La semana negra de García Ortiz: 48 horas clave en el Supremo
Álvaro García Ortiz afronta una semana sin precedentes en la historia de la Fiscalía General del Estado. El máximo representante del Ministerio Público declara el miércoles en el Tribunal Supremo (TS) como investigado, algo insólito en la historia de la institución, por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Pero, paradójicamente, García Ortiz puede afrontar ese doloroso paseíllo en el alto tribunal despojado ya de la condición de fiscal general, pues un día antes la Sala de lo Contencioso del alto tribunal decidirá si prospera el recurso planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento (en realidad la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renovarle en el cargo) en diciembre de 2022. Mañana mismo está fijada la deliberación y el fallo de ese recurso, aunque está por ver si finalmente se hace público ya.
La asociación fiscal –que también ejerce la acusación popular en la causa contra García Ortiz por revelación de secretos que instruye el magistrado del TS Ángel Hurtado– reclama al Supremo la anulación de esa designación porque considera que García Ortiz «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno» y ha «faltado el respeto» al Consejo Fiscal «al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias», negándose a debatir la posible incompatibilidad para el cargo de fiscal de Memoria Democrática de Dolores Delgado.
Ahora, la Sala deberá decidir si, como mantiene APIF, «no puede trasladarse a la ciudadanía» que la persona al frente de «una institución clave y esencial» dentro del Poder Judicial «queda dentro o en la órbita del Ejecutivo».
El fiscal general llegó a recusar sin éxito a cuatro magistrados de la Sección Cuarta encargados de decidir sobre su nombramiento porque fueron los mismos que apreciaron «desviación de poder» en su decisión de proponer al Gobierno el ascenso a la máxima categoría de la carrera de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal togada. Para García Ortiz, esos jueces estaban contaminados y, dada la supuesta animadversión que denotaba esa resolución, habían perdido la necesaria apariencia de imparcialidad para decidir sobre su nombramiento. Pero esa recusación no prosperó y en el seno del Tribunal Supremo provocó perplejidad, como informó este periódico, que un fiscal general se sumase a las tesis del «lawfare» del independentismo.
Pero al margen de si ese recurso para apartarle del cargo sale adelante, García Ortiz acudirá el miércoles al Supremo para declarar por primera vez como investigado en relación a la filtración de datos reservados sobre la investigación por fraude tributario al novio de Ayuso. Allí deberá intentar acreditar lo que se ha encargado de repetir hasta la saciedad: que no se difundió ninguna información que no se hubiese publicado ya antes y que únicamente pretendía desmentir un bulo: que el ofrecimiento de pacto a la defensa de González Amador había partido de la Fiscalía, y no a la inversa, y que desde la Fiscalía se había frenado ese posible acuerdo por tratarse de la pareja de la presidente madrileña.
García Ortiz llega a ese trance procesal señalado por la Unidad Central Operativa (UCO), que considera que la filtración de los correos entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el entonces abogado del novio de Ayuso salió de la propia Fiscalía General del Estado el 13 de marzo del pasado año (horas antes de que, al día siguiente, la Fiscalía divulgase una nota pública detallando el cruce de correos, algo en lo que sin embargo el instructor no aprecia delito alguno porque para entonces esa información ya se había divulgado).
Y, sobre todo, el fiscal general acudirá a declarar con la espada de Damocles que implica saber que el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, le atribuye un papel «relevante» en la filtración del correo clave para acreditar que fue la defensa de González Amador la que propuso el pacto –intercambiado el 2 de febrero con el fiscal del caso– y que cree que fue él quien «dirigió los pasos» que desembocaron en la filtración investigada. Hasta el punto de que, según pone de relieve Hurtado en la resolución en la que le citó a declarar, todo el trasiego de mensajes que se sucedieron la noche del 13 de marzo «aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales», se produjeron «bajo su batuta».
Por si fuera poco, dos precedentes tampoco ayudan mucho a explicar su actuación. Por un lado, el borrado de los mensajes de su móvil escudándose en un protocolo interno de seguridad que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra (a quien reclamó insistentemente esos correos), negó en su declaración como testigo. Y por otro, el hecho de que cambiara de móvil una semana después de que el Supremo abriese la investigación contra él. De ambas cuestiones deberá también dar explicaciones.