La Fiscalía pide la declaración del novio de Ayuso para reactivar la causa por delitos fiscales
La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que reactive la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental tomándole declaración como investigado, como han confirmado fuentes jurídicas a LA RAZÓN.
La intención del Ministerio Público es que no se retrasen más las actuaciones dado que el próximo mes de marzo se cumplen los doce meses de plazo para la instrucción que acabarían sobreseyendo la causa contra Alberto González Amador ya que, al no haber siquiera comparecido el imputado ante la jueza, no podría solicitarse una prórroga de los plazos, tal y como explican las citadas fuentes a este diario.
La investigación judicial había quedado paralizada por un recurso presentado por la defensa del empresario ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura por parte de la instructora de una pieza separada a esta causa principal en relación a la denuncia que presentaron contra González Amador el PSOE y Más Madrid en la que reclamaron que se indagase en si cometió otros cinco delitos fiscales como parte de una supuesta ocultación de ingresos que habría recibido del Grupo Quirón.
Su declaración estaba prevista para el pasado 29 de noviembre, pero la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pidió que se aplazase, a lo que la jueza Inmaculada Iglesias accedió, hasta que la Sección Tercera de la Audiencia madrileña se pronunciase sobre la legalidad de la apertura de la pieza separada alegando que "comparte un hecho nuclear de la liquidación tributaria" con la principal y ambas tienen por objeto de la investigación judicial los mismos hechos.
Este presunto fraude de más de 300.000 euros a la Agencia Tributaria en el Impuesto de Sociedades de dos ejercicios anuales (2020 y 2021) es, precisamente, por el que, tras trasladarse la denuncia de Hacienda a la Fiscalía de delitos económicos de Madrid, el letrado de González Amador planteó al fiscal Julián Salto por correo la posibilidad de llegar a un pacto de conformidad en el que el empresario admitía la comisión de los delitos a cambio de evitar una pena de cárcel.
Este correo fue el que acabó publicado en El Plural y por cuya presunta filtración investiga el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, por un delito de revelación de secretos.