Dilatan la definición del sucesor de Barra: nombres en danza e impacto en la Procuración

Tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro el viernes último, el Gobierno busca ahora un candidato para sucederlo. Se trata de ocupar una posición por demás sensible desde el punto de vista de la estrategia judicial que la Argentina enfrenta en el plano exterior, más allá que el funcionario que tome la posta también comandará a los abogados del Estado en los litigios locales que se acumulan en la Era Milei.

Fuentes de Casa Rosada habían deslizado el nombre del exjuez Ricardo Rojas en las últimas horas como uno de los posibles candidatos. De hecho parecía el que corría con mayores posibilidades. Según fuentes de Casa Rosada, el jurista estaba citado para la tarde para reunirse con Santiago Caputo, el asesor en las sombras de Javier Milei y uno de los custodios de la vara de lealtad dentro del círculo libertario.  

La cita se concretó a media tarde pero luego todo se mantuvo en silencio mientras creció un segundo nombre entre bastidores, el del jurista Santiago Castro Videla, formado en la Universidad Austral. Especializado en Derecho Administrativo y Constitucional y con un perfil mucho más joven -nació en 1981- que el del otro competidor por el cargo.

Desde la Procuración del Tesoro todo era incertidumbre hasta hoy. Fuente del organismo indicaron a El Cronista que se mantienen a la expectativa en esta "suerte de transición" pero entienden que la persona que finalmente sea designada tomará la decisión de sostener o no a las segundas líneas e incluso a parte del equipo técnico. Por estas horas de la noche y ante la falta de definiciones, se especulaba con la posibilidad de un recambio al nivel de los subprocuradores.

La decisión que adopte finalmente la Casa Rosada va a contrarreloj con los tiempos de los procesos judiciales, en particular en el exterior, donde la Procuración del Tesoro trabaja en estrategia en conjunto con estudios de otras partes del mundo. 

"Hasta 24 horas podemos llevar la incertidumbre, porque muchos de estos procesos siguen su curso. Luego empieza a pesar la necesidad de tomar decisiones y poner la firma. Y acá hay documentos que necesitan de varias firmas", comentó a El Cronista una fuente organismo en cuestión.

Hoy, sin ir más lejos, la Corte Suprema de los EE.UU. rechaza la apelación argentina en un caso vinculado al embargo del colateral de los Bonos Brady en un litigio con los holdouts que significa un revés para el país de u$s 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza. Se trata de la segunda derrota de la Argentina luego que en octubre la Corte Suprema del Reino Unido fallara en contra del país en el caso Cupón PBI. 

En el CIADI, por caso, hay siete demandas internacionales contra la Argentina en las que la Procuración del Tesoro interviene.  

• BA Desarrollos LLC c. República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/23/32) Objeto y Monto: Reclamo de compañía constituida en Estados Unidos en relación con la escrituración de los terrenos para el desarrollo del proyecto Catalinas Norte II. El monto reclamado asciende a u$s 58.881.265, más intereses y costas. 
• Abertis Infraestructuras, S.A. c. República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/23/39). Objeto y monto: Reclamo de compañía española en relación con la alegada destrucción a partir de 2019 del régimen tarifario establecido en los acuerdos integrales de renegociación de los contratos de concesión de AUSOL y GCO y con los procedimientos judiciales de nulidad de tales acuerdos integrales. El monto reclamado asciende a u$s 299.549.633, más intereses y costas. 
• IJM Corporation Berhard c. República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/23/52). Objeto y monto: Reclamo de compañía malaya en relación con la alegada destrucción a partir de 2019 del régimen tarifario establecido en el acuerdo integral de renegociación del contrato de concesión de GCO y con el procedimiento judicial de nulidad de tal acuerdo integral. El monto reclamado asciende a u$s 47.130.000, más intereses y costas. 
• Webuild S.p.A. (anteriormente Salini Impregilo S.p.A.) c. República Argentina (Caso CIADI N° ARB/15/39). Objeto y monto: Reclamo en relación con la participación de la demandante en la concesionaria vial Puentes del Litoral S.A. respecto de las medidas de emergencia adoptadas por la República Argentina a raíz de la crisis de 2001. El monto reclamado asciende a u$s 114.800.000, más intereses y costas. 
• Nationale Nederlanden Holdinvest B.V., Nationale-Nederlanden Intertrust B.V., NN Insurance Internaciontal B.V. y Origenes AFJP S.A c. República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/19/11). Objeto y monto: Reclamo en relación con participación accionaria en Orígenes AFJP, por la eliminación del régimen de capitalización y su absorción por el régimen de reparto en el Sistema Integrado Previsional Argentino mediante la Ley N° 26.425. El monto reclamado asciende a u$s 157.000.000, más intereses y costas. 
• AES Corporation c. República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/02/17). Objeto y monto: Reclamo en relación con las participaciones de la demandante en generadoras de energía eléctrica (Central Térmica San Nicolás, Hidroeléctrica Río Juramento, Hidrotérmica San Juan, Alicurá, AES Paraná, TermoAndes, Central Dique) y compañías de distribución eléctrica (EDES, EDEN y EDELAP). En agosto de 2006 la demandante desistió de sus reclamos en relación con EDES y EDEN y en noviembre de 2011 la demandante desistió de sus reclamos en relación con EDELAP y Central Dique. El monto reclamado asciende a u$s 1.814.000.000, más intereses y costas. Estado.
• Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft c. República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/14/32). Objeto y monto: Reclamo en relación con la participación de las demandantes en ENJASA, por la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar en la Provincia de Salta de la que era titular ENJASA. El monto reclamado ascendía a u$s 51.900.000, más intereses y costas. 

