arbitraje para evadir intervención de Crucitas

El líder ambientalista Edgardo Araya sostiene que el gobierno utilizó la existencia del arbitraje internacional de Infinito Gold contra Costa Rica para evadir la responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente sano.

“Permitió al gobierno estar dos años sin hacer nada, pero es muy discutible. Con el arbitraje, justificaron no defender el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano, que es la obligación principal del Estado. ¿Por qué hay que esperar a un arbitraje para defender la naturaleza, el agua, el suelo, para hacer valer un derecho? ¿Cómo es que hay que esperar que un tribunal autorice a defender un derecho?”, cuestionó el exlegislador.

Araya explicó que, en el 2021, luego de que Costa Rica ganó el arbitraje internacional contra Infinito Gold, la empresa canadiense solicitó un procedimiento de anulación del fallo.

Sin embargo, ese procedimiento de anulación en ningún caso podía reestablecer la minería en el país; como máximo, podía ordenar el pago de una indemnización a la firma extranjera. Por eso, añadió, no tenía sentido argumentar que el arbitraje prohibía la intervención del Estado en Crucitas.

“El arbitraje no iba a prohibir o avalar la intervención en Crucitas, porque el tema de fondo estaba resuelto y el tribunal internacional no tiene la potestad para reiniciar el proyecto minero. Infinito pidió la nulidad del fallo, pero lo que ellos pidieron no tenía la potencialidad de traerse abajo todo el caso. No tiene sentido argumentar el tema del laudo para no hacer nada”, reclamó el abogado.

Finalmente, en junio del 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó de que las partes habían presentado una solicitud de terminación del procedimiento de conformidad con las reglas de arbitraje, por lo que el caso llegó a su final. Infinito Gold desistió de su demanda.

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Araya sostiene que, si la administración Chaves Robles tiene verdadero interés en intervenir Crucitas, existen fondos internacionales para financiarlo.

“Nosotros somos parte de la Convención de Minamata y ahí hay mucha plata para sanear el mercurio. Esa plata se puede utilizar, pero la tiene que pedir el gobierno de cada país. Entonces, si al gobierno le interesa, la puede pedir; si no le interesa, no la va a pedir. Ese es el problema: la voluntad política. Esa plata está condicionada a usarla en el saneamiento”, recalcó el entrevistado.

“Lo que están haciendo los coligalleros hoy está mal, es dañino y están generando contaminación, pero es un rasguño a la tierra comparado con lo que quieren hacer. Es como que un doctor atienda un paciente con un rasguño en el brazo, y el rasguño se le está infeccionando, entonces, el doctor decide cortarle todo el brazo. Esa es la lógica”, finalizó el abogado.

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