Los altos funcionarios denuncian el traspaso de la elección de funcionarios con habilitación nacional a Cataluña por ser "en fraude de ley"
Los altos funcionarios de la Administración General de Estado (AGE) vuelven a la carga contra la activación por parte del Gobierno central de las comisiones bilaterales con la Generalitat sobre el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña –para cumplir el acuerdo sobre el cupo asumido por Hacienda– y más traspasos de competencias. El primero de ellos –y que ha levantado en armas a varias asociaciones de altos empleados públicos– se ha consumado esta misma semana, después de que el ministro de Función Pública, Óscar López, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, acordaron que el gobierno regional asuma los procesos de selección de la próxima convocatoria pública de funcionarios con habilitación nacional.
Esta convocatoria, que se formalizará en marzo, contará con 1.000 plazas de interventores, secretarios y tesoreros de municipios catalanes, y se desarrollará a través de una encomienda de gestión a la Administración catalana, «medida que podrán solicitar también otras comunidades autónomas», informaron fuentes ministeriales. El Govern defiende su derecho a asumir el control sobre las ofertas de funcionarios de esta categoría, la selección de los candidatos, su formación, el nombramiento y asignación del primer puesto de trabajo, y la gestión de su situación administrativa.
Unos argumentos que no han convencido a las asociaciones de altos funcionarios directamente implicadas. Así, la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) han mostrado su «rotundo rechazo» a este pacto por haberse llevado a cabo «mediante una encomienda de gestión que encubre una cesión competencial en claro fraude de ley». En este sentido, estos empleados públicos denuncian que un gobierno autónomo no puede tener «las competencias relativas a las ofertas de empleo de los funcionarios de habilitación nacional, su selección, formación, nombramiento y asignación del primer destino, ni tampoco la gestión de su situación administrativa».
Además, advierten a Óscar López de que tampoco se puede abrir la posibilidad a que otras comunidades autónomas soliciten igualmente asumir estos procesos en sus territorios, porque «lo que se pretende es una vuelta al sistema ya fracasado de selección autonómica que, por inoperante e ineficaz, fue suprimido en el año 2013, devolviendo las competencias al Estado. La mayor garantía de imparcialidad de los funcionarios encargados del control jurídico y económico en las entidades locales se logra con una selección centralizada, alejada de los poderes políticos territoriales y de su influencia en los procesos de selección».
Desde Apsital, también avisan de que, «cuando sepamos cómo se materializa este traspaso, estudiaremos la vía de impugnación, porque consideramos que lo que pretenden es una cesión competencial por la puerta de atrás. Han utilizado la convocatoria de las 1.000 plazas y el concurso ordinario como una cortina de humo, con la que hacernos creer que hay algo que celebrar». Además, critican que la convocatoria «no va a permitir su cobertura total, salvo que se baje drásticamente el nivel. Lo que deben hacer es convocar los procesos con diligencia y celeridad y no tarden más dos años en resolverlos». Unas acusaciones que han suscrito otras asociaciones de funcionarios, como la Asociación de Interventores y Auditores del Estado, la de inspectores de Hacienda o la que engloba a todas, Fedeca, que rechaza las transferencias de las competencias del Estado a una comunidad autónoma, en especial las tributarias.
El acuerdo firmado por López y Dalmau es el primer capítulo de la aceleración que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar para cumplir con las exigencias de sus socios independentistas. Por ello, el Ejecutivo central y la Generalitat acordaron ayer mismo activar varias comisiones bilaterales para avanzar en el traspaso de competencias a Cataluña que hasta ahora eran exclusivas del Estado y que solo se contempla su aplicación en esta región. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó que se van a poner en marcha «el máximo de los traspasos posibles», que tendrán que ver con la «financiación de los servicios públicos, la Justicia y otros servicios esenciales», a través de la negociación en varias comisiones, entre ellas la bilateral, en la que «abordaremos la cuestión de la financiación singular en cumplimiento de los acuerdos de investidura».
El calendario acordado señala que el próximo 17 de febrero se reúna la Comisión de Infraestructuras; el 24 del mismo mes, la de transferencias y la bilateral –en esta segunda se abordará la financiación singular–; y en la última semana de febrero, la de asuntos económicos.
Ante este salto cualitativo de la relación de bilateralidad entre Estado y Generalitat, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha enviado una carta a la Generalitat de Cataluña advirtiendo de las «graves consecuencias del cupo catalán». En la misiva, los inspectores se muestran «muy preocupados» por los «efectos tan negativos en el sistema tributario, ya que supondría el fraccionamiento de la Agencia Tributaria» y sería «un desastre total en la aplicación del propio sistema tributario, difícilmente reversible».
Además, alertan sobre que «nadie ha puesto de manifiesto ningún efecto positivo de dicho acuerdo, salvo los de tipo político». Por ello, reclaman que a la hora de emitir su opinión como expertos en la materia, tengan en cuenta los planteamientos de la Asociación, ya que el «cupo catalán» supondría «un desastre total en la aplicación del sistema tributario, difícilmente reversible». Junto a la carta, firmada por su presidenta, Ana de la Herrán, los inspectores de Hacienda han remitido el documento «Una Administración tributaria de todos y para todos presentado en el último Congreso del IHE, en el que se analiza las consecuencias de la financiación singular y se advierte de los «efectos negativos que ello conllevaría y del desastre que supondría para la aplicación del sistema tributario».