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¿Funcionó el estado de emergencia en la lucha contra la criminalidad?

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El exministro Rubén Vargas, el dirigente de los transportistas Martín Valeriano y los investigadores Cynthia Yamamoto y Miguel Villaverde señalan que la medida de excepción aplicada por el Gobierno no ha tenido resultados. Sostienen que faltan medidas efectivas y realistas que cuenten con el respaldo de equipos de inteligencia. 

“Declaratorias de emergencia fueron un rotundo fracaso”

Rubén Vargas Céspedes - Exministro Del Interior

Este Gobierno ha confundido la declaratoria del estado de emergencia con la estrategia que debería tener y no tiene. (Y es que) en el marco de ella, de una estrategia, es que se tendrían que revisar una serie de medidas, entre ellas, si era necesario el estado de emergencia.

Entonces, definitivamente, no han funcionado y no pueden funcionar porque la naturaleza del desborde criminal tiene que ver con economías ilegales, tiene que ver con criminalidad organizada local, criminalidad organizada transnacional, con el crimen, con el delito y el crimen oportunista.

En primer lugar, es imposible que una medida como el estado de emergencia pueda enfrentar y ser una respuesta efectiva a un problema complejo como el que hemos señalado.

En segundo lugar, hemos visto que en las zonas afectadas por la criminalidad organizada, tanto predatoria, urbana, como las vinculadas a las economías ilegales, han crecido mucho más, se ha complicado.

Hay un claro control territorial de las estructuras criminales donde se ha declarado los estados de emergencia. En el caso de Lima, las declaratorias de emergencia fueron un rotundo fracaso porque los índices de criminalidad y la victimización, y la percepción de esta inseguridad, han aumentado considerablemente.

Transportistas como Martín Valeriano denuncian la falta de protección y el incremento de extorsiones, dejando en evidencia la insuficiencia del patrullaje y la necesidad de reformar la Policía Nacional. Foto: difusión

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“Los estados de emergencia no frenan la criminalidad”

Miguel Villaverde - Especialista en Políticas Públicas

Aunque está vigente el estado de emergencia en algunas zonas, considero que esto no evidencia un impacto real contra la inseguridad que viene atravesando el país.

La situación no cambia, solo se trasladaron estos flagelos a los distritos aledaños donde hay patrullajes sin resultados, debido a que existen muchas comisarías que cuentan solo con 4 patrulleros para su jurisdicción.

Los datos reflejan que los estados de emergencia no sirven para frenar la criminalidad organizada, tales como son el sicariato, la extorsión y otros delitos complejos.

Esencialmente, el Estado debe accionar en las causas que originan la comisión de estos delitos y no adoptar medidas politizadas y populistas que resultan en fracaso tras fracaso.

Es importante señalar que el Gobierno, a través de la policía y autoridades, reconstruyan la confianza entre los ciudadanos y el Estado, así como el de generar mecanismos que puedan proteger y prevenir a las víctimas de estos delincuentes.

Además, deben ejecutar estrategias que fortalezcan el sistema de investigación criminal, sistema de inteligencia y fortalecimiento de las instituciones del Estado que se encargan de sancionar o investigar estos delitos. De no observarse ello, estas organizaciones criminales seguirán operando y fortaleciéndose como lo vienen haciendo.

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“Los transportistas somos blanco del cobro de cupos”

Martín Valeriano - Presidente de Anitra

Ya todos sabemos que el estado de emergencia no es una cuestión disuasiva, que no ha tenido efectos en los diferentes distritos donde se optó por estas medidas.

Creo que no ha dado, finalmente, resultados esta medida del Gobierno. El patrullaje no es suficiente, se necesita más presencia policial, tanto en las diferentes calles y avenidas como en los paraderos y terminales de transporte.

Ya en algún momento, nosotros sostuvimos una reunión con el ministro José Santiváñez, porque, a pesar de que se comprometió a darnos resguardo, a la fecha no hay nada. Hasta ahora, los transportistas seguimos siendo blanco de las extorsiones y del cobro de cupos para trabajar.

Por ello, los transportistas nos vemos obligados a seguir pagando, porque no sabemos a quién recurrir, porque la policía ha hecho poco o nada por resolver el problema, el cual se le reclamó en su momento al ministro del Interior.

Por otro lado, creo que tiene que haber una reestructuración, primero de los componentes de la Policía Nacional, partiendo del ministro Juan José Santiváñez, quien ya hace tiempo debería de haber dado un paso al costado, y así mismo de los altos mandos policiales.

Por ello, vamos a solicitar un proyecto que restablezca instituciones como la Policía de Investigaciones y el GEIN y que cuenten con alta tecnología para la lucha contra la delincuencia.

Se alerta sobre el aumento de la inseguridad en áreas afectadas, mientras se denuncia la insuficiencia de patrullajes y recursos en comisarías para combatir el crimen organizado. Foto: difusión

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“Las municipalidades no tienen igual cantidad de recursos”

Cynthia Yamamoto - Cofundadora de Peruanos de a Pie

Parece que los estados de emergencia no están funcionando en los distritos, porque si bien es cierto que hay una restricción de libertades individuales para el actuar de la Policía, en muchas zonas realmente no se ve que el resultado esperado se esté dando.

Por eso vemos muchas veces que se aumenta el índice de criminalidad, el índice de homicidios y la delincuencia. Por el otro lado, me parece que no son suficientes los patrullajes.

Muchas veces, las municipalidades no tienen igual cantidad de recursos; entonces, tenemos distritos más pudientes donde hay una mayor cantidad de efectivos policiales, y a su vez efectivos del serenazgo, y también unidades vehiculares y motorizadas para poder hacer el patrullaje.

Entonces, no es necesariamente suficiente. Y en el caso de qué debería hacerse, bueno, en realidad no existe una fórmula mágica, pero sí debería empezarse, por ejemplo, con estas iniciativas para la lucha contra la extorsión, como es bloquear las cuentas bancarias a través de las cuales se recibe el dinero, intervenir en el circuito de las comunicaciones.

En el caso de personas que estén investigadas, permitir nuevamente la reejecución de la detención en casos de no flagrancia, y dotar de mayores recursos a la Policía para hacer las labores de inteligencia e investigación de forma efectiva.




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