Los perfiles de los posibles candidatos a la Procuración

Rojas fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993 -donde coincidió con Barra como integrante del alto tribunal- y se desempeñó como juez en lo Criminal de Buenos Aires entre 1993 y 2008 y luego una vez más desde 2011. También dio clases en universidades del país y como profesor visitante o conferenciante en diversas casas de altos estudios de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos.

Quienes dieron referencias del exmagistrado de 66 años lo hacen vinculándolo a su libro "La inflación como delito", un texto que inspiró al Presidente libertario en su idea de tipificar como delito la emisión monetaria. Más allá de ello, Rojas es autor de diversos artículos de análisis de la gestión de La Libertad Avanza durante 2024, muchos de ellos publicados en calidad de director del Centro Bruno Leoni de la Universidad Francisco Marroquín. 

En la web oficial pueden rastrearse escritos sobre temas tan diversos como la presentación del Presupuesto 2025 en el acto en el Congreso hasta los efectos de la Ley Bases. E incluso hace apenas unos días, participó de un podcast sobre derecho llamado Ius on the rocks donde se refirió al Presidente Milei. 

"Lo que hizo Milei yo no lo he visto hacer en otras partes. Bajó la inflación sin cambiar el signo monetario y sin crear una expropiación masiva de dinero como sucedió en otros momentos en la Argentina. O sea, sin violar derechos de propiedad y sin cambiar la moneda, te bajó la inflación", expresó Rojas.

Incluso se refirió al dilema entre dolarizar o no la economía: "Ya que tenés un peso que va hacia el saneamiento, todavía hay inflación, pero va bajando, y todavía no tomaste el paso de dolarizar, yo preferiría que haya competencia de monedas. Y si hay competencias de monedas, ese problema de qué pasa si sube el dólar o baja, lo resuelve el mercado".

Para Milei, y en particular el Triángulo de Hierro, de lo que se trata es de seguir blindando los círculos concéntricos con "propio", funcionarios que no vengan prestados de otras fuerzas sino que contengan un ADN libertario o sean de una confianza directa de la cúpula de LLA. Cuanto más elevado el cargo a ocupar -o reemplazar en este caso- más estricta la condición, afirman.

En paralelo a Rojas, se perfiló el nombre de Castro Videla, con un currículum más acotado pero vasto dada su corta edad en relación a Rojas y sin el rodaje de haber pertenecido al mecanismo del Poder Judicial. Así y todo gravita su lazos con el estudio del renombrado constitucionalista Alberto Bianchi.

El CV de Castro Videla indica que fue asistente de Profesores full time de Derecho Constitucional en su carácter de becario de la Universidad Austral (2000-2003. Becario del Dr. Ernesto O'Farrell (2003-2005) y profesor de Derecho Administrativo con clases en diversos cursos de posgrado de la Universidad Austral (desde 2010), como la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, la Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado, la Diplomatura en Derechos Humanos y el Programa de Agronegocios de la Universidad Austral. 

También ejerce como profesor invitado en la Maestría en Derecho Empresarial de la UADE (desde 2015); profesor ayudante diplomado en la cátedra de Derecho de la Integración, de la Universidad Austral (2006-2010) y como profesor adjunto del Claustro Docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en la Procuración del Tesoro de la Nación (2009).

Al igual que su competencia, también Castro Videla acredita una serie de publicaciones en su nombre: La delegación legislativa y el Estado Regulatorio (Ábaco, Buenos Aires, 2017) y Tratado de la regulación para el abastecimiento. Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción (Ábaco, Buenos Aires, 2015), ambos en coautoría con Santiago Maqueda Fourcade. 

Es asimismo autor o coautor de diversos artículos y notas a fallo sobre temas de Regulación Económica, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, además de notas periodísticas sobre temas de su especialidad.