Y de justicia ni hablamos
¿Qué hora es?
— ¡La que usted disponga, señor presidente!
No hace mucho tiempo circulaba en nuestro país el diálogo previo entre el gobernante en turno y su subordinado y con ello se ilustraba con claridad la sumisión a la línea de mando. Se trataba de una cultura política que permeaba en los más diversos ámbitos de la vida social y que de alguna manera se imponía incluso a la impartición de justicia.
Décadas han pasado desde entonces y al parecer volvemos a aquellos escenarios arbitrarios. Años construyendo una institucionalidad que garantizara el libre ejercicio de derechos para ahora verla en proceso de deconstrucción. Estamos ante el peor de los mundos; se está instituyendo un nuevo diseño para la administración de la justicia que lejos está de la neutralidad que esa responsabilidad implica y, al mismo tiempo, se desacredita esa tarea tanto en el discurso diario de quien hoy gobierna como en los hechos.
Vayamos por partes. Ya en otras ocasiones hemos referido que la elección de juzgadores no es la solución al problema de administración de justicia de nuestro país, y que nos enfrentamos al riesgo de que el funcionario electo por esa vía atienda sesgadamente a sus promotores y electores antes que al sentido de las leyes. Independientemente de que puede ser electo el más popular y no necesariamente el más capaz y con la mejor trayectoria.
Por otra parte, para impulsar la reforma al Poder Judicial, se construyó una retórica —a la que hizo eco quien lo presidió durante cuatro años— según la cual lo que predominaba en la impartición de justicia era la corrupción y el nepotismo, que sin duda existía, pero no en el orden en el que se exhibió y lo que sí hizo fue contribuir al descrédito de ese poder del Estado.
A lo anterior se suman ahora nuevos elementos que abonarán a la subordinación, al descrédito y además a la incertidumbre, sello fundamental de un Estado de derecho. La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial continuar con el proceso para hacer llegar al Senado la lista de candidaturas para ocupar diversos cargos de jueces, magistrados y ministros.
Recordemos que el mencionado Comité había interrumpido sus tareas atendiendo a lo instruido por dos jueces que ordenaron suspender dichas actividades. Ante eso, tres de los cinco integrantes del Tribunal Electoral, arguyendo la supremacía de unas instancias sobre otras —cuestión inexistente, ya que en la impartición de justicia no existe tal prevalencia, sino en todo caso facultades y circunscripciones—, ordena que el proceso de selección de candidaturas proceda, atribuyéndose facultades de las que carecen frente a cualquier otra instancia judicial.
Ante esta evidente contradicción de criterios, la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso a solicitud del Comité, cuestión que está prevista en los procedimientos cuando estos casos se presentan. ¿Qué sentencia debe atender el Comité? El caso se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ahora tiene la grave responsabilidad de hacer a la brevedad un proyecto para la consideración del pleno de la SCJN.
Los otros dos Comités de Evaluación, los de los poderes Ejecutivo y Legislativo, desatendieron sin más las sentencias de los jueces, con lo que evidencian su clara desafección a las leyes, sus procedimientos para atender diferencias y sus implicaciones. Prefirieron politizar los hechos a la necesaria deliberación jurídica.
Pero a los tres magistrados de la Sala Superior no les bastó erigirse como máxima autoridad, sino además penalizaron el caso al turnar una denuncia a la Fiscalía General de la República contra al menos uno de los jueces que había ordenado la suspensión del proceso.
Estamos frente a un gravísimo precedente, se puede estar en contra de los criterios dirimidos para formular una sentencia y dar elementos jurídicos para combatirla e incluso acudir ante otras instancias para que resuelvan en definitiva la contradicción de criterios, atendiendo a un principio básico de anteponer un argumento frente a otro, pero en este caso, en lugar de proceder de esa manera, se denuncia al contrincante penalmente. ¿Acaso este proceder anuncia la ruta que seguirá el Tribunal de Disciplina Judicial que será instaurado con la reforma al Poder Judicial? Es decir, ¿quien no se alinee a una determinada interpretación del marco jurídico será procesado penalmente?
Triple ataque al Estado de derecho: una reforma populista —que me recuerda a los tribunales del pueblo de la época de la revolución cultural maoísta—, un descrédito sin matices al Poder Judicial en su conjunto y ahora penalizar a quienes imparten justicia si no se está de acuerdo con sus sentencias, vaya escenario…
El Estado de derecho busca certeza, lo que se traduce, a decir de los juristas, en la predictibilidad de las sentencias. En otras palabras, a que como ciudadanos sepamos a qué atenernos cuando nuestro caso cae en manos de un tribunal, ya que existen no solo disposiciones normativas, sino además criterios de interpretación de las mismas que se han ido construyendo a partir de las diversas resoluciones. Predictibilidad que nos protege ante la arbitrariedad.
Eso se traduce en que ante hechos similares se aplican los mismos criterios jurídicos, con lo que se reduce la arbitrariedad; independientemente de los sujetos involucrados en un caso, la ley tiende a aplicarse por igual.
Nos encontramos ahora ante el peor de los escenarios para la construcción de certeza, ya que quienes impartirán justicia estarán más atentos a sus electores que a la aplicación de la ley y ante el riesgo de enfrentar una demanda penal si sus resoluciones no se alinean a la consideración del gobierno en turno.
Para rematar, ahora como ciudadanos tenemos el grave dilema de a quién atender y ante quién acudir; lo más probable es que recurramos, en el mejor de los casos, a las instancias informales de arbitraje o que impere la ley de la selva.