El exchofer de Bárcenas insta al PSOE a apartarse de "Kitchen" por "coherencia" con su reforma que no deja acusar a los partidos
Sergio Ríos, el exchofer de Bárcenas procesado por la sustracción en 2013 al que fuera tesorero del PP, con el supuesto respaldo de la excúpula de Interior y de altos mandos policiales, de documentación sensible para la formación popular sobre el "caso Gürtel", quiere que el PSOE se aparte del procedimiento, en el que ejerce la acusación popular, en coherencia con la proposición de ley socialista que prohíbe a los partidos políticos ejercer la acción popular.
Así lo pone de manifiesto en un escrito dirigido a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que Ríos -para quien el PSOE pide una condena de 36 años y un mes de prisión, frente a los doce años que reclama la Fiscalía, por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad- en el que insta a la Sala a requerir al partido que lidera Pedro Sánchez para que "ratifique dicha personación o se desista de la misma, conforme a la proposición de ley orgánica presentada".
La defensa de Ríos, que además de percibir pagos mensuales de 2.000 euros procedentes de los fondos reservados fue recompensado con un puesto en la Policía- considera que esa iniciativa legislativa "pudiera ser incoherente con el mantenimiento de la acusación popular en el presente procedimiento".
El exchofer de Bárcenas acompaña a su petición una copia de la proposición de ley orgánica registrada por el PSOE en el Congreso para la garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, en la que -recuerda- se estipula que no podrán ejercitar la acción popular "los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos".
Además, apremia al tribunal -que ya ha señalado mayo de 2026 como inicio del juicio- que se dirija en el mismo sentido "al resto de los partidos políticos (Podemos) personados como acusación particular en este procedimiento". La formación morada pide una condena de 26 años de prisión para Ríos.
Ríos se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional junto, entre otros, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que fuera su "número dos", Francisco Martínez, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a varios ex mandos policiales por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas que se habría orquestado desde el Ministerio del Interior con cargo a fondos reservados para sustraer al ex tesorero documentación comprometedora para el PP relativa al "caso Gürtel". La investigación apunta a que Villarejo y el también comisaroi Enrique García Castaño pretendían quedarse con la documentación sustraída a Bárcenas para "presionar" o "extorsionar" a la cúpula de Interior y garantizarse su "impunidad".
Según la investigación que llevó a cabo la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, la "operación Kitchen" se llevó a cabo para montar un dispositivo de vigilancia de Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y personas de su entorno, como así se hizo "entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013 y los días 23 de enero y 12 de febrero de 2014". Esa actuación se habría camuflado con el objetivo de localizar el patrimonio que pudiera estar ocultando el matrimonio para no hacer frente a sus responsabilidades en el "caso Gürtel", apuntalando así los indicios de blanqueo. Para ello, el entonces chófer de Bárcenas jugaría un papel clava como "agente encubierto" pues su misión era la sustracción de esa documentación.
Según un informe de la citada unidad policial incorporado al sumario, era la "detección del lugar de ocultación de documentos relativos al Partido Popular y las personas que ocupaban sus órganos directivos" y su posterior "incautación", todo a espaldas del juez instructor y sin control alguno.
La investigación señala que fue el comisario Andrés Gómez Gordo quien captó a Ríos para que colaborase en esta operación parapolicial que supuestamente contó con el beneplácito de la cúpula de Interior. Los pagos de 2.000 euros mensuales se camuflaron como "gastos contraídos con ocasión de las gestiones y/o asesoramiento en materia de prevención, seguridad y otras efectuadas durante el mes en curso".
En total, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, Villarejo y Gómez Gordo realizaron 25 pagos en efectivo, con una periodicidad mensual, a Sergio Ríos por un total de 53.266 euros entre julio de 2013 y septiembre de 2015. Así lo puso de manifiesto tras analizar la información de los fondos reservados desclasificada por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2018. El grueso de esos desembolsos, 50.000 euros, se justificó como "sueldos y salarios" y se incluyó en el epígrafe "colaboradores" -según consta en los recibos consultados por la UDEF-, otros 2.574,53 euros como gastos de comida y 496,65 euros más, como transporte. El dinero procedía de los fondos reservados que gestionaba la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
Todo a cambio de la información que el entonces chófer de Bárcena habría conseguido sustraer al extesorero: documentos manuscritos de Rosalía Iglesias y un disco duro con los datos volcados de dos móviles del exdirigente del PP. Información que fue debidamente custodiada para, según apuntó la UDEF, "el conocimiento de su contenido por parte de los responsables de la formación política y el control sobre la misma evitando la difusión a terceros de información sensible y la posibilidad de que pudiera incorporarse al procedimiento judicial en curso".
Para conseguirla, se estableció un dispositivo de vigilancia del domicilio familiar de Bárcenas -que se encontraba en prisión provisional desde el 27 de junio de 2013- y del taller de restauración de Rosalía Iglesias, donde pensaban que el extesorero escondía esa documentación sensible para el PP. Los informes de la UDEF dejan constancia de las medidas de seguridad que adoptaba Ríos (a quien los mandos policiales se referían como "moso", "gitano" y "el machaca") para no ser descubierto. Con el tiempo, esos seguimientos se ampliaron a "los lugares de frecuencia donde acudía su mujer y personas vinculadas a ésta, vehículos, empresas, teléfonos y personas relacionadas".