Poder Judicial ordena la liberación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos tras fallo del Tribunal Constitucional
El Poder Judicial declaró fundada el pedido del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la liberación de Nicolás Hermoza Ríos, exjefe de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Alberto Fujimori, tras aceptar parcialmente un recurso de habeas corpus. La decisión se basa en su diagnóstico de demencia senil desde 2015, considerando que mantenerlo en prisión vulnera su dignidad humana debido a su condición de salud.
La decisión del Tribuna Constitucional se dio en diciembre del año pasado, donde los magistrados concluyeron por unanimidad que se vulnera la dignidad de Hermoza Ríos, ya que, al padecer de demencia senil, el militar en retiro no es consciente del porqué está privado de su libertad. Además, tampoco sería posible su resocialización.
"El señor Nicolas de Bari Hermoza Ríos es un hombre de 90 años que enfrenta un estado de salud sumamente deteriorado y que se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario Ancón II, padeciendo de enfermedades graves tales como demencia senil" se lee en el documento judicial.
Pedido del Tribunal Constitucional sobre Nicolás de Bari Hermoza Ríos
Según la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 20 de diciembre pasado, para tomar la decisión, los magistrados se basaron en que, debido a su incapacidad procesal, varios procesos en su contra fueron archivados o paralizados, como el caso Pativilca.
Aunque se le concedió libertad anticipada, Nicolás de Bari Hermoza Ríos sigue obligado al pago de las reparaciones civiles y mantiene sus penas vigentes. Hermoza acumulaba 16 condenas por delitos graves, aunque solo cumplía la de mayor duración, de 25 años, de los cuales ya había cumplido más de 18.
"En casos como el presente, lo que se pretende finalmente en la práctica es una libertad anticipada por el grave deterioro de la salud física y mental del condenado, quien ha sido declarado con incapacidad procesal absoluta para afrontar los procesos penales que mantenía pendientes", se lee en la resolución.
Asimismo, el TC exige al Congreso y al Ejecutivo que se establezcan regulaciones legislativas para definir los supuestos y requisitos necesarios para acceder a medidas alternativas a la pena privativa de libertad en casos similares como este.