Las quejas de los mutualistas de Muface, a la Fiscalía
Centenares de mutualistas de Muface llevan desde el mes de octubre enviando quejas diariamente a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas. Muchos de los motivos de las reclamaciones están relacionados con el hecho de que las compañías DKV, Adeslas y Asisa pudieran estar rechazando peticiones de asistencia sanitaria a sus asegurados.
Por ello, CSIF ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue si puede haber responsabilidades penales, tanto para las compañías como para las personas físicas que pudieran ser autoras de los hechos denunciados.En la denuncia presentada por CSIF se pone de manifiesto que «la ausencia de asistencia médica, inevitablemente, está originando problemas de salud mental y físico en las personas enfermas y sus familiares que pueden tener o haber tenido ya consecuencias irreparables en muchos casos». Esta «injustificada negativa a prestar asistencia» por parte de las tres aseguradoras «constituye un problema de salud pública por sí mismo, y además, por el gran número de personas a las que afecta. Aproximadamente a un millón y medio de funcionarios/as de la Administración Civil del Estado, Sector Educativo y de Correos, así como a los familiares beneficiarios de los mismos», subraya la demanda interpuesta.
En un comunicado difundido por el propio sindicato, se resalta que «en ningún caso una cuestión puramente económica –la no renovación del actual concierto– puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud», motivo por el cual insta a la Fiscalía a investigar posibles incumplimientos dentro del Código Penal.
La ausencia de un convenio definitivo entre Gobierno y aseguradoras para garantizar la asistencia sanitaria privada de Muface hasta 2027 ha motivado también una huelga, prevista para este jueves, a la que están convocados más de medio millón de funcionarios de todo el país de distintos ámbitos. «CSIF ha intensificado las últimas semanas la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de personas», recuerda el sindicato.
El pasado viernes, el Gobierno lanzó una nueva licitación, que cuenta con un presupuesto estimado de 4.429 millones de euros sin impuestos. Las aseguradoras tienen ahora tres semanas, hasta el 4 de marzo, para decidir si participan en esta cobertura.
Desde el sindicato más representativo de las administraciones públicas también se ha «afeado» la actitud de otras organizaciones sindicales «por el doble juego que realizan; por un lado, reclamando una solución para Muface, y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario».
Si no hay novedades, personal docente, centros de la Administración General del Estado y funcionarios de Correos (entre otros muchos profesionales) se sumarán el jueves a una multitudinaria huelga a la que, incluso, se ha sumado Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.