Un artículo de la revista Nature de 2024 hablaba de una idea radical para detener los impactos a nivel global del rápido derretimiento del hielo de la Antártida occidental. Un proceso que puede elevar el nivel del mar global hasta cinco o seis metros. Para contrarrestar su impacto se proponía una cortina subterránea de 80 kilómetros de largo y 100 metros de alto para evitar que el agua subterránea caliente llegase a los glaciares. Un proyecto en el que investigadores como John Moore, profesor de cambio climático en el Centro Ártico de la Universidad de Laponia, confesó que «no sabía de forma absoluta si podía funcionar o no, pero que debería explorarse». Este proyecto de geoingeniería glacial o modificación artificial del tiempo generó un acalorado debate científico. Sin embargo, Shibata Akiho, investigador de derecho internacional de la Universidad de Kobe, sostiene en un estudio grupal de enero de 2025 que el impacto geopolítico se ha minimizado peligrosamente. Sostienen que existe un riesgo significativo de que el proyecto convierta a la Antártida en «escenario u objeto de discordia internacional». Los investigadores de la Universidad de Kobe sostienen que este megaproyecto de geoingeniería podría provocar una agitación política sin igual en torno a la soberanía y la seguridad de un entorno que ha conseguido la proeza de mantenerse como un modelo de colaboración internacional pacífica durante más de 60 años. Y es que la Antártida es el corazón frío del planeta. Un desierto blanco, inhóspito, de aguas hostiles y con los llamados 40 vientos rugientes recorriendo sus océanos australes. Recibe menos atención que el Ártico. Y sin embargo, los intereses de las grandes potencias se van posicionando en la zona con una sigilosa visión de futuro de los que no tienen bola de cristal, pero sí estrategia. Es un diamante en bruto que pone los dientes largos a empresas y países, mientras se superponen reclamaciones territoriales. Es un enclave por el que líderes políticos, como Trump ya han mostrado un creciente interés. De hecho, el presidente estadounidense emitió en 2020 un memorando sobre «la protección de los intereses nacionales de Estados Unidos en las regiones del Ártico y la Antártida» que reveló que tenía esta tierra en su punto de mira. Y como recuerdan desde el 'think tank' de CSIS, su campaña de 2024 incluía la promesa del fortalecimiento de la capacidad industrial de fabricación de Estados Unidos y la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos en las dos regiones polares. La Antártida cubre una superficie aproximada de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, más grande que toda Europa. En ella rige el Tratado Antártico que inhibe cualquier reclamación territorial, militarización o explotación económica, a excepción del turismo. Lo que ha generado una garantía de protección ecológica de la región y de investigación de las bases instaladas. Y a la vez ha servido como una herramienta que ha evitado cualquier enfrentamiento. Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas y general de brigada retirado, nos explica que la Antártida es un condominio, un espacio en el cual se ejerce una soberanía compartida por unos países que son los signatarios del Tratado Antártico que data de 1959. «Empezó siendo firmado por doce países, pero ahora son 54 en total. 28 son socios consultivos, con voz y voto. Y los otros 26 tienen voz, pero no tienen voto ni veto», añade. Lo que está en juego con ella son cantidades ingentes de hidrocarburos, minerales, pesca o agua dulce, así como ser la meca de la industria farmacéutica. Pero la presencia creciente de Rusia y China pone nerviosos a muchos y acelera tensiones , ya que conseguir una situación dominante en ambos polos sería una jugada magistral. Todo esto puede convertir los actuales acuerdos de la Antártida en papel mojado. El que hasta ahora se hayan congelado las intenciones sobre esta región no garantiza que las cosas sigan igual en los próximos años. «Este trabajo arroja luz sobre las 'sombras' políticas y jurídicas que se esconden tras la apasionante superficie de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, creemos que es necesario que los miembros de la sociedad tomen decisiones sobre el desarrollo de estas tecnologías», sostienen los especialistas. «Incluso si la idea de la cortina de hielo fuera técnicamente factible y ambientalmente inocua, aún así crearía desafíos políticos y legales importantes para los acuerdos de gobernanza actuales en la Antártida«, añaden. Sostienen que la geoingeniería glacial aún no se ha planteado como una opción política en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, pero no es descabellado que se proponga políticamente como una solución a medio plazo. E indican que en el clima actual, con una rivalidad internacional creciente y una competencia estratégica entre grandes potencias, s ería un logro diplomático casi improbable asegurar el nivel de cooperación internacional para las infraestructuras de geoingeniería glacial propuestas. Además, «si estas ideas fueran realmente eficaces para detener o ralentizar el aumento del nivel del mar podrían afectar a otras comunidades y a su economía a escala planetaria», razonan. Lo que plantea un escenario extremo en el que la estructura antártica podría —en teoría— «ser saboteada o atacadas con fines de chantaje político o terrorista, así como con fines bélicos , de manera similar a las represas o las centrales nucleares, como se ve actualmente en la guerra entre Rusia y Ucrania«, indican. Este aspecto de la seguridad están totalmente ausentes en el discurso. Y destacan que por muy inverosímiles que puedan parecer estos escenarios, la mera posibilidad de estos riesgos de seguridad tiene implicaciones de seguridad. «En consecuencia, sería necesario vigilar y proteger las infraestructuras, las que tendrían importantes consecuencias para la vigilancia y el uso de la fuerza en la Antártida, así como para las dimensiones estratégicas, teniendo en cuenta que el único del planeta que nunca ha visto una guerra«, afirman . Además, los especialistas señalan que dadas las difíciles dimensiones financieras, de ingeniería y logísticas de la propuesta de la cortina submarina, surge la pregunta de si los inversores y las empresas privadas, que probablemente se encargarán de la realización de un proyecto de ese tipo, querrán proteger sus activos mediante el despliegue de contratistas de seguridad privados. «Un escenario de ese tipo también podría sentar un nuevo precedente legal en el contexto del Tratado Antártico, que permite el transporte de equipo militar, como armas, si es en apoyo de la investigación o »para cualquier otro propósito pacífico. En este sentido, exhortan a seguir el debate sobre la geoingeniería glacial a fin de mantenerse a la vanguardia de posibles controversias. «Si bien la geoingeniería glacial puede tener el potencial de romper o rehacer la gobernanza antártica, el primer resultado parece mucho más probable que el segundo», sentencian.
