¿Qué es el decreto ómnibus del Gobierno y por qué el PP y Junts no lo apoyan?
El Pleno del Congreso de los Diputados vota este miércoles tres nuevos reales decretos del Gobierno: el impuesto a energéticas, el de la revalorización de las pensiones y el denominado “decreto ómnibus”. De los tres reales decretos, éste último es el que ha generado más incertidumbre a lo largo de las últimas semanas. Desde el Partido Popular han confirmado que no apoyarán al Gobierno a la hora de aprobar este decreto ley, y estas son las consecuencias de la decisión de los populares.
El portavoz económico de los populares, Juan Bravo, ha insistido en que, si el Gobierno llama a su formación para trabajar o presentar propuestas, estarán, pero ha confirmado que rechazan esta "invención" y este "proyecto de recortes y chantajes".
¿Qué es el decreto ómnibus impulsado por el Gobierno?
El decreto ómnibus recibe este nombre por incluir varias leyes o reformas de diferentes ámbitos que, pese a ser dispares, son votadas al mismo tiempo. En este caso, la norma en cuestión recoge un amplio paquete de medidas económicas y tributarias aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 —están en vigor desde el pasado 23 de diciembre y el Congreso tiene que decidir si las convalida o los deroga—.
Entre ellas, se incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables.
En qué consiste el impuesto a las energéticas
Una de las medidas más polémicas tiene que ver con el gravamen para el sector energético , el cual lo pactó Hacienda con ERC y Bildu y fue aprobado por decreto ley. La naturaleza del impuesto es temporal pero el Gobierno lo quería convertir en permanente. Tras la negativa del PNV para apoyar esta medida, Podemos ha anunciado que romperá las negociaciones sobre los Presupuestos Generales de 2025 si deroga el decreto para ampliar el impuesto a las energéticas.
Como novedad, el gravamen temporal energético a satisfacer en el año 2025 contempla que las compañías se puedan deducir hasta un 60 por ciento del impuesto en función de la dotación que realicen para inversiones dedicadas a la transición energética.
El gravamen original fue aprobado a finales de 2022, en plena crisis energética, con carácter temporal (dos años) y extraordinario, para que las energéticas, que, según el Gobierno, se beneficiaban de los altos precios que había alcanzado la energía y obtenían beneficios récord.
Este impuesto es de aplicación a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
En concreto, y en caso de que se aprobara, la deducción será de un mínimo del 10 por ciento, porcentaje que se incrementará hasta el 60 por ciento si la dotación excede la cuantía de la prestación, que se corresponderá con el 1,2 por ciento de la cifra de negocios del año 2024.
Como ejemplo, si una compañía debe pagar 100 millones por el impuesto, se reducirá el pago un 10 por ciento si la dotación no supera los 100 millones que debe abonar. Además, todo lo que destine a la dotación por encima de los 100 millones permitirá una deducción del 30 por ciento, con el límite de que en su conjunto no supere el 60 por ciento del impuesto a pagar.
¿Por qué el Partido Popular y Junts no apoya este decreto ómnibus del Gobierno?
El decreto «ómnibus» recoge un amplio abanico de iniciativas: desde la revalorización de las pensiones hasta las ayudas a la DANA o al transporte público. En este último es donde el Gobierno central ahora sus esfuerzos con un claro giro discursivo. La presión gubernamental ha pasado de ejercerse sobre Junts a hacerlo sobre el PP.
Un rechazo que implicaba que todos los focos se posicionaran en el PP, que jugó al despiste hasta el final con el afán de generar una ansiedad total al Ejecutivo. Los populares habían dejado entreabierta la posibilidad de abstenerse en el decreto ómnibus, lo que implicaría de facto que salvarían dos de tres de los decretos frente a la división de los socios del Gobierno.