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Январь
2025

Año escolar 2025: ¿Cuáles son las medidas que un colegio privado debe tomar sino pago la mensualidad?

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Con el inicio del año escolar 2025 programado para el 17 de marzo, según la Resolución Ministerial 556-2024-MINEDU, muchas familias se encuentran evaluando las mejores opciones educativas para sus hijos. Entre estas alternativas, los colegios privados destacan por ofrecer diversas propuestas académicas, pero también implican obligaciones contractuales que los padres de familia deben conocer a detalle para garantizar una relación justa y transparente con las instituciones educativas.

Ante este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha recordado los derechos y deberes que tienen tanto los padres de familia como los colegios privados, especialmente en lo referente al cumplimiento de los pagos de pensiones escolares.

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Derechos de los estudiantes ante la morosidad de pagos

Aunque los padres de familia están obligados a cumplir con el pago de las pensiones pactadas en el contrato de servicios educativos, los colegios privados deben actuar respetando ciertos límites legales frente a situaciones de morosidad. Según lo indicado por INDECOPI, las instituciones educativas no pueden tomar medidas que afecten directamente el bienestar y el desarrollo académico de los estudiantes. Entre las acciones prohibidas se encuentran:

  • Bloqueo de acceso a plataformas virtuales de aprendizaje.
  • Impedir la asistencia a clases presenciales.
  • Negar la participación en evaluaciones académicas.
  • Retener o negar la entrega de libretas de notas u otros documentos relacionados con el desempeño escolar.
  • Exponer o señalar públicamente al estudiante por pensiones impagas, ya sea durante clases, en grupos de redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería.

Estas medidas buscan proteger los derechos fundamentales de los estudiantes, garantizando su acceso a la educación sin discriminación ni estigmatización por razones económicas.

Acciones permitidas para los colegios ante la morosidad

Si bien las instituciones educativas tienen restricciones sobre cómo actuar ante la falta de pago, sí cuentan con mecanismos legales para proteger sus intereses financieros. INDECOPI aclara que los colegios privados tienen la facultad de negar la matrícula del estudiante para el siguiente año escolar si los padres no cumplen con los pagos acordados. Sin embargo, esta medida solo es válida si:

  • Está expresamente estipulada en el contrato de servicios educativos firmado antes del inicio del año escolar.
  • La institución educativa notifica a los padres con al menos 30 días de anticipación a la finalización del año escolar.

Este plazo es crucial, ya que brinda a los padres de familia el tiempo necesario para buscar otra institución donde sus hijos puedan continuar sus estudios sin interrupciones. En caso de que el colegio no realice la notificación dentro del plazo establecido, estará obligado a aceptar la matrícula del estudiante para el año escolar siguiente.

Importancia de revisar el contrato educativo

INDECOPI recomienda a los padres de familia leer detenidamente el contrato de servicios educativos antes de firmarlo. Es fundamental verificar que todas las condiciones, incluyendo las consecuencias ante la morosidad, estén claramente establecidas. Esto evitará conflictos futuros y permitirá a ambas partes cumplir con sus obligaciones de manera transparente.

De igual manera, los colegios deben proporcionar contratos claros y accesibles, evitando cláusulas abusivas o poco comprensibles que puedan afectar los derechos de los consumidores.

Un llamado a la responsabilidad y transparencia

El inicio del año escolar 2025 se presenta como una oportunidad para fortalecer la relación entre las familias y las instituciones educativas. Cumplir con las obligaciones financieras y respetar los derechos de los estudiantes son pilares fundamentales para garantizar un ambiente escolar adecuado y justo.

Tanto padres de familia como colegios privados están llamados a actuar con responsabilidad, transparencia y compromiso, priorizando siempre el bienestar y la educación de los estudiantes.




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