Sospechoso de lavado afirmó que un viceministro le hacía documentos
El empresario autobusero Jonathan Herrera González, quien fue detenido como sospechoso de lavar dinero producto de actividades criminales en el caso Madre Patria, afirmó que un viceministro del gobierno actual le hacía documentos que, posteriormente, él llevaba a un ministro.
“Le voy a contar algo y, si usted dice, yo digo que es mentira. Los documentos me los hace el viceministro a mí y yo se los llevo al ministro, todo lo llevo ya en hoja hecho y el ministro me dice: ‘Mae, esto yo lo tengo, esto nosotros lo hemos movido’. Yo le digo: ‘Yo sé, porque mi asesor me lo hace, mi asesor sabe que ustedes esto lo tienen pegado’”, dijo Herrera en una conversación telefónica interceptada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 16 de agosto del 2023.
De seguido, su interlocutor, un hombre de apellidos Miranda Vargas, a quien identifican como Huevo, le respondió “que buscara algo donde se mencione la necesidad de recibir ayuda de los diputados” y que él se encargaba, afirmándole de seguido: “Yo sé con quien, yo sé quien para conseguirle la firma de los dos diputados de Naranjo y de Grecia, de todo eso”.
Durante, esa conversación se mencionaron los nombres del viceministro y del ministro. Sin embargo, de previo, ambos hombres hablaron sobre rutas de autobuses, tarifas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y de otras compañías autobuseras.
Si bien el OIJ captó esta conversación en el marco de las pesquisas por el Caso Madre Patria, en el que se investiga a una banda dedicada supuestamente al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica, su contenido derivó en otro caso denominado Richter y que implica a seis altos funcionarios públicos.
Se trata de Leslye Bojorges León, diputado y precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes; Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón; Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); Lourdes Saúrez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP); y Jorge Arturo Campos Araya, regidor socialcristiano por Alajuela.
La Fiscalía presume que Jonathan Herrera González, quien trabaja en conjunto con el español Fernando Gómez González —ambos detenidos por el caso Madre Patria— realizaban hechos delictivos a fin de obtener beneficios para empresas autobuseras ubicadas en Alajuela, San José y Puntarenas, las cuales habrían sido usadas como esquemas idóneos para lavar dinero producto de actividades ilegales.
“El grupo criminal recluta funcionarios públicos de distintas instituciones estatales con el fin de procurarse impunidad (filtración del Poder Judicial) y favorecimiento en sus intereses económicos y empresarias (filtración del Consejo de Transporte Público), logrando concesiones, permisos, o bien, desplazar posibles competidores en el ámbito del transporte público”, consignó el fiscal general, Carlo Díaz, en una solicitud de intervención de las comunicaciones que envió a la Sala Tercera, el 23 de abril del 2023.
Investigación en el MOPT
En julio del año pasado, cuando trascendieron las detenciones por el caso Madre Patria, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, confirmó que abriría una investigación en contra del viceministro Carlos Ávila.
Además, reconoció que Ávila se reunió una vez con alguno de los investigados.
“Parece que el día de hoy se le está pidiendo a la auditoría del MOPT que haga una revisión de lo que él nos ha expresado. Técnicamente, que una vez se reunió con una empresa que había pedido una audiencia. Que haga la auditoría en términos de correos electrónicos, y a quién ha recibido don Carlos. Hasta el momento tiene el apoyo tanto de la Presidencia, como del MOPT esperando poder entregarle un informe al Presidente de la República”, explicó Batalla en aquella oportunidad.