Los dueños de Casa Orsola denuncian "la creciente inseguridad jurídica" de los propietarios a un día del primer desahucio
A menos de un día del primer intento de desahucio en esta finca del Eixample de Barcelona, Lioness Inversiones publica una nota en la que insta a las administraciones a defender el derecho a la propiedad privada, "un pilar básico en el Estado de Derecho"
La carta de un profesor a Collboni, Illa y Sánchez justo antes de ser desahuciado de la Casa Orsola: “Sois los responsables”
La propiedad de la Casa Orsola, Lioness Inversiones, ha emitido un comunicado a pocas horas del primer intento de desahucio en esta finca modernista del barrio del Eixample de Barcelona. El texto se ha publicado después de semanas de campaña para intentar frenar la expulsión de Josep, un profesor de 49 años, que será el primer vecino que tiene fecha de desalojo de los cinco que quedan viviendo en el edificio.
La empresa, que se ha negado reiteradamente a hablar con la prensa, contesta ahora mediante una nota en la que denuncia la “creciente inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de viviendas”. Una situación, afirma, que se “agrava por la lentitud de los procesos judiciales, que facilita que los inquilinos no vulnerables se nieguen a abandonar la vivienda”.
Lioness se refiere a los diversos vecinos que quedan en la Casa Orsola. Cuando compró el edificio, en 2021, había 27 pisos habitados. De ellos, unos pocos tenían contratos indefinidos y al resto, se les vencería en pocos años.
Un año después del cambio de titularidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola están fuera de contrato, dos de los cuales con demanda para un desalojo. Pero se resisten a abandonar la finca. Uno de ellos es Josep, que sigue viviendo en su casa y paga la renta en los juzgados.
Estos vecinos están amparados por el Sindicat de Llogateres, al que Lioness Inversiones define como una plataforma que “promueve prácticas de ocupación y difamación”. La propiedad también denuncia que el Sindicat haya “forzado” negociaciones colectivas “en condiciones ajenas a la realidad del mercado” para “atrasar la restitución de la propiedad legitima”.
“Esta plataforma ha inducido a algunos inquilinos a creer que pueden mantener sus contratos sine die sin ajustes de renta, aprovechando la lentitud de la justicia”, añade la propiedad. Además, argumenta que este tipo de campañas “generan inestabilidad” y, según apunta, son las responsables de la reducción de la oferta disponible.
Con todo, Lioness Inversiones reclama más recursos para el sistema judicial para acelerar los procedimientos de desalojo y se respete el derecho a la propiedad privada, “un pilar básico en el Estado de Derecho”, según apuntan.