Intervención asertiva de la justicia ante la inminente elección de los jueces
Jamás un reclamo ciudadano de entre los muchos que ha habido, provocado por la violencia contra la población, había sido tan contundente, tan sentido y tan legítimo como el que se produjo la semana pasada contra el antigobierno estatal de Sinaloa. La complacencia —por no acusar a nadie de complicidad sobre la efímera base de los testimonios de oídas— con que los cuerpos de seguridad se ocupan de combatir las bandas criminales, constituye, de hecho, un delito por omisión que debería ser castigado.
Paralelamente, México recibe el anticipado reclamo de su principal socio comercial, de que el contrabando de fentanilo ocasiona en contra de sus nacionales un mayor número de muertes que todas aquellas provocadas por sus enemigos en campos de batalla. Gobernadores y legisladores han insinuado, e inclusive han propuesto abiertamente, que las fuerzas militares estadounidenses lancen un ataque letal contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, como si de una guerra se tratara, toda vez que los decretos extraordinarios y la ley se los permiten al habérseles catalogado ya como organizaciones terroristas.
Los principales diarios nacionales aluden al clima de caos en que se encuentra inmerso el país, al que ya se envía una repatriación forzada de connacionales orquestada legalmente por el país con el que comparte la frontera más importante del mundo; en el que se experimenta la fabricación y comercio de drogas sintéticas cada vez más adictivas y peligrosas; en el que cada tercer día se asesina a un periodista, y todos los días desaparecen incontables mujeres y niños; y en el que el derroche gubernamental en proyectos que no conducen a nada pone en riesgo el desenvolvimiento de nuestra economía nacional.
En esa misma coyuntura, la jefa de Gobierno de la capital, la segunda gobernante más importante del país después de la presidenta de la República, afirma en su primer informe de gestión que el mejor programa social es “que la gente tenga empleo”. Palabras sabias. Solo le preguntaría a ella: ¿quién en las condiciones que atraviesa el país va a invertir dinero para generar empleo para los mexicanos?
Es esa primera premisa la que Morena debería de haber tenido en cuenta para definir qué es lo que, como gobierno en turno, con todo el supremo poder que amasa, debería de hacer para lograr la atracción de inversión productiva generadora de empleo. A pesar de que el fenómeno económico del “nearshoring” fue atractivo hasta el año pasado, un hecho que favoreció al anterior titular del Ejecutivo, y que se atrajo capital productivo que parecía interesante, la disminución de esa ola de inversión es evidente y el ánimo se desvanece ante las amenazas proferidas desde el exterior y, sobre todo, ante las torpezas impulsadas desde nuestro seno.
Ninguna de las iniciativas y acciones emprendidas por Morena ha sido más oprobiosa y negativamente efectiva que la reforma judicial. Ninguna ha ocasionado tanto descontento y tanta crítica unánime y solidaria, que la perversa idea de remover a ministros, magistrados y jueces para someterlos a procesos de elección popular.
La grave situación en la que el país se encuentra inmerso se recrudece ante la decisión que jueces, tribunales y Suprema Corte de Justicia han tomado, de suspender la intervención que el Comité de Evaluación Judicial debe tener en el proceso de selección y entrega de las listas de candidatos judiciales al INE, en los términos exactos en que la cuestionada reforma constitucional lo ordena. Las idas y venidas de demandas, atracciones, suspensiones y competencias, y el riesgo de la indefinición, pueden dejar fuera de la elección a los candidatos más idóneos para ocupar el cargo.
El temor que se comparte en esta opinión obedece al hecho de que la selección que provenga de dicho Comité será, sin lugar a dudas, aquella que contenga la identificación y nombres de las personas más capacitadas dentro de las interesadas para acceder a cargos en la labor jurisdiccional, las más aptas para realizar una labor de interpretación científica de la ley de la que depende la vida, la libertad, la seguridad o el patrimonio de los mexicanos. Son ellos los que, en el contexto de la absurda elección, realmente podrían tener la mayor preparación y credenciales para ejercer la función para la que lleguen a ser electos.
Así las cosas, no se trata de que la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma no se juzgue, y de que con ese propósito se expidan y cumplan o no las medidas de suspensión que consigna la ley, sino de dar certidumbre a todos los participantes de que la decisión que llegue a tomarse por parte de quienes se abocan a la interpretación de la Constitución será oportuna.
El artículo 94 de la Constitución confiere al Congreso y al presidente de la República, por conducto de sus representantes, la facultad expresa para solicitar a la Suprema Corte de Justicia que cualquier juicio de amparo, juicio de controversia constitucional o juicio de acción de inconstitucionalidad tenga una tramitación prioritaria cuando se justifique su urgencia, de acuerdo con el interés social y el orden público en los términos en que lo contemplen las leyes.
Con independencia de que esa facultad para solicitar la tramitación prioritaria de un juicio se ejerza o no por parte de los órganos constitucionalmente habilitados —ya que en este caso se integran colmadamente los supuestos para que ésta se vea autorizada y favorecida—, existen todas las fundamentales para que, además, el Poder Judicial de la Federación se conduzca con publicidad y transparencia tratándose de la resolución de un asunto que, como se desee apreciar, tendrá la mayor de las incidencias jamás pensadas.
México atraviesa momentos muy difíciles de su historia. Son las circunstancias las que exigen de sus servidores públicos más prestigiados, más aptos y capacitados, magistrados y ministros, la mayor eficiencia y dedicación, el mayor empeño y talento, y la más inusual sensibilidad jurídica y política que a un juzgador podría pedirse, para transmitir a los mexicanos certidumbre sobre cuál será el resultado de un proceso que, en el momento que se atraviesa, tendrá el impacto más trascendente para su futuro. Una suspensión carece del peso que tiene una sentencia, cuando se trata de detener el impacto de una reforma constitucional. Esta, sin embargo, de nada podría servir si llega fuera de término.