El abogado general de la UE reclama anular la directiva europea apoyada por España que justifica la subida el salario mínimo
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) presentó una petición para anular la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, adoptada en 2022, al considerar que la Unión Europea no tiene competencias para regular sobre la remuneración de los trabajadores. La petición, que no es vinculante para el tribunal a la hora de dictar la sentencia definitiva, ha sido criticada por la Confederación Europea de Sindicatos, que la calificó de "muy controvertida" y consideró que supone una amenaza para la "legislación europea más importante para los trabajadores en una generación", según recoge Efe.
El letrado europeo se pronunció en respuesta al recurso presentado por Dinamarca, con el apoyo de Suecia, para anular una directiva a la que se habían opuesto desde el primer momento por considerar que interfiere con sus modelos de fijación de salarios basados en la negociación colectiva.
El abogado apoya uno de los argumentos presentados por Copenhague y considera que la directiva debe ser anulada por incumplir el Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite al bloque adoptar directivas para fijar requisitos mínimos en materia de condiciones laborales pero deja claro que estas competencias no se extienden a regular la remuneración de los trabajadores, entre otros aspectos. Da así la razón a Dinamarca en contra del criterio de las instituciones comunitarias y de ocho Estados miembros que intervinieron en el caso en apoyo a la directiva, incluidos España, Francia, Alemania y Portugal.
La norma, adoptada en 2022, establece medidas para asegurar que los países con salario mínimo fijado por ley lo establecen en niveles decentes y lo actualizan, y que en los Estados dónde se determina vía negociación colectiva, esta cubre a la mayor parte de los trabajadores; pero no fija un salario mínimo común para los Veintisiete.
La Confederación Europea de Sindicatos consideró en un comunicado que la opinión del Abogado en General no tiene en cuenta el objetivo general de la directiva de evitar la competencia injusta a base de salarios bajos, ni varios precedentes legales que avalan la competencia de la UE para regular aspectos ligados a la protección de la remuneración, así como que ignora la Carta Social Europea. "La Directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados ya ha animado a varios gobiernos nacionales a reexaminar la adecuación de sus salarios mínimos, aumentando los sueldos para millones de trabajadores con pagas bajas.
Este umbral de decencia ahora está en el punto de mira de la opinión (del Abogado General), que sorprendentemente defiende la competencia dentro de la UE basada en bajar los salarios mínimos", apunta la organización. Tal y como recuerdan los sindicatos, la opinión de los abogados generales no es vinculante para los jueces del Tribunal de Justicia de la UE, cuya sentencia puede desviarse del criterio de los letrados.