Consecuencias de la reducción de jornada: multas de 10.000 euros, ausencia de ayudas, nula flexibilidad, costes disparados y parón en el empleo
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario. Pese a que los ministerios de Trabajo y de Economía escenificaron una postura común, es evidente que las formas y los tiempos durante el proceso de aprobación, sumado a las disensiones entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo por las ayudas a las empresas y el acompañamiento que reclama el titular de Economía deja la herida todavía abierta, sobre todo por la rebelión que preparan los empresarios, que han cargado de forma generalizada contra el Gobierno. La decisión de aprobarla de forma unilateral -solo junto a los sindicatos-, de retirar las ayudas a las empresas como castigo a las patronales por no apoyarlo y la batería de multas y sanciones que deben afrontar las empresas que incumplan esta nueva norma han hecho saltar todas las alarmas.
De acuerdo con el texto del anteproyecto, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: primera, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global; y segunda, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros. Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
La patronal advierte de los graves problemas que arrastrará la ley que quieren imponer Gobierno y sindicatos por su grave afectación en productividad y competitividad. Por ello, desde CEOE han vuelto a reclamar al Gobierno "transitoriedad" para poder establecer con garantías la reducción de jornada laboral, pero la ministra de Trabajo ha sido insensible a sus peticiones.
Otro de los puntos oscuros tiene que ver con la contratación. Según defendió ayer Díaz, el "empleo se verá favorecido claramente con esta medida". Algo que los empresarios desmienten. Los hosteleros advierten que para poder suplir la jornada reducida las empresas tendrán que recurrir a la contratación a tiempo parcial, "por lo que causará un efecto indirecto indeseado en el empleo y la contratación a tiempo completo", explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales, que advierten de que "en temporada alta del sector turístico, con turno largos de hasta 12 horas al día, los contratos se tendrán que dividir y hacerlos parciales, porque de otra forma sería inviable, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores, que perderán horas trabajadas y sueldo, y para los empresarios, que tendrán que afrontar mayores costes laborales".
Desde Cepyme, recuerdan que los costes laborales de las pymes subieron un 4,2%, mientras la productividad encadena siete trimestres de reducciones interanuales, una evolución que amplifica la espiral de pérdida de productividad y la discordancia de las alzas sostenidas de costes laborales. "Las pymes necesitan un alivio de las cargas laborales, impositivas y burocráticas, así como certidumbre normativa. Sin embargo, los empresarios españoles afrontan este 2025 más subidas de cotizaciones, nuevos recargos y un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) aún no cuantificado", lamentan. Al aumento de las bases de cotización, apuntan que también se ha incrementado el porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a lo que se suma la nueva cuota de solidaridad para sufragar las pensiones, lo que presenta un escenario desfavorable para la ganancia de tamaño empresarial y de rentabilidad, necesaria para una mayor creación de empleo.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recordó ayer que creer que se va a contratar a un empleado más para cubrir la rebaja de horas es "no tener ni pajolera idea de lo que es pagar una nómina. A un incremento de gasto no se le contesta con otro gasto. La reducción de jornada tiene un coste de un 6,25% por trabajador. No lo digo yo, lo dijo la comisión de expertos que estudió la subida del SMI. Por tanto, si tiene ese incremento habrá que buscar medidas que lo compensen. Advierto que si alguien piensa que va a haber más contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador".
Las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) han rechazado en bloque esta medida y exigido "flexibilidad" para adaptar a las necesidades del campo la reducción de la jornada. "Es imprescindible una negociación específica para el campo", porque no se ha tenido en cuenta al campo para adaptar a las necesidades del campo al anteproyecto de la reducción de la jornada laboral, aprobado por el Consejo de Ministros, sin apoyo de los empresarios. "El Gobierno se ha vuelto a olvidar del campo. No podemos más", han denunciado fuentes agrarias a LA RAZÓN.
La respuesta de Yolanda Díaz ha sido retirar las ayudas que ofreció a las empresas durante la negociación con los agentes sociales, pero en el texto final aprobado ayer se han dejado fuera. Díaz había propuesto ayudas directas a la productividad en microempresas de entre uno y cinco trabajadores con hasta 6.000 euros, con las que mitigar el impacto económico que podría tener la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios de los trabajadores. Pero estas ayudas estaban vinculadas exclusivamente al sí patronal a la nueva ley, algo que no se produjo, por lo que la ministra de Trabajo ha "castigado" a los empresarios con su decaimiento.