Las acusaciones piden hasta cuatro años de cárcel para el ultra Le Senne por romper la foto de una víctima de Franco

Los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa abierta contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación, al considerar que el dirigente ultra incurrió en un delito de odio al romper una fotografía de tres víctimas del franquismo, expuesta en la tapa del ordenador de una diputada de la Mesa de la Cámara, mientras se debatía la derogación de la Ley balear de memoria democrática. Por su parte, Le Senne solicita el archivo del procedimiento al insistir en que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

En concreto, a través de sus escritos de conclusiones provisionales, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la asociación Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de la republicana Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita 20 meses de prisión, Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel y 11 años de inhabilitación para cargo público, y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación. Tras la presentación de estos documentos, el juez previsiblemente dictará la apertura de juicio oral y enviará a Le Senne al banquillo.

Cabe recordar que, hace dos semanas, el instructor de la causa puso fin a las pesquisas y decretó que el procedimiento judicial continúe adelante mediante un auto que dejaba al dirigente de extrema derecha a las puertas del juicio al considerar que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”.

Colectivo Aurora, en representación de unos 50 ciudadanos, sostiene que el gesto de Le Senne “fue un acto objetivamente injurioso y objetivamente expresivo de un ataque a la dignidad de las mujeres asesinadas en la madrugada del 5 de enero de 1937 en tanto que demostrativo de un desprecio y ánimo de humillar”. “Causó dolor y, en cuanto que injuriadas, lesionó la dignidad de los parientes de las víctimas reproducidas en la fotografía, de las víctimas del franquismo y de los ciudadanos concernidos por los reconocimientos públicos que ha recibido Aurora Picornell”, señala en su escrito el abogado Sebastià Frau, uno de los impulsores de la querella que dio inicio a las investigaciones.

El colectivo considera que los hechos en cuestión estuvieron estuvo “motivados por la pertenencia de Picornell y sus compañeras a un grupo o sector ideológico diametralmente opuestos a las creencias ideológicas y práctica política del acusado, cuyo partido ”justifica el franquismo, banaliza los crímenes que cometió y trivializa el dolor de las víctimas“.

“Torturadas, probablemente violadas y asesinadas”

En su escrito de conclusiones provisionales, Colectivo Aurora recuerda que la fotografía rasgada por el acusado reproducía los rostros de Aurora Picornell Femenias, quien tenía 25 años cuando fue asesinada, y de las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer. Todas ellas, junto a Catalina Flaquer Pascual -madre de las hermanas Pascual- y Belarmina González Rodríguez, “fueron torturadas, probablemente violadas y asesinadas de forma atroz por un pelotón falangista y enterradas en el cementerio de Son Coletes, en Manacor”, recuerda el abogado.

Al respeto, el letrado pone de relieve dos circunstancias: la primera, que en Mallorca el golpe de estado de julio de 1936 triunfó desde el primer momento sin resistencia, por lo que el control político y militar de la situación se encontraba en manos de las nuevas autoridades franquistas; la segunda, que quien ordenó la excarcelación de la prisión de Can Sales, en Palma, donde las cinco mujeres estaban encarceladas, fue el Gobernador Civil de Balears, Mateu Torres Bestard.

Asimismo, destaca en el documento que, durante la II República, Picornell y sus compañeras fueron militantes del Partido Comunista de España (PCE) y sindicalistas que participaron ideológicamente del feminismo, del laicismo, del igualitarismo, del obrerismo y de la lucha por la justicia social.

Por su parte, el PCPE señala que la actitud de Le Senne es, “cuando menos, indiciaria de su odio frente a tan valientes mujeres y en su consecuencia al ideario que representan”. El abogado de la formación recuerda, además, que la vicepresidenta segunda de la Cámara, Mercedes Garrido -en cuyo ordenador estaba expuesta la imagen de las tres asesinadas- declaró como testigo que Le Senne “entró en cólera cuando ésta le dijo que a las activistas comunistas les habían asesinado verdugos fascistas. Fue en ese momento cuando mostró su ira rompiendo las fotografías, arrugándolas para posteriormente tirarlas al suelo, aun teniendo una papelera a sus pies”.

“Estamos ante un delito protagonizado en cuanto a la víctima por políticas comunistas y en cuanto al investigado por diputado ultraderechista”, subraya el PCPE, que, sobre el escenario en el que se produjeron los hechos, el Parlament balear, considera que se trata de un lugar “de naturaleza y vocación política”. “Luego entonces en normal que el relato fáctico y jurídico sea político, al igual que acontecería ante una investigación de un supuesto delito de carácter sexual [...]. Las acusaciones no se mueven por cuestiones políticas, entre otras cosas porque para el supuesto caso de que se inhabilitara al investigado, se nombraría -tal como éste señala- a otro compañero o compañera de su partido político y podría ser incluso más extremista, sino que nos mueve la necesidad de hacer justicia”.

La Fiscalía reclama el archivo de la causa

Cabe recordar que, por su parte, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa contra Le Senne al apuntar que, tras la práctica de la instrucción, no ha resultado acreditada “la voluntad de lesionar la dignidad de las personas representadas en la fotografía y en general de las víctimas del franquismo y la de sus familiares vivos”, como tampoco que el acto de romper y arrojar al suelo la fotografía “obedeciera a una motivación discriminatoria y excluyente”, como sí defienden los querellantes del proceso.

Sin embargo, en el auto con el que el juez acordó que la causa continúe por los trámites del procedimiento abreviado, previo a la apertura del juicio oral, el instructor subraya que “el ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las 'Rojas del Molinar' [como se conoce popularmente a las mujeres asesinadas que figuraban en la foto]”. Señala, además, que “todo ello no puede descontextualizarse del signo político del partido al que pertenece el señor Le Senne, Vox, que, como se acredita con las documentales aportadas con las diferentes querellas y denuncias, nunca condenó el régimen franquista”.

Durante la declaración que prestó el pasado 27 de septiembre en calidad de investigado, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido, la diputada socialista que exhibía el retrato en la tapa de su ordenador, se negara a retirarlo, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament. Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.