López Aliaga pide declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista para tener ayuda de EE.UU.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha solicitado que el grupo criminal Tren de Aragua sea declarado como una organización terrorista. Esta petición se da en respuesta a la creciente inseguridad en la capital peruana y busca otorgar más herramientas legales a las autoridades para combatir al crimen organizado que amenaza en los últimos años.
El Tren de Aragua, originado en Venezuela, es conocido por actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas y asesinatos. Su expansión en Perú ha encendido alarmas, especialmente en Lima, donde los niveles de violencia han aumentado. López Aliaga sostiene que una declaración de terrorismo permitirá a las fuerzas del orden actuar con mayor firmeza y eficacia frente a esta amenaza.
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Rafael López Aliaga pide nombrar al Tren de Aragua como terroristas
Según el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, la medida de nombrar como grupo terrorista al Tren de Aragua, sería importante para combatir eficazmente al crimen organizado, que ha extendido sus operaciones en diversas regiones de América Latina.
“Si en Estados Unidos ya tiene esa calificación de organización terrorista, podríamos pactar con su gobierno para intervenir al Tren de Aragua tanto en Perú como en el extranjero”, declaró López Aliaga. El burgomaestre destacó que este primer paso permitiría reforzar la lucha contra la delincuencia.
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Tren de Aragua ha causado terror en Perú
La llegada del Tren de Aragua a Perú coincide con un incremento de la violencia en varias regiones del país. De esta manera, López Aliaga ha señalado que las acciones tradicionales no han sido efectivas y que es urgente tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los limeños.
Si se declara al Tren de Aragua como organización terrorista, las autoridades podrán aplicar herramientas legales más estrictas, como detenciones preventivas o congelamiento de bienes. Sin embargo, esta medida también podría abrir debates sobre derechos humanos y el debido proceso, factores que el gobierno deberá considerar al evaluar la solicitud del alcalde.