El PP busca vías para blindar el sueldo de los jueces tras el error en una Ley del Gobierno
El PP está estudiando vías jurídicas para blindar el sueldo de los jueces, que ha quedado parcialmente en riesgo por culpa de un error en una ley del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que se aprobó en diciembre en el Congreso y entró en vigor el 3 de enero. El Gobierno se olvidó de incluir en ella un complemento salarial de una gran parte de jueces y eso ha puesto bajo amenaza entre 2.600 y 3.500 euros mensuales para cada togado afectado. El Gobierno ha tratado de subsanarlo a través de una «corrección de errores» en el Boletín Oficial del Estado, pero, tal y como ya explicó LA RAZÓN, fuentes parlamentarias han alertado de la inseguridad jurídica que genera esa maniobra, y eso ha hecho que el PP esté estudiando vías para recurrir ante el Tribunal Constitucional y así poder blindar el sueldo del colectivo judicial.
De hecho, no solo fue un error, sino que hubo dos: en el primero, se olvidaron de incluir a una gran parte de los jueces; en el segundo, ya los incorporaron a la tabla salarial, pero sin actualizar los complementos, según reportaron fuentes judiciales consultadas por LA RAZÓN. La corrección por la puerta de atrás, a través del BOE, es una fórmula que genera inseguridad jurídica porque puede facilitar, en el futuro, que alguna instancia lo tumbe y eso podría generar un problema económico a los jueces. Para evitar esa situación, en el PP estudian cómo corregir este error de inmediato, ya que lo habitual, cuando el Gobierno se equivoca en una ley, y con Sánchez ya ha sucedido en varias –Ley del «sí es sí», Ley de paridad–, es presentar una nueva ley o introducir los cambios a través de las enmiendas correspondientes a otra iniciativa que ya esté en tramitación en las Cortes. En todo caso, sea como fuere, siempre se corrigen los errores a través de una nueva ley y no con una «corrección de errores» en el BOE.
En este sentido, tal y como explican fuentes parlamentarias, lo que ha hecho el Gobierno no es una «corrección formal poniendo una tilde a una palabra que no la llevaba», sino que ha ejecutado una «corrección material» porque ha metido por la puerta de atrás, sin contar con el voto de los parlamentarios, el complemento de un colectivo de jueces que no estaba incorporado en el texto que se votó en el Pleno del Congreso.
En el PP insisten en que no se van a quedar de brazos cruzados y ya estudian qué vías activar para solventar este problema y evitar que el sueldo de los jueces peligre. En este sentido, casi con toda seguridad, la vía más factible será la del Tribunal Constitucional, pese a que en las filas populares siempre han sido reticentes por el «control» que ejerce Sánchez a través de los magistrados «afines».
Ahora mismo está en debate si el grupo parlamentario del PP en el Congreso plantea un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dado que se puede considerar que se han vulnerado sus derechos de representación política al incluirse contenido en una ley sin ser debatida ni votada en el Pleno de la Cámara Baja. La maniobra del PP va dirigida, sobre todo, a forzar que el Gobierno corrija el error por «las vías adecuadas» para evitar la inseguridad jurídica.
También falta que se aclare qué va a hacer el Senado porque el PP tiene mayoría absoluta y ahí se pueden abrir varios caminos. En concreto, hay margen para un conflicto de atribuciones frente al Congreso y frente al Gobierno, y, también, para un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, como la «corrección de errores» es un acto administrativo, se puede plantear un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
No cabe olvidar que el Senado vetó la ley entera porque el PP la rechazaba, aunque luego el Congreso, con la mayoría de la investidura, la aprobó definitivamente. La norma, de hecho, está teniendo mucha contestación por parte de los jueces ya que incorpora una gran transformación del sistema judicial sin aportar los recursos suficientes para el colectivo. Que lleva décadas, por cierto, quejándose de la falta de medios y del problema estructural con la digitalización pendiente.