El Defensor del Pueblo investiga el retraso de dos años del fondo público para víctimas del amianto

El Defensor del Pueblo investiga el retraso de algo más de dos años en la creación del fondo público para las víctimas del amianto, que depende de la Seguridad Social. La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han presentado su queja ante la institución que dirige Ángel Gabilondo, con el que se han reunido este jueves. Tras el encuentro, el Defensor ha expresado que “resulta imprescindible agilizar la compensación a las víctimas”.

En 2022, se aprobó por unanimidad este fondo público de compensaciones para las víctimas de esta sustancia cancerígena, tras más de una década de lucha. Sin embargo, nunca se ha creado porque falta el reglamento que defina sus detalles y que lo ponga en marcha.

El Ministerio de la Seguridad Social tenía que haberlo aprobado en enero de 2023, pero dos años después aún no lo ha hecho, para incredulidad y frustración de víctimas como la familia de Luis Mari Sukia, fallecido en 2021. “Nos han abandonado”, denuncia su viuda, Mª Carmen MenDizábal.

Urgirá a la Seguridad Social

Víctimas y sindicatos han denunciado ante el Defensor del Pueblo el “bloqueo” del reglamento y del fondo de compensaciones, sin respuestas por parte del departamento que dirige Elma Saiz desde hace meses. “Mientras tanto en estos dos años ha fallecido un gran número de compañeros sin poder acceder a unas indemnizaciones a las que legalmente tienen derecho”, ha denunciado Jon García, portavoz de FEDAVICA.

“El Defensor del Pueblo se va a dirigir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para manifestar la pertinencia, y en muchos casos la urgencia, de la puesta en marcha efectiva del fondo de compensación a las víctimas del amianto”, ha comunicado la institución tras la reunión de este jueves.

“En caso de que la respuesta no sea adecuada, se elevará al Gobierno e incluso a la Fiscalía del Estado, para que tomen las medidas necesarias”, ha afirmado Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO, sobre los pasos que tomará el Defensor del Pueblo, según les han explicado en el encuentro de esta mañana.

Esperanza en el “desbloqueo” del fondo

Víctimas y sindicatos han agradecido al Defensor del Pueblo “su interés y la rapidez” en recibirles, “porque la interlocución con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con este asunto está inexplicablemente bloqueada”, ha denunciado Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT.

“Confiamos en que (el Defensor) sea una palanca para poder tener esta legislación lo antes posible”, ha destacado también Mariano Sanz. En este sentido, las tres organizaciones han destacado la necesidad de que las víctimas del amianto tengan acceso a “un fondo que sea justo”, tanto en las indemnizacines y como en los criterios para poder recibirlas.

El último borrador que les mostró la Seguridad Social, en junio de 2023, fue rechazado por las víctimas y sindicatos mayoritarios, por considerarlas insuficientes y un agravio, comparándolas con las cuantías y reglas fiscales de otras indemnizaciones de víctimas, como las del VIH, la talidomida o el terrorismo, destacan. “Las víctimas del amianto no pueden ser víctimas de segunda”, ha insistido Patricia Ruiz.

Los portavoces de las tres organizaciones han informado al Defensor del Pueblo que en el mismo momento en el que se estaba desarrollando su reunión, se estaba celebrando en Barcelona un juicio de un extrabajador del Metro de esa ciudad, enfermo de amianto. El afectado reclama una indemnización a la empresa por falta de medidas preventivas. “Un juicio que, si el Gobierno hubiera aprobado el reglamento de la Ley 21/2022 en plazo y con unas cuantías dignas de las indemnizaciones, podría haberse evitado”, han explicado.