Los británicos, sorprendidos con las trabas a la compra de viviendas a extracomunitarios: "¿Os queréis dar un tiro en el pie?"
Una de las doce medidas que anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para combatir la actual crisis de vivienda que sufre España es la de incrementar las trabas a las compras por parte de ciudadanos extracomunitarios. Se trata, según dijo el jefe del Ejecutivo, de priorizar las viviendas que hay disponibles para los residentes. Para ello, anunció que se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda aquí.
El anuncio de Sánchez ha caído como una verdadera bomba en Reino Unido, el país que encabeza el ránking de ciudadanos extranjeros que más viviendas compran en España y al que afecta de lleno la medida después del Brexit. En 2023, último año del que hay datos completos, los británicos compraron 8.173 viviendas en España, según los datos de los registradores. Por eso, la medida anunciada por Sánchez ha puesto en alerta a los británicos.
Según explica José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, agencias británicas e inversores se han puesto en contacto ya con agencias de la Costa del Sol y otras regiones costeras para mostrar su preocupación por la medida. "Nos preguntan si nos queremos pegar un tiro en el pie", asegura Alfaro que han comentado.
Y es que la medida promovida por Sánchez no sólo preocupa a los británicos sino también dentro de España porque no soluciona en términos cuantitativos el problema -el propio Sánchez reconoció que sólo 27.000 extracomunitarios adquirieron vivienda el año pasado, cuando la cifra global de operaciones rondará las 600.000- y sí puede crear otros. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) advierte de que "la tipología de vivienda que estos compran [los extracomunitarios], así como su ubicación y características no responden a las necesidades de la demanda doméstica, por lo que no están restando viviendas asequibles al mercado". Por el contrario, añaden, "sí que aportan grandes beneficios a la economía y empleo de determinadas zonas de nuestro país, donde existe un mercado consolidado de turismo residencial, en la que compradores extranjeros pasan largos periodos de tiempo aun no siendo sus residencias habituales".
Buscar "chivos expiatorios"
Desde la consultora Colliers España, su presidente, Mikel Echavarren, ha declarado a la agencia Bloomberg que lo que trata el Gobierno es de "buscar un chivo expiatorio, colectivos a los que culpar de su inacción". "El engañoso mensaje es que el Gobierno quiere evitar la especulación. Pero nadie se compra un piso en España y no lo usa", añade Echavarren.
La noticia sobre esta medida ha sido ampliamente tratada en los últimos días por la prensa británica. Precisamente, en declaraciones a "Financial Times", Antonio de la Fuente, director gerente de Colliers, consideró poco probable que la propuesta aliviara las "tensiones" en el mercado inmobiliario, señalando que las 27.000 compras anuales de propiedades por parte de residentes no comunitarios se comparan con el total de 26 millones de viviendas en España. "Es una gota en el océano", dijo.
De hecho, el experto expresó dudas sobre si la medida alguna vez se convertiría en ley, aunque apuntó que la "incertidumbre y el ruido" generados por la propuesta impulsarían a algunos inversores inmobiliarios individuales e institucionales a alejarse de España y buscar en otros lugares.
También en declaraciones a la BBC, posibles compradores británicos de vivienda en España aseguraron que la propuesta les había hecho reconsiderar la compra en el país.