El Gobierno comienza una «segunda fase» en las exhumaciones del Valle de los Caídos

Hace más de un año que los trabajos en las criptas del Valle de los Caídos se detuvieron en la búsqueda de los restos de 170 familias. En un principio eran 60, pero fue creciendo el número de peticionarios que quieren exhumar a los suyos y llevarlos a enterrar allí donde deseen, aunque el origen de todo está en la sentencia que dio vía libre a los hermanos Lapeña, originarios de Calatayud. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial reconoció en mayo de 2016 el derecho de un hijo y sobrino, y de una nieta y sobrina-nieta de ambos a darles «digna sepultura».

Ese empeño y el del resto de deudos quedó paralizado por el fallo judicial que determinó –en septiembre de 2023– que la licencia concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tenía un fallo de forma, y los forenses solo pudieron entonces continuar su tarea cotejando los restos obtenidos hasta ese momento. Así, once hombres y una mujer fueron identificados y enterrados tras esas labores en Pajares de Adaja (Ávila) en agosto de 2023.

Ahora, según confirman a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Memoria Democrática, se activa «una segunda fase» de trabajos.

De momento no hay constancia oficial de una sentencia favorable a la Abogacía del Estado, que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el fallo que anuló la licencia de obras concedida por el Consistorio sanlorentino para acceder a las criptas del Valle, ni le ha sido notificado a la representación legal de la Asociación por la Reconciliciación y la Verdad Histórica, la otra parte. Pero los últimos preparativos en Cuelgamuros y el reconocimiento desde la cartera de Ángel Víctor Torres apuntan a esta nueva acometida. Además, se habría renovado el contrato de colaboración con la Universidad de Granada con una partida de 250.000 euros. Recordemos que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2024 una subvención de 1.150.000 euros para el ministerio de Víctor Torres.

En el equipo multidisciplinar hay arqueólogos, forenses, odontólogos, genetistas y Policía Científica. Del Instituto de Medicina Legal de Granada vendrá de nuevo Elisa Cabrerizo, forense y edil de Podemos, junto a otros trabajadores. Al frente de esa comisión sigue Francisco Etxeberria, uno de los mayores expertos del país –él practicó la autopsia al expresidente de Chile Salvador Allende y ha participado en exhumaciones relacionadas con conflictos en Guatemala, México, Colombia o el Sáhara–, junto con Francisco Ferrándiz y un equipo de más de 20 profesionales.

La noticia de la nueva acometida en el recinto –amenazado de ruina y con una petición de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que no llega– ha llevado la esperanza a quienes esperan novedades desde hace tiempo. Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, asegura a LA RAZÓN que «estamos muy, pero que muy cansados de esperar y no vemos el momento de que continúen con la búsqueda de nuestros familiares [en su caso su tío abuelo José Antonio Marco Viedma]. Los queremos de vuelta y decimos lo de siempre: que esto se resuelva lo antes posible y de la mejor forma posible para nosotros, que llevamos tanto esperando».

«Que al menos lo puedan ver alguno de los hijos que quedan vivos todavía», dice Navarro en referencia a Mercedes y José, hijos de Rafael Abril y José Cansado. «Siguen vivos y esperando, con 91 y 94 años, respectivamente. El hermano mayor de José falleció casi con 100 años, hace casi dos, también a la espera. Nunca se rindió».

En el caso de Ramiro y Manuel Lapeña, solo queda Purificación, nieta de Manuel. Su hija Cecilia Capapé, bisnieta a su vez de Manuel Lapeña, estuvo en mayo de 2024 en Cuelgamuros junto a otros familiares a los que invitó el Gobierno tras haberse quejado por la visita del presidente Pedro Sánchez.

Por su parte, Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), asegura que «somos respetuosos con la decisión de cada una de las familias que buscan los restos de los suyos, pero podemos afirmar que en la gran mayoría de casos no se encuentran ahí».

Linares muestra su «disgusto por las labores acometidas sin tener en cuenta a nuestras familias, lo que significa que hay caídos de una categoría y de otra». «Se les ha ninguneado y también nosotros tenemos hijos de caídos que a fecha de hoy no saben lo que se ha estado haciendo con los restos de sus familiares directos», asegura.

Lamenta además el «secretismo que ha habido, lo que nos hace pensar que las cosas se están haciendo no de la mejor manera posible para los intereses de las familias a las que representamos». Considera Linares, nieto de uno de los trabajadores –republicano y obrero libre–, que [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/comision-interministerial-valle-caidos-quiere-plenos-resultados-20n_2025020767a53ddb797cbb000143683f.html?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=lrzn_org_Fr_8_50|||«todo hubiera ido mejor con un poco de transparencia por parte del Gobierno». ]]

En una de sus últimas entrevistas, Francisco Etxeberria se mostraba «más optimista» que al principio. Hace años pensaba que la localización de restos en el Valle iba a ser «imposible», al tratarse de más de 33.000 cuerpos traídos de distintos puntos de España tras la Guerra Civil y guardados en cajas apiladas en criptas tras las ocho capillas de la basílica, algunas de ellas con cinco alturas. «Espacios que han permanecido cerrados todo este tiempo, con una humedad alta de casi el cien por cien y filtraciones».

Después de la caja 198 de los «siete de Pajares» se encontraron otras de ocho localidades más con cuerpos pendientes de identificación genética: Borja, Villanueva de Gállego, Biota, Calatayud, Munébrega, Morata de Jalón y Quinto de Ebro, todas ellas en Zaragoza; además de Espluga de Francolí, en Tarragona.

Etxeberria explicó que solo pueden buscar las cajas con restos reclamados por familiares, pero no es tarea fácil porque algunos carteles con los lugares de procedencia son prácticamente ilegibles y hay cajas con la madera «casi destruida».

Cuando localizan cajas las sacan del columbario y las llevan al laboratorio forense instalado en la propia basílica del Valle, donde hacen los primeros análisis y fotografías. A continuación, seleccionan unas muestras de material que sacan del lugar para su análisis genético a cargo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia. Esta tarea mejoró tras la puesta en marcha del banco nacional de ADN previsto en la Ley de Memoria Democrática.