El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó adoptar medidas estrictas de control y contención del gasto, ante la disminución de su presupuesto para este año, lo que empezó a generar molestia entre los trabajadores, algunos de los cuales proponen irse a huelga.El viernes 10 de enero, el Pleno del órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales aprobó la dispersión del presupuesto, derivado del recorte de 13 mil 117.2 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo a los recursos solicitados por esta institución.¿De cuánto fue el presupuesto autorizado?El presupuesto autorizado al CJF fue de 62 mil 025.5 millones de pesos, lo que representa una disminución del 17.1%, respecto de lo presupuestado para 2025 y del 13.4% en términos reales por debajo de lo autorizado en el ejercicio 2024.Por lo que se estableció que, pese a la reducción presupuestal se respetarán los salarios y prestaciones de la totalidad de los trabajadores, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Pero con un ajuste a las asignaciones adicionales y a las reglas de operación del Seguro de Operación Individualizado (Segsei) y Fondo de Reserva Individualizado (Fori), limitando el porcentaje de aportaciones por parte de la institución al 2%, con independencia del porcentaje que aporten las y los trabajadores.¿Qué dijo el CJF?A través de un comunicado interno, el CJF informó que en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, esta misma semana iniciarán las gestiones para su obtención y que no se vea afectado el pago de la tercera asignación adicional y se pueda aumentar el porcentaje del Segsei y Fori.Puntualizó que, lo anterior, se hará en cumplimiento a lo dialogado con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para gestionar una ampliación al presupuesto.Trabajadores del PJF protestan en Jalisco Mientras tanto, en Jalisco, trabajadores del Tercer Circuito protestaron ante el anuncio y en las próximas horas definirán si organizan una huelga.Por su parte, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C., señaló que el “ajuste” a las asignaciones adicionales (bonos) y a las reglas de operación del Segsei y Fori, es una afectación a derechos adquiridos de los trabajadores. “Si bien se menciona que se ‘respetarán’ los salarios, se pasa por alto que las prestaciones son parte integral de éstos, por lo que el ‘ajuste’- entiéndase disminución— desde luego que constituye una lesión a tales derechos”.“Estamos en contra de la postura asumida por el CJF, la que desde luego va en contra del décimo transitorio del Decreto de reforma al PFJ, publicado el 15 de septiembre de 2024; el cual —según el dicho de la propia presidenta de la República— garantiza la totalidad de los derechos de las personas trabajadoras”, indicó.Por ello, emplazaron al CJF para que, en todo caso, el ajuste presupuestario lo aplique en áreas de menor importancia que los derechos de las personas trabajadoras y con ello se tutele la protección constitucional que corresponde.Asimismo, hicieron un “llamado urgente” al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y al Sindicato de Renovación para que se pronuncien de manera inmediata sobre las medidas que tomarán en defensa de los derechos laborales adquiridos, independientemente de las acciones que surjan de la base trabajadora.“Presenten un plan de acción concreto para contrarrestar estas medidas que afectan directamente a sus agremiados. Convoquen a una asamblea general extraordinaria para discutir y determinar las acciones colectivas a implementar”.Piden a Corte respetar condiciones de trabajo A su vez, la Asociación Mexicana de Trabajadoras del PJF, hizo un enérgico llamado al CJF y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a respetar las condiciones generales de trabajo vigentes de todas las personas que laboran en esta institución.“Exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal asuma su responsabilidad de respetar y proteger los derechos de las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial, quienes en su mayoría somos cabezas de familia y principales proveedoras en nuestros hogares. Vulnerar nuestras condiciones laborales no solo implica un atropello a derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de miles de familias que dependen de nosotras”.“El respeto a las condiciones generales de trabajo es indispensable para garantizar un entorno laboral digno, equitativo y justo. Dichas condiciones no solo constituyen derechos conquistados a lo largo de los años, sino que también son esenciales para que podamos desempeñar nuestras funciones con el profesionalismo, la entrega y el compromiso que caracteriza a las trabajadoras del Poder Judicial”, apuntaron.Exhortaron al consejo a actuar con apego a los principios de legalidad, justicia y perspectiva de género, y a reconocer la importancia de las mujeres trabajadoras como columna vertebral de esta institución.Corte reconoce al CJF durante paro de actividadesLa SCJN reconoció la actuación del CJF porque no se paralizó la actuación de la justicia pese a la suspensión de actividades de jueces y magistrados federales que inició en agosto pasado en protesta contra la reforma judicial, decisión que evitará que se finquen sanciones administrativas y penales a todos los involucrados.Los ministros coincidieron que el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales al emitir la circular 17/2024 actuó en el marco de sus atribuciones, luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció una suspensión de actividades que comenzó el 21 de agosto.El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo la propuesta de reconocimiento, la cual fue apoyada por el bloque opositor, pero que votaron en contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahfl, afines al movimiento de la Cuarta Transformación.“Se considera que el Consejo de la Judicatura Federal actuó en el marco de sus atribuciones como encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como en la protección de la autonomía de los órganos jurisdiccionales que lo integran". “Asimismo, se estima que la determinación, sobre la suspensión de actividades y el dictado de medidas sobre la tramitación de asuntos con carácter urgente se dictó sin prejuzgar en la toma de decisiones que se suscitó entre los integrantes de la Jufed y particularmente atendió a preservar la continuación de las labores judiciales y a garantizar el ejercicio de impartición de justicia”, señaló.Pardo Rebolledo puntualizó que de no haber emitido un pronunciamiento, tras reconocer la existencia de la suspensión de actividades, sí se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a la ciudadanía, al no haberse suspendido los términos respectivos. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres no estuvieron de acuerdo en reconocer la validez de la circular, porque enfatizaron que dicha solicitud ya quedó sin materia, ya que las labores se reanudaron en noviembre pasado.Ortiz Ahfl dijo no estar de acuerdo en que el consejo haya actuado dentro de sus facultades.“El consejo refrendó el derecho de todas las personas del Poder Judicial de la Federación de manifestarse pacíficamente dentro del marco legal. Sin embargo, no hizo compatible lo anterior con la continuidad de la función pública de impartición de justicia, cuya naturaleza es esencial, tal y como se reconoció en las distintas circulares. Mediante las circulares del Consejo se suspendieron plazos y se establecieron las hipótesis de casos urgentes, lo cual en realidad significó interrumpir el funcionamiento ordinario de los órganos jurisdiccionales, facilitando el incumplimiento de los deberes constitucionales, tal y como manifesté públicamente en aquella ocasión”. “Reconozco el derecho de todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial Federal a expresar sus opiniones de manera libre, no obstante, dada la naturaleza fundamental de las funciones que realizamos, nos encontramos sujetas y sujetos a restricciones distintas y en este sentido, no debemos afectar a otras personas, mucho menos a la población en su conjunto”, manifestó.En la circular 17/2024 emitida el 23 de agosto pasado, el CJF mencionó que tomó conocimiento de la declaratoria de la Jufed de suspender actividades y refrendó el derecho de los servidores públicos a manifestarse pacíficamente, además agregó que entabló comunicación con los representantes de los sindicatos del PJF, luego de que los trabajadores suspendieron actividades el día 19 del mismo mes.Ante esta situación, el CJF suspendió plazos y ordenó la atención de casos urgentes, mientras se resolvía el conflicto.RM
