Moncloa prepara una foto entre Illa y Puigdemont como gesto a Junts
El Gobierno volvió ayer a enmendarse a sí mismo para mantener vivo el hilo que sostiene la legislatura y que les ata irremediablemente a Junts. Determinados, como decían estar en Moncloa, a tumbar la cuestión de confianza que exigía Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, el PSOE se envainó el órdago y optó por darse mus, trasladando toda la presión al expresidente catalán, que hoy reúne a su núcleo duro en Bruselas, y que comparecerá posteriormente para restablecer el ritmo de la partida. La Mesa del Congreso congeló la tramitación de la iniciativa posconvergente y fuentes socialistas argumentan su marcha atrás en la necesidad de «proteger» la mayoría de la investidura y las negociaciones que se mantienen abiertas con Junts.
En el Ejecutivo vuelven a tragarse sus palabras y ya ultiman una batería de gestos hacia sus socios para persuadirles y desincentivar el ánimo de ruptura. A la espera de que Carles Puigdemont se beneficie de la amnistía y se apliquen sus efectos jurídicos, en su entorno exigen un «despliegue político» de la misma. Esto consiste en otorgar al expresidente catalán el estatus de amnistiado y relacionarse con él en base a esta condición, «reconociéndole como interlocutor». La estrategia pasa por una «rehabilitación política», dejar de tratarle como «un fugado de la Justicia» y cultivar los afectos. «El PSOE ya ha entendido que con Puigdemont hay que hacer esta política de gestos. Entrar en la dinámica del chantaje no va a ningún lado», relata un socio del Gobierno.
De ahí que, pese a las reuniones de las delegaciones socialista y de Junts que se celebran periódicamente en Suiza para fiscalizar el avance de las negociaciones, desde la formación posconvergente piden movimientos al máximo nivel. En el horizonte está, a la espera de que se concrete, la reunión entre Puigdemont y Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ya ha confirmado en varias ocasiones que se producirá, no rehúye el encuentro, pero se reserva para un momento culmen de la relación, esto es, cuando Junts esté en condiciones de garantizar la legislatura o, lo que es lo mismo, acepte aprobar los Presupuestos. En un inicio, Sánchez condicionó la instantánea conjunta a la vuelta del expresidente de la Generalitat a España, pero con los obstáculos judiciales actuales ya ha asumido que se producirá en Bruselas.
Mientras llega este gran gesto y con el objetivo de seguir cultivando esta política de afectos, está previsto que antes sea el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se reúna con Puigdemont. Así lo señalan a LA RAZÓN fuentes conocedoras de las conversaciones, lo que, apuntan, serviría para abonar ese despliegue político de la amnistía. El expresidente catalán ya reclamó en el pasado una reunión con Illa sin éxito: de hecho, reaccionó airadamente cuando éste visitó Bruselas y esquivó el encuentro el pasado mes de noviembre.
«Es evidente que la negativa a mantener una reunión institucional similar a la que ha tenido con el resto de expresidentes solo se explica por su resistencia política a aplicar la amnistía», se quejó en redes sociales Puigdemont, para apuntar que «su actitud equivale a un discurso perfectamente comprensible. Ni él ni su partido querían la amnistía, ni la judicial ni la política, y por eso se niega a aplicarme políticamente una ley que está en vigor desde hace meses». Ahora, en la parte socialista sí estarían dispuestos a que esta reunión se produjera, pero también miden los tiempos y no van a dejar expuesto a Illa. La cita se podría desbloquear de manera inminente en virtud del contenido de la intervención que haga hoy Puigdemont.
Entretanto, los socialistas siguen desplegando su artillería. El ministro Félix Bolaños se prodiga con relativa frecuencia por Cataluña para mantener los contactos, se está avanzando –con visos de profundizar– en la desclasificación de documentos sobre los atentados de las Ramblas, el Tribunal Constitucional ha apartado al magistrado conservador José María Macías de las sentencias sobre la amnistía y se traslada a Puigdemont que la resolución judicial es cuestión de meses